Corrupción estructural
El escrito tiende a tomar conocimiento sobre las acciones y medidas llevadas a cabo por el órgano de auditoria externa de la provincia frente a las graves denuncias por las roturas de las rutas 38, 39 y Acceso a Colonia Elía recientemente ejecutadas que indican corrupción estructural.
La semana pasada ingresaba por mesa de entradas de la Dirección Provincial de Vialidad un pedido de acceso a la información pública con el fin de establecer las distintas responsabilidades de los funcionarios de Vialidad y de las empresas que ejecutaron las obras denunciadas por su lamentable estado.
Un pedido que, según trascendió ahora, también fue presentado en el Tribunal de Cuentas de la Provincia y que tiene como objeto las rutas provinciales 38 y 39 y el acceso a la localidad de Colonia Elia las cuales están recientemente inauguradas o próximas a estarlo y que generan gran indignación y malestar de los vecinos.
En todos estos casos las miradas apuntan a varios funcionarios de la Dirección Provincial de Vialidad y los privados, hablándose de connivencia en la certificación de obras y el pago de la misma.
Una repartición que recibió 2.500 millones de pesos para realizar caminos que más allá de certificar las obras y haberlas pagado, sin ser inauguradas aun ya presentan pavimentos levantados, que se han realizado con una capa asfáltica de 3 o 4 centímetros que ya se ha levantado o sin respetar las medidas con respecto a la banquina permitiendo el ingreso del agua a la ruta (pavimento abovedado).
Caminos destrozados a muy poco tiempo de su ejecución ya presentan como consecuencia graves accidentes viales y que han obtenido las certificaciones de obras por parte de los funcionarios viales, quienes a sabiendas de las deficiencias en la ejecución, han certificado las mismas permitiendo el desembolso por parte del Estado de sumas millonarias a los privados.
Denuncias que motivaron la presentación formal ante el organismo de los caminos provinciales por parte de los senadores Lucas Larrarte y Pablo Canali, los cuales, a través de un proyecto en la cámara alta provincial solicitaron la realización de un control y auditoría de la calidad de los trabajos y materiales empleados en la Obra de pavimentación asfáltica de la Ruta Provincial Nº 38 entre San Salvador (Departamento homónimo) y Ubajay (Departamento Colón), como asimismo en el asfaltado del acceso oeste a la ciudad de General Campos (Departamento San Salvador).
“Además, plantearemos que en caso de detectarse inconsistencias técnicas de los trabajos efectuados y de los materiales empleados, en referencia a lo que estipulan el pliego de bases y condiciones y los contratos firmados con las empresas adjudicatarias, dado que es una obra pública financiada con fondos públicos, se determinen las responsabilidades contractuales a efectos de hacer los reclamos pertinentes” había sostenido Larrarte al fundar su proyecto.
El pedido de información pública presentado en el órgano de auditoria externa de la provincia apunta a tomar conocimiento sobre si el dicho organismo ha iniciado “actuaciones y/o investigaciones sumarias por parte del organismo que Ud. preside sobre los hechos graves denunciados públicamente que dan cuenta del estado deplorable en el que se encuentran las rutas provinciales 38 y 39 y el acceso a la localidad de Colonia Elia, todos ellas obras ejecutadas a través de su repartición y que han sido inauguradas recientemente o que están próximas a finalizar”.
Asimismo se supo que con el escrito ingresado por la mesa de entradas se tiende a establecer las responsabilidades de los funcionarios de vialidad que tuvieron participación activa en las obras de la ruta 38, 39 y el acceso a Colonia Elia, desde la etapa de “estudios y proyectos” a la de “construcción” de las mismas, poniendo especial énfasis en las conocidas certificaciones de obras que el organismo debe previamente controlar y verificar para otorgarlos, todas estas suscriptas por funcionarios viales y refrendadas por el jefe de ingenieros.
Con idéntico fin, el pedido de información pública también hace hincapié en dar a conocer los nombres de las empresas adjudicatarias y/o que han ejecutado las obras mencionadas que hoy, por su estado deplorable, atentan contra la seguridad vial y hay permitido fatales accidentes.
Entre los motivos del escrito formal ante el TdC, se manifiesta en primer término “el penoso y lamentable estado en el que se encuentran las obras mencionadas que recientemente se han inaugurado o están próximas a inaugurarse, agravándose dicha situación debido a que las mismas han sido financiadas con fondos públicos”.
Asimismo se hace especial mención a la constante de los últimos tiempos de los lamentables casos de corrupción con la obra pública, que indican una corrupción estructural e institucional instalada en distintas reparticiones de nuestro Gobierno, no escapando el organismo vial esta penosa realidad.