Fuertes repercusiones por la causa penal federal
En la causa el magistrado ya procesó a los ex jefes de gabinete Fernández y Capitanich, entre otros ex funcionarios nacionales, por el manejo de los fondos del programa que benefició a varios municipios entrerrianos por la suma total de casi 20 millones de pesos.
Hace unas semanas se hacía público el procesamiento de varios ex funcionarios nacionales, entre los que se encuentran los ex jefes de gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, dispuesto por el juez federal Claudio Bonadio en la causa por irregularidades en el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
La investigación penal es por presuntas irregularidades observadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en el marco de los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, entre los 2013 y 2015.
La denuncia la había realizado la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Ambiente y por el programa destinado a lograr una mejora en la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos, a través de la financiación de proyectos municipales de todo el país.
Entre los objetivos del programa constaba la panificación, elaboración y desarrollo de Planes Integrales de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, la ejecución de proyectos para la eliminación de basurales a cielo abierto, la construcción de rellenos sanitarios o la ampliación de rellenos existentes, y el montaje de plantas de separación y reciclaje de residuos sólidos urbanos y la adquisición de equipamiento complementario.
Los fondos eran girados directamente desde las arcas del tesoro nacional a los municipios beneficiarios, quienes debían llevar adelante tales medidas a favor del Medio Ambiente, a partir de un convenio y luego que la administración local presentara un proyecto ajustado a dicho programa.
Esos convenios, según señaló Bonadio en su fallo, eran aprobados por el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y luego se realizaba la transferencia de fondos.
En esos tres años se presentaron 634 solicitudes, solo 212 culminaron con las respectivas transferencias del dinero correspondiente por un total de 604.529.670,17 de pesos.
El procesamiento que dictaminó Bonadio desnudó un serio entramado con los fondos públicos y puso en la mira de la investigación a más de 200 municipios, entre los que se encuentran doce municipios entrerrianos, todos los cuales fueron beneficiarios del programa.
Entre las irregularidades detectadas, Bonadio manifiesta la carencia de un mapa crítico de las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas de gestión de residuos sólidos; el no respeto para el análisis de las presentaciones de los municipios, el orden cronológico de recepción de los proyectos; el incumplimiento de requisitos exigidos por los exigidos por el programa; las diferencias sustanciales en el tiempo de tramitación de solicitudes (algunas 2 meses hasta lograr la transferencia, otros 76 meses y aún en trámite); los informes de aprobación de los proyectos presentados, basados en cuestiones meramente administrativas, sin expedirse respecto de la factibilidad y sustentabilidad; la falta de control interno en la ejecución de los proyectos (plazo de ejecución y rendición vencidas); por último, en la ejecución de los proyectos se verificaron modificaciones e incumplimientos parciales o totales.
Irregularidades que, según el procesamiento, habría ocasionado un perjuicio al erario público nacional de más de seiscientos millones de pesos.
Entre los municipios entrerrianos que figuran en la investigación de Bonadio, se encuentran Concordia, Gualeguay, San Salvador; Puerto Curtiembre, Oro Verde, San Benito, Tabossi, María Grande, Hasenkamp, Larroque, Aldea San Antonio y Urdinarrain.
Una investigación que ya provocó fuertes repercusiones, por lo que salieron a aclarar la situación dos de los intendentes titulares de la gestión en que se habrían producido las irregularidades (periodo 2013 al 2015), Néstor Landra de Tabossi y Raúl Riganti de Larroque.
Entre los montos figuran cifras millonarias, así, Gualeguay recibió 1.300.000, Curtiembre 1.022.556, Hasenkamp 805.600, Concordia, primero 1.500.000 y luego 1.565.998, Oro Verde también dos sumas, 475.000 y luego 1.138.475, San Benito 805.600, Tabossi 1.270.300, Larroque 1.065.963, Urdinarrain 2.415.275, Maria Grande 1.901.193, San Antonio, primero recibió 1.100.000 y luego 1.109.062 y San Salvador 1.500.000.
Cifras, en algunos casos, llamativamente muy abultadas teniendo en cuenta la cantidad de población y, en consecuencia, los residuos sólidos urbanos producidos.
El primero en salir a defenderse públicamente fue el entonces y actual intendente de Tabossi, Néstor Landra, quien explicó que su comuna recibió poco más de $1.270.000.
Con ese aporte, el Municipio de Tabossi adquirió contenedores, un tractor, acoplado y chipeadora para el plan de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Dicho programa nacional benefició a unos 200 Municipios de todo el país.
“De aquel aporte nacional se rindió todo el dinero que recibimos. Únicamente, faltó rendir lo referido a folletería y publicidad, cuestión que se llevará a cabo las próximas horas”, explicó Landra.
Otro de los que se vio en la necesidad de despegarse de la causa fue el entonces intendente de Larroque y actual diputado provincial, Raúl Riganti, quien a través de las redes sociales, le echó la culpa al actual presidente municipal, Darío Benedetti.
“Habría que contarle al juez Bonadio que en LARROQUE, los fondos del proyecto al que alude fueron ejecutados por la gestión de Dario Benedetti. Así que si tiene problemas la rendición, sería la punta de las denuncias que veremos en los próximos meses. Nuestra gestión dejó los fondos para que CAMBIEMOS llevara adelante las compras y rendición”, sostuvo el diputado provincial justicialista despegándose de la causa.
Una causa donde seguramente serán requeridos sendos informes por parte de la justicia federal a los municipios entrerrianos comprendidos en las maniobras irregulares y que continuara teniendo fuertes repercusiones públicas, no solo por los nombres de los ex intendentes, sino en virtud de que la verificación de la ausencia de rendición de cuentas podría encausar una nueva investigación penal por otros delitos que complicarían a los ex presidentes municipales.