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La universidad entrerriana nuevamente en el ojo de la polémica por irregularidades y arbitrariedades
Una de las perjudicadas habría sido testigo en un juicio contra la alta casa de estudios que fue condenada por haber extraviado un expediente administrativo, ahora desde la facultad tomaron represalias.
Lejos de erigirse en protagonista por méritos y virtudes de las autoridades académicas, la Universidad Autónoma de Entre Ríos nuevamente es noticia por sus irregularidades.
En esta oportunidad los hechos denunciados estarían suscitados en la Facultad de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales.
Según la grave denuncia, una trabajadora con amplio tiempo de trayectoria en la Facultad estaría siendo objeto de una lamentable persecución laboral consistente en la remoción de la misma de su lugar de trabajo.
Una remoción que, indican en la denuncia, es atribuida a una irregular y arbitraria sanción, anticipada la misma, realizada contra la agente Gabriela Mendez y pergeñada por la secretaria administrativa, Dra. María Florencia Cottonaro y el subsecretario administrativo, Sr Lisandro Sotera, que, según manifiestan fuentes de la universidad, se ensañaron con la misma.
En mayo del 2017, desde la facultad de humanidades, donde cumple funciones la agente, se remitió al rectorado de UADER importante documentación de docentes de la universidad, la cual era parte de diferentes trámites administrativos.
Documentación sensible que fue enviada a través de una empresa de cadetería algo que se estilaba en la casa de estudios, la cual fue entregada a mesa de estradas de Rectorado, conforme surgió posteriormente de los registros de entregas de dicha empresa.
Sin embargo, la documentación, a pesar de haber llegado a destino, fue extraviada en Rectorado, hecho que le valió una demanda a la Universidad por parte de una docente que se vio perjudicada por la ausencia de los importantes documentos.
Un juicio que culminó con la condena tanto a la Universidad como a la Facultad, las cuales, ahora, indican en la denuncia, quieren tomar represalias contra la agente.
Es que, según relatan en la denuncia, dicha empleada de la universidad fue testigo en aquel proceso por el cual la justicia tuvo como responsable a la casa de estudios, atribuyéndole el resultado del juicio a las declaraciones de la agente la cual indicó que la documentación había sido enviada a Rectorado, encontrado dichas manifestaciones su espaldarazo con los registros de la cadetería.
No pasó mucho tiempo para que las autoridades de la universidad entrerriana busquen implementar su ya habitual sistema de premios y castigos a los agentes, en este último caso, cortando el hilo por lo más delgado e intentando atribuirle a una empleada con más de 20 años de antigüedad de la facultad la responsabilidad por el extravió de los documentos que ocurrió en Rectorado, quedando impunes las autoridades.
El pasado viernes, Méndez fue notificada del inicio de sumario administrativo en su contra, con el agravante de que en la misma notificación se dispuso el traslado de la misma de su lugar de trabajo, a fin de que “no entorpezca” la investigación.
Una disposición, la del inicio del sumario administrativo, cuanto menos llamativa, por no decir, irregular y arbitraria, ya que en el artículo primero, se dispone el inicio de la instrucción sumaria, lo cual, acrecientan las sospechas de persecución y represalias de los denunciantes.
Según indican los conocedores de Administrativo, una instrucción sumaria tramita cuando se requiere una investigación para comprobar hechos irregulares, pero nunca vincula a una persona como imputada ya que aún no se ha esclarecido que fue lo que realmente ocurrió.
Es decir, una vez comprobados los hechos irregulares y teniendo como ciertos quienes pueden ser los responsables, se inicia posteriormente sumario administrativo contra estos.
Mal puede una disposición administrativa iniciar una investigación para intentar esclarecer que fue lo que pasó y al mismo tiempo tener cierto nivel de certeza sobre quien es el responsable, muchos menos, como en el caso puntual, cuando en juicio se probó que la documentación salió de la facultad y llegó a rectorado.
Sospechas de persecución y represalias por parte de los denunciantes que recaen directamente contra la secretaria administrativa de la facultad, la abogada Florencia Cottonaro y el subsecretario Lisandro Sotera, como también a la decana Mg. María Gracia Benedetti.
Es más, tanto Sotera como Cottonaro son puestos en el ojo de la polémica por la repartija de cargos a amigos y parientes.
“Sotera, hizo entrar a todos sus amigos, dándole cargos, horas (cátedras), sin tener antigüedad, pasándose por encima a todos los compañeros de trabajo que tienen más de 7 u 8 años de antigüedad con horas”, relata el audio enviado a este medio indicando los nombres de las personas a las cuales el subsecretario administrativo les repartió cargos en la Facultad, agregando luego que Cottonaro le dio un cargo a su prima sin tener ningún tipo de antigüedad.
Un audio que también indica que tanto Sotera como Cottonaro, frente a denuncias de irregularidades por parte de otros empleados disponen el traslado de los mismos a otras áreas a manera de sanciones.
Un Sotera que también es protagonista de la polémica en virtud, según indican fuentes académicas, de los distintos viajes al exterior que habituales que haría sin solicitar permisos o licencias.
Una casa de estudios ya conocida por ser el agujero negro de la provincia en virtud del exponencial déficit que le representa a las arcas estatales que nuevamente es puesta en el centro de los cuestionamientos por los desmanejos de sus autoridades.
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