Como se anticipó en el Portal
La medida de la Justicia Federal se extiende hacia el edil Hernández, la funcionaria Bordeira y otras personas relacionadas al municipio entre los cuales se encuentra Celis.
La semana pasada, tras los sendos y simultáneos allanamientos realizados en el domicilio particular del intendente Sergio Varisco, del concejal Pablo Hernández, de su par Claudia Acevedo, como el de otros funcionarios y de las oficinas municipales, principalmente el despacho de presidencia. Desde ese momento se preveían varias imputaciones y distintas detenciones.
El argumento, no era otro que el resultado de aquellas medidas judiciales, las cuales habían arrojado el secuestro de celulares, computadoras, documentos, pendrives y hasta un cuaderno anotador de propiedad del intendente donde constan, según su costumbre, todas las actividades, reuniones, pagos y movimientos que realiza.
El allanamiento que fue ordenado por el juez federal Leandro Ríos en virtud de una importante causa que investiga un entramado de comercialización de drogas.
Días previos a dictar los allanamientos que sacudieron fuertemente a la sociedad paranaense que nunca en su años de historia había visto semejante operativo y despliegue de la policía federal dispuesto contra la autoridad máxima de la ciudad, existieron medidas similares donde se incautó una gran cantidad de droga, produciéndose varias detenciones y secuestros de elementos, uno de estos últimos, donde figuraban nombres y números de cuenta, fue contundente para el magistrado federal.
Entre dichos nombres aparecía el del intendente Sergio Varisco y varios funcionarios municipales, razón por la cual, para el juez resultaba primordial dictar medidas como las ordenandos.
Allanamientos contra el intendente y sus funcionarios que tuvieron el fin principal de encontrar drogas tanto en los domicilios particulares como en las oficinas gubernamentales, arribando en horas muy tempranas los funcionarios de la policía federal con barretas, amoladoras y elementos de corte para dar con la localización de denominadas caletas o escondites tanto de estupefacientes como del dinero habido de la comercialización.
Las imputaciones no se dieron en aquel momento por un motivo lógico: había que peritar todo el material secuestrado.
Entre el material que incluía las cámaras de seguridad del municipio, las cuales, según fuentes judiciales, se podía observar el ingreso y egreso a importantes oficinas municipales de personas hoy detenidas por su pertenencia a una organización criminal dedicada al narcotráfico.
Asimismo, horas posteriores a aquel nefasto 8 de mayo para la ciudad de Paraná, también se conocía que el juez federal libraba la orden de intervenir en las cuentas sueldos de propiedad del Municipio.
El motivo fue determinar la vinculación de estas con el algo o contraprestación en la comercialización de drogas.
Elementos a los cuales se sumaba una íntima y estrecha relación de una actual detenida por narcotráfico, que se ve en aquellas cámaras de seguridad mencionadas, con uno de los ediles que fueron allanados.
Todos estos, argumentos que pesaban en la convicción del juez Leandro ríos, previéndose que era inminente el dictado de nuevas medidas que incluyan la imputación del intendente Varisco, varios de sus funcionarios, como también, alguna disposición preventiva sobre la libertad individual de algunos de estos.
Es más, desde este Portal se anunció que imputaciones como las detenciones ya estaban confeccionadas y reposaban en el escritorio del despacho del magistrado federal prontas para ser firmadas por el mismo.
Finalmente, lo que era inminente se oficializó y hoy el juez Leandro Ríos imputó a Varisco, al concejal pablo Hernández, a la funcionaria municipal y policial, Griselda Bordeira y varias personas más.
La imputación de Varisco y sus funcionarios, se conocía el pasado martes, era en virtud de una nueva causa de estupefacientes, es decir, no en aquella que se denominó “Papa Noel” y que ya cuenta con 22 procesados, inclusive Daniel “Tavi” Celis, sindicado como líder de la organización criminal.
Una causa federal, la actual, que también incluye como imputado a Celis, quien ya se determinó que seguía operando y dirigiendo la banda desde la unidad penal de Paraná, y alcanza a Luciana Ernestina Lemos, Eduardo Humberto Celis, Nahuel Jonatan Eduardo Celis, Wilber Figueroa Lagos, Juan Manuel Gómez, Jonathan Jesús Heintz, Ernesto Ramón González y Alan Nicolás Viola.
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