Para algunos “la gente es ignorante”
La llamativa sociedad letrada entre el “paladín de la lucha contra la corrupción” y el defensor de los funcionarios acusados frente a un hecho que salió de la justicia y se instaló en cada hogar, comercio e institución paranaense.
Este lunes 28 de mayo a las 12 horas se llevará a cabo la audiencia ante la Cámara Federal de Apelaciones por la recusación planteada por la defensa del intendente Sergio Varisco al juez Leandro Ríos.
Una audiencia donde se escucharán los argumentos a favor del apartamiento del magistrado por parte de los abogados Rubén Pagliotto y Miguel Cullen como también los fundamentos a favor de su continuidad que expondrá Ríos.
Luego de la misma, la Cámara, según estipula el Código Procesal Penal de la Nación en el artículo 61, tendrá 48 horas para definir la suerte de la conducción de la gravísima causa por comercialización de droga que pesa contra Varisco y sus funcionarios municipales.
Una recusación que, más allá de que en principio fue negada, fue anticipada como estrategia defensiva por parte del intendente y su cuerpo de abogados en una causa penal que salió de la justicia y se instaló en cada hogar, comercio e institución paranaense.
Una estrategia de la defensa que, en virtud de lo que se desprendía de las manifestaciones de Varisco, sorprendió muchísimo en el ámbito judicial, trasladándose a lo político como también a la opinión pública.
Por un lado, toda la ciudadanía tuvo la oportunidad de oír de boca de Varisco sobre las virtudes del juez federal y de la justicia, se lo escuchó enaltecer la independencia del poder judicial sobre el poder político, sobre su conformidad en un todo con el accionar de Ríos, a quien dijo no conocer salvo de la audiencia como testigo de la megacausa que ya tiene más de 20 personas procesadas y prontas a ser enjuiciadas, entre las que se encuentra el reconocido líder de la organización criminal dedicada al narcotráfico, Daniel “Tavi” Celis.
Asimismo, fue de boca del propio intendente que se escuchó que estaba muy tranquilo a pesar de no conocer de qué se lo acusaba y que el martes se sentaría a declarar ante el magistrado federal porque no tenía nada que ocultar, es más, calificó de necesario hacerlo en virtud de poder esgrimir las respectivas aclaraciones del caso.
Sin embargo, ninguna de las acciones mencionadas por el intendente a realizar, fueron llevadas a cabo, existiendo asimismo una inconsistencia notable entre sus postulados respecto a su propia conceptualización de la justicia federal.
En idéntico sentido, y leyéndose como un argumento a favor de la estrategia de Varisco en la causa, salió a hablar el senador del departamento Paraná, Raymundo Kisser.
“No puedo ignorar que un medio se ha hecho eco de esta situación, pero sería lamentable que una causa de esta naturaleza quede empañada por un descuido que podría haber ocurrido», dijo el senador ante la prensa la semana pasada.
Agregando «Si sé cómo abogado que el Código de Procedimiento Penal de la Nación es claro. ‘Quien hubiera sido querellante o hubiera actuado contra algún imputado queda inhibido para intervenir’ en esto lo tengo claro, no soy penalista pero algo de derecho creo conocer. Entonces sería lamentable que hubiera ocurrido esta situación».
Expresiones de Kisser que fueron interpretadas en post al apartamiento del magistrado federal.
A los pocos días, luego de la gran repercusión que incluyo importantes medios nacionales haciéndose eco de la estrategia, era el mismo juez federal el que salía a aclararle no solo a Varisco y sus abogados sino también a la opinión pública que no existía ninguna causal objetiva ni subjetiva que determine la ausencia de imparcialidad.
Sin embargo, los abogados defensores, con otra interpretación, a las pocas horas del conocerse el escrito firmado por el juez federal, formalizaban la solicitud de apartamiento, logrando algo que desnudaba el trasfondo de la estrategia: no solo paralizar la causa sino también evitar que el intendente adquiera la calidad de imputado, sino también la del resto de los funcionarios llamados a indagatoria y del resto de las personas vinculadas a una red narco, inclusive la del propio Celis.
Una estrategia defensiva que fue utilizada, indudablemente, a conciencia y con el solo fin de retrasar lo que era inminente: varias detenciones luego de las declaraciones.
Detenciones preventivas que, se especulaba, mas allá de que estuvieran comprendidas entre las previsiones legales, seguramente provocarían varios quiebres, lo que llevaría a una consecuente mayor contundencia probatoria para una futura resolución de elevación a juicio.
Especulaciones que fueron perdiendo peso luego de conocerse las designaciones de los letrados propuestos como defensores de los distintos implicados en la causa.
Varios de ellos, la gran mayoría, con vinculaciones comerciales y profesionales estrechas, es más, son miembros del mismo estudio jurídico, no sorprendiendo en nada que los imputados tengan constituido el mismo domicilio procesal.
Hoy, más allá de lo que decida la Cámara Federal de Apelaciones, con los lazos que unen al plantel de abogados defensores, a nadie se le puede llegar a ocurrir que alguno de los implicados perjudicará con su declaración al resto, mucho menos al intendente.
Quizá, de los datos que han podido trascender de la causa, la pieza clave sea la persona de Luciana Lemos.
A la ex mujer de Celis, vinculada asimismo íntimamente a uno de los funcionaros municipales implicados, se le secuestró el anotador donde aparecen los nombres de los imputados Varisco, Bordeira y Hernández como también del concejal Gainza cual si fueran, los mismos, resultados de ecuaciones matemáticas.
Asimismo, Lemos aparece en los registros fílmicos de las cámaras de seguridad del municipio, como también en escuchas y operativos de inteligencia pactando encuentros con los funcionarios municipales, es más hasta se la ve llevándose dinero de la Municipalidad luego de salir de una importante oficina.
A Lemos también se le incautó recientemente 3 kilos de cocaína en su domicilio en el barrio Antártida Argentina de Paraná, droga que luego de ser analizada coincidía altísimamente con la secuestrada luego en mega operativo de la policía de Entre Ríos en Nogoyá.
Con los defensores designados se supo que a Lemos la asisten los Dres. Guillermo Vartorelli y Andrés Bacigaluppo, ambos miembros del estudio jurídico de uno de los abogados de Varisco, el Dr. Miguel Cullen. Un estudio jurídico renombrado y requerido por sus exitosos resultados en el fuero penal.
No es nada casual, frente a este escenario, que la estrategia de apartamiento del juez Ríos haya beneficiado a todos los imputados, incluido a Celis que, si bien no se conoce aún a quien designó como abogado defensor, ya se especula que su apellido cerrará el círculo de las estrechas vinculaciones que existe entre los letrados.
En esa línea, algo que llama la atención de la gente que no es ignorante aunque algunos así lo consideren cuando mencionan que “se olvidan rápidamente”, como dijo el senador Kisser en una entrevista, es que todos los denunciados por Pagliotto por hechos de corrupción, luego son defendidos por Cullen, mostrando hoy una sociedad profesional en defensa de Varisco.
A la gente no se le escapa que el Dr. Pagliotto no solo ha suscripto más de una denuncia por hechos de corrupción contra ex funcionarios provinciales, sino que actúa como querellante en estas causas por él iniciadas, presentando pruebas y mostrándose en la prensa y ante la opinión pública como un «paladín de la la lucha contra la corrupción».
Causas, la generalidad, donde aparece el Dr. Cullen como abogado defensor de estos funcionarios acusados.
Sin embargo, en lo que al intendente respecta, en las causas penales que lo han tenido como imputado, puntualmente dos, la de peculado y negociaciones incompatible que tramitan ante la fiscalía de la Dra. Patricia Yedro y esta causa ante el juez federal Ríos, el abogado olvida su lucha contra la corrupción y se pone del otro lado del mostrador.
Un cuestionamiento que sin lugar a dudas no se escuchará en el ámbito de la profesión liberal, siendo a lo mejor hasta habitual, correcto e irreprochable su accionar laboral, sin embargo, en la opinión pública, con el filtro mucho más fino y con una conceptualización desde otra perspectiva, no se ve con buen acierto este tipo de conductas tildadas de «ausentes de criterio».
Para la opinión pública es más simple, o se combate la corrupción o se la defiende, un criterio maniqueista si se quiere y hasta cuestionable, pero que existe y no se puede desconocer.
Una sociedad entre un habitual acusador o denunciante de la corrupción y un defensor de funcionarios públicos imputados por hechos de corrupción, creada en defensa de Varisco que indudablemente habla a las claras de la complicada y grave situación procesal que enfrenta el intendente en la causa federal.
Más allá de esto, lo cierto es que este lunes a las 12 horas, la Cámara definirá la suerte del procedimiento penal, perfilándose que los miembros de la misma se inclinen a favor de la continuidad de Ríos.
Entre los argumentos se especula que pesará, primero, las propias declaraciones del intendente Varisco, quien no solo nunca se mostró en contra con la actuación del magistrado, todo lo contrario habló de sus bondades.
En este sentido, se especula que también se mencionara la causa federal que tiene como principal procesado a Celis donde el intendente si bien finalmente fue llamado como testigo en el fallo de procesamiento se mencionan sus vínculos con el jefe de la banda, no planteando Varisco en esta oportunidad, a pesar de las graves acusaciones, ninguna recusación.
Asimismo, se cree que la resolución de la Cámara contendrá expresas referencias al tiempo transcurrido entre la actuación de Ríos como querellante en el homicidio culposo de la entonces concejal Mercedes Lescano y la causa que lo tiene como juez federal.
Existe un dato de sumo interés que seguramente estará contenido en aquella resolución el cual proviene del hecho de que, para acceder a la suspensión del juicio a prueba (Código Penal Art.76 bis), Varisco tuvo que hacerse cargo del daño causado, es decir, no solo tuvo que acordar con la parte que representó a la familia de la víctima, es decir, el querellante Ríos, sino que también este no debió ponerse al beneficio que otorgado en aquella oportunidad al actual intendente.
Frente a dicha actuación del querellante, mal podría pensarse que el ahora juez Ríos perjudicó la situación procesal de Varisco en aquel proceso, no encontrándose ningún elemento en dicha causa que aporte al mentado argumento de la defensa de animosidad en contra del actual intendente, sino todo lo contrario ya que cuando pudo oponerse a que la causa se eleve a juicio, Ríos optó por conformarse con la probation.
El tiempo insumido en el conocimiento de la causa, en la investigación preliminar que ya lleva varios meses realizada por el juez Ríos, la imposibilidad de que un nuevo juez incorpore en un muy breve lapso la infinidad de datos aportados en la causa y como se conectan concomitantemente los mismos, si bien en menor medida, también podría ser otro de los argumentos.
No hay que olvidarse que de acoger la pretensión de la defensa del Intendente y, en consecuencia, apartar a Ríos de la causa, quien asumiría en la conducción del proceso penal por el tráfico de drogas será el juez con competencia civil y comercial Daniel Alonso.
Sin dudas un magistrado con prestigio en cuestiones civiles y comerciales, que seguramente tenga un conocimiento acabado de todas las materias que conforman las ciencias jurídicas, al menos este es uno de los requisitos para acceder a la magistratura.
Sin embargo, la especificidad de la materia penal, la complejidad de esta causa sobre comercialización de estupefacientes, el entramado que surge de las relaciones entre sus protagonistas y la gravedad institucionalidad que implica que varios de los sospechados sean funcionarios públicos, generaría, al menos en la opinión pública, una gran confusión que disparará cualquier tipo de especulaciones de operaciones alrededor de caso.
Especulaciones que indicarían beneficios al favor del intendente y sus funcionarios para que la causa no avance o se dé marcha atrás, como también en contra ya que podría verse afectada la garantía del debido proceso en virtud de la competencia del juez.
Más allá de que la expresión “comercialización de estupefacientes” pudiera indicar que se trata de un acto de comercio previsto en el código civil y comercial, lo cierto es que es un delito tan específico que está estipulado en una ley penal aparte del Código que nuclea los delitos.
Y así como a nadie se le ocurriría ir al otorrino por una complicación en el hígado, tampoco se espera, al menos es el comentario en los ámbitos judiciales y políticos, que quien conduzca esta compleja causa federal sea un juez con esta competencia.
Hoy, la sociedad paranaense, el arco político, tanto opositor como del mismo sector del intendente de la capital entrerriana, espera lo mismo, que se dilucide, que se esclarezca, que se determine si actuaron o no, y en el primer caso cuales fueron los roles de los funcionarios municipales como partes de una red delictiva dedicada a comercializar estupefacientes, como también, si utilizaron la institución municipal para perpetrar dicho tráfico.
Preguntas que, si bien con el grado de certeza del momento procesal en que se encuentra la causa, de alguna u otra manera tiene medianamente respondidas quien hace más de dos años investiga a esta organización criminal, es decir, el juez Ríos, y que han motivado las declaraciones indagatorias que la semana pasada el magistrado pretendió escuchar aunque sin éxito en virtud de la estrategia defensiva de Varisco.
Un Varisco que con la táctica, por lo que se especula, solo ha ganado un poco de tiempo, previéndose, no solamente que continúe el mismo juez en el entendimiento de la causa federal, sino que éste inmediatamente reanudará la actividad judicial, sentando en el banquillo sin más preámbulos al intendente, los funcionarios y al resto de los involucrados, quienes, primero adquirirán formalmente la calidad de imputados y. segundo, por las fuertes versiones judiciales, se les aplicará con rigor el peso de la ley, previéndose más detenciones que las pensadas.
Un juez federal que, de pasar el filtro de la recusación planteada por Varisco, como se cree, seguramente no tendrá más benevolencia ni ninguna consideración respecto de ninguno de los imputados, más cuando intentaron sacarlo del juego.
Una causa que salió de la justicia y se instaló en cada hogar, comercio e institución paranaense y que hoy es comentada por la sociedad en su conjunto por la gravedad institucional que la misma lleva inmersa.