Troles contratados en la secretaria privada de Varisco para agredir al juez y a los periodistas en las redes sociales
El concejal del PRO, Emanuel Gainza también comprometido, deberá explicar por qué su nombre figura en la libreta como adquirente de una importante cantidad de estupefacientes de la narcotraficante Lemos.
Hasta hoy, la vinculación del concejal de Paraná de la bancada de Cambiemos, Emanuel Gainza, no dejaba de ser por rumores y comentarios provenientes de fuentes extrajudiciales las cuales indicaban sobre una supuesta adquisición por parte del edil con fines de comercialización.
Su nombre comenzó a circular en el ámbito de la justicia federal en virtud de la libreta que le secuestraron a la ex pareja de Daniel Celis y funcionaria del municipio, Luciana Lemos, donde el apellido del edil figura luego del signo igual y una multiplicación “1 x 150” que culmina con la leyenda “pagado”.
Una anotación que figura como prueba instrumental en la causa, y que al salir a la luz, obligó al edil a tratar de despegarse.
“No tengo ningún tipo de vínculo, el nombre que apareció es muy similar al mío”, dijo Gainza a este Portal.
Sin embargo, como se ve en la imagen de la copia de la hoja del anotador de Lemos que figura en el expediente, se arriba a otra conclusión.
Un Gainza que ahora si forma parte formalmente de la causa, resolviendo hoy el juez federal que había merito suficiente para llamarlo en calidad de testigo.
Un llamamiento que provocó sorpresa en varios sectores judiciales en virtud de que el magistrado consideró fundamental aquel anotador para vincular a Varisco, Bordeira, Hernández y no así para Gainza.
Más allá de esto, lo cierto es que ahora el edil, paladar negro del PRO, deberá dar explicaciones ante la justicia sobre porque su nombre figura en la lista de Lemos, como también de donde conoce, las circunstancias de su vinculación con la misma, como también porque su teléfono figura reiteradas veces en el historia de llamadas de la ex pareja de Celis.
Con la citación del edil se abre el abanico para la dirigencia netamente del PRO, hasta ahora sin ninguna vinculación en la causa.
Un edil que cuenta con una fuerte estructura en el ejecutivo a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, siendo su titular Estela Pilar Boeykens una de las más cercanas al concejal.
Un registro de llamadas donde aparecen importantes funcionarios del municipio o personas muy ligadas a los mismos, caso del titular del centro integrador de servicios ciudadanos, Roberto Sabbioni.
Circunstancia que aparece corroborada en la causa y que consta en la resolución del procesamiento dispuesta por el juez Ríos puntualmente a la página 97 Del mismo cuando en virtud de una comunicación desde la unidad penal de Paraná entre el propio Celis y un muy cercano a Sabbioni.
Pero, sin dudas, lo que más llamó la atención de las casi 300 fojas del procesamiento fue la disposición de mantener la excarcelación para el intendente Varisco.
“Así, en el caso de Sergio Fausto Varisco si bien por su condición de Intendente municipal se genera un riesgo cierto de que pueda influir en los testigos del proceso y de que pueda destruir prueba relevante en relación al delito de peculado, dicho riesgo procesal debe conjugarse con el «arraigo institucional» que posee por esa misma condición de Presidente Municipal, a lo cual debe aditarse que se trata de un cargo unipersonal cuya privación de libertad podría generar una crisis institucional en los servicios de la ciudad. Asimismo, debe valorarse que se trata de una persona con 57 años de edad, con bienes inmuebles en la ciudad de Paraná y Buenos Aires, con un sueldo mensual de $36.000 conforme el informe de vida y costumbres del mismo, todo lo cual debe ser estimado con la posibilidad de imponer otras medidas alternativas por las que se puede gestionar el interés material y procesal de manera menos gravosa, correspondiendo mantener su excarcelación, pero bajo una caución real de $1.000.000 (pesos un millón) y debiendo informar en caso de cambiar su domicilio; prometer formalmente presentarse o comparecer toda vez que sea llamado por el Juez o Tribunal que entienda en la causa; concurrir a este Juzgado Federal N°1 una vez por semana, los días viernes, en el horario comprendido la hora 7 y 13, ocasión en la que habrá de dejarse constancia de ello y cada vez que le sea requerida su presencia y con prohibición de salir del país. Ante un supuesto de incomparecencia sin causa debidamente justificada, como asimismo en caso de quebrantar alguna de las reglas impuestas para el otorgamiento de la libertad, se ordenará la inmediata detención y se hará ejecutiva la caución», reza la resolución del juez Ríos a foja 285.
Una decisión que, según precisaron fuentes judiciales, choca plenamente con las disposiciones del código procesal penal de la nación.
Aquellas precisaron que el artículo 312 del CPPN es claro al respecto al manifestar “El juez ordenará la prisión preventiva del imputado al dictar el auto de procesamiento, salvo que confirmare en su caso la libertad provisional que antes se le hubiere concedido cuando: 1°) Al delito o al concurso de delitos que se le atribuye corresponda pena privativa de la libertad y el juez estime, prima facie, que no procederá condena de ejecución condicional. 2°) Aunque corresponda pena privativa de libertad que permita la condena de ejecución condicional, si no procede conceder la libertad provisoria, según lo dispuesto en el artículo 319”.
Un artículo que no deja dudas, el magistrado no tenía otra posibilidad legal que decretar la prisión preventiva de Varisco en virtud de que la pena de uno de los delitos que se le imputa (financiar actividades de comercialización de estupefacientes) es de prisión de 8 a 20 años, es decir, en caso de condena no procederá en ningún caso la condena condicional que está previsto para delitos con una pena notablemente inferior.
Un magistrado que hoy ya nadie duda tomó la decisión de procesar a Varisco y el resto de los imputados luego de recibirles las declaraciones indagatoria a pesar del monologo del intendente y su defensa con su ampliación en lo que fue un intento fallido de dilatar el procedimiento penal.
Un magistrado para el cual está comprobado que Varisco es el jefe de una banda que financió al narcotráfico que comercializaba en la ciudad y sus aledañas pero que, so pretexto de “una crisis institucional en Paraná” lo deja libre, como si la crisis en la institución municipal no se profundizará con un intendente procesado uno de los delitos federales más graves existentes en la normativa penal.
Una investidura que no le alcanzó para obtener la libertad al edil Hernández y a la funcionaria Bordeira, ambos con un manifiesto “arraigo institucional” como el percibido por el juez al intendente.
Un Varisco que, a través de una resolución benevolente impensada, al otorgársele la libertad, se le permite continuar con el manejo y la administración de los fondos públicos que el magistrado considera que malversó para financiar el narcotráfico.
Una circunstancia que pone en evidencia el comentario que hoy se escucha en la calle a manera de tips “para ser el líder de la banda que financia la comercialización de droga y no ir preso se requiere ser intendente de Paraná”.
Una resolución judicial, al del procesamiento sin prisión preventiva para Varisco, que no tiene precedente en el país en materia de narcotráfico.
Un Varisco que en las próximas horas deberá depositar la suma de un millón de pesos sino quiere ser trasladado a la unidad penal de la capital entrerriana.
Y no solo eso, al cual se lo embargó hasta cubrir la suma de 300 mil pesos, no teniendo hoy la libre disposición de sus bienes, condición que conmueve el artículo 72 de la ley orgánica de municipios.
Un escenario muy complejo tanto en lo judicial como en lo institucional para Varisco que ha generado muchísima preocupación en varias esferas del Municipio, sintiéndose muy fuerte en la secretaria privada del intendente.
Un área donde son muchas las personas contratadas, hablándose de suculentos contratos, que se encuentran en poder del juez federal y que seguramente serán investigados, de ahí la manifiesta intranquilidad y nerviosismo que denotaron en las últimas horas con distintas embestidas tanto al juez federal como al periodismo a través de las redes sociales.
Una función que cumple la asesora de presidencia municipal e hija del intendente, Lucia Varisco, quien se ha constituido en la encargada de dirigir la comunicación de las redes de las distintas actividades que realiza su padre, como también, a manera de defensa, contestar o replicar los distintos cuestionamientos que los ciudadanos le realizan a su padre a través de un grupo de personas contratados únicamente para eso, mas allá de que en los papeles figuren otros servicios a prestar.
Especies de “troles” con que se destacan por su constante embestidas ante cualquier publicación que critique al intendente, fundamentalmente cuando se trata de la causa del narcotráfico que lo tiene hoy procesado, personas que se encuentran identificadas y contratadas en el despacho del ejecutivo municipal.
Caso de Héctor Toso, Tamara Franco, María Rosa Bello, Stefania Cagnani, entre otros, que llevan a cabo una tarea lamentable y que preocupa sobre manera ya que en su mayoría se trata de jóvenes que se exponen sin ningún tipo de tapujos en las redes sociales defendiendo una de las más graves de las actividades ilícitas como lo es el narcotráfico.
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El juez Ríos tiene la decisión tomada y no la cambiará, a pesar del monólogo de Varisco