«Es suficiente»
Crece el rechazo a que las empresas involucradas en los cuadernos sigan participando en obra pública, «no es necesaria una sentencia firme, porque hay declaraciones de los máximos ejecutivos bajo juramento que admiten haber pagado sobornos» expresó un economista.
El escándalo por el pago de sobornos en las licitaciones de obra pública aún extiende sus alcances a la actualidad, aunque la investigación se haya enfocado en las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner: varias empresas son hoy contratistas del Estado o aspiran a participar de los proyectos de Participación Público-Privada (PPP).
En estas horas, crece el rechazo a que las empresas de la «patria contratista» vinculadas al pago de retornos a funcionarios para hacer negocios con el Estado continúen en la carrera por adjudicarse licitaciones para millonarios proyectos de infraestructura en Argentina.
El economista Guillermo Nielsen fue enfático en remarcar que «las empresas cuyos CEO o dueños admitieron el pago de coimas no pueden participar de los procesos de licitación de obra pública. Y ya a partir de este momento, no es necesaria una sentencia firme, porque hay declaraciones de los máximos ejecutivos bajo juramento que admiten haber pagado sobornos. Es suficiente».
Nombres prominentes del empresariado argentino decidieron incorporarse al listado de «colaboradores» en la causa de los cuadernos, entre ellos, Carlos Wagner (ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción y titular de ESUCO), Angelo Calcaterra (ex titular de IECSA), Luis Betnaza (director corporativo de Techint), Armando Loson (Grupo Albanesi), Juan Chediak (también ex titular de la Cámara de la Construcción), Aldo Roggio (que por el escándalo renunció a la presidencia de sus dos empresas constructoras), Héctor Zabaleta (ex director de Administración de Techint), Javier Sánchez Caballero (ex gerente de IECSA), Jorge Guillermo Neira (gerente de Electroingeniería), Juan Carlos de Goycoechea (Isolux Argentina), Claudio Glazman (Sociedad Latinoamericana de Inversiones) y Gabriel Romero (Grupo EMEPA).
El propio Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, respaldó la declaración de su subordinado Betnaza, cuando en el congreso de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) la semana pasada reconoció pagos en Venezuela para destrabar el resarcimiento por la nacionalización de la siderúrgica Sidor.
Fuente: Infobae – El Portal de Ricardo David