La nueva medida judicial contra el intendente
Se sospecha que las amenazas proferidas contra el magistrado federal habrían sido realizadas desde un celular de la flota de la Presidencia Municipal.
En la mañana de este viernes, este Portal dio a conocer que personal de la Policía Federal Argentina se apersonó en el Palacio Municipal, puntualmente en el despacho del intendente, para proceder al secuestro del nuevo teléfono celular de Varisco, medida ordenada por el magistrado que se extendió también con respecto a los teléfonos de su hija y miembros de su círculo cercano.
Cronistas de este medio pudieron constatar la presencia de la camioneta de la policía federal aparcada en el estacionamiento del Palacio Municipal.
Si bien no tenía identificación visible de la fuerza, la camioneta negra marca Ford en su interior contaba con las balizas propias de la Policía Federal, siendo utilizada habitualmente en los operativos conocidos como “encubiertos”.
Si bien inicialmente las fuertes versiones indicaban datos de interés con respecto a la gravísima causa penal en la que el intendente está procesado por haber adquirido droga con fines de comercialización, financiar la banda narco que lidera Celis y de haber utilizados fondos público en aquel financiamiento, los trascendidos sufrieron un giro inesperado.
Según trascendió ahora, el secuestros de los celulares de intendente y sus cercanos, se habría ordenado en el marco de una nueva causa penal que se abrió recientemente por supuestas amenazas muy graves que habría recibido el magistrado federal Leandro Ríos.
Según se supo hace un poco más de 10 días, el juez Ríos habría recibido amenazas de muerte desde un teléfono celular que lógicamente no tenía identificación de abonado.
Sin embargo, de la investigación iniciada contra este grave hecho las pistas seguidas habrían llegado hasta la Presidencia Municipal, sospechándose que el mansaje amenazador fue enviado por Varisco o alguien de su entorno.
Dichas sospechas determinaron a ordenar allanamientos y el posterior secuestro de los celulares del intendente, su hija y sus cercanos, vale decir, teléfonos que forman parte de la flota del despacho de la intendencia.
Una nueva causa penal por un hecho gravísimo como lo es la amenaza de muerte a un juez federal que conlleva la pena máxima de 10 años de prisión y que involucra seriamente al intendente y, en consecuencia, complica aún más su situación judicial.