Cómo consecuencia de los nuevos allanamientos y el secuestro de teléfonos
De arrojar resultados positivos las periciales sobre los celulares del intendente y su hija, se ordenaría el inmediato traslado del mandatario municipal a la unidad penal.
En la jornada de esta mañana, cómo primicia exclusiva, desde este Portal se daba a conocer sobre nuevas medidas judiciales dispuesta por la Justicia Federal contra el intendente de Paraná, Sergio Varisco.
Un allanamiento realizado en el despacho del intendente en búsqueda de teléfonos celulares fue el motivo de la presencia del personal de la policía Federal nuevamente en el Palacio Municipal, según pudieron constatar cronistas de este Portal, único medio en el lugar.
En las imágenes tomadas por este medio en el estacionamiento del palacio se pudo establecer la presencia de una camioneta Marca Ford modelo Ranger perteneciente a la Policía Federal.
Luego de una importante requisa, la medida judicial tuvo resultados positivos, secuestrándosele el celular al intendente y a su hija, Lucía Varisco.
Si bien en un principio todo apuntaba que los allanamientos y el posterior secuestro se otorgaron con motivo de la causa del narcotrafico, posteriormente se conocio a menra de primicia en este Portal, de una nueva causa penal que inició recientemente en virtud de amenazas que recibió el juez federal Leandro Ríos que investiga al intendente, a funcionarios municipales y al líder de la banda narcocriminal Daniel “Tavi”Celis y sus allegados.
En agosto el magistrado federal recibió amenazas telefónicas indicándole que si continuaba con la causa iban a colocar explosivos en los lugares que frecuenta.
Teléfono de dónde salieron las graves amenazas que pertenecería a la flota de celulares perteneciente al despacho de presidencia municipal, el cual no fue hallado en el allanamiento de la jornada de hoy.
Asimismo se supo que minutos previos mensaje amenazador, desde el mismo dispositivo se habían realizado dos llamadas, una dirigida a la hija del intendente y asesora en presidencia y a continuación al propio Varisco.
Ambos hechos fueron el argumento principal del juez federal Daniel Alonso, que lleva esta nueva causa por amenazas a su colega, para ordenar las pesquisas contra el intendente.
Medidas que, también, implicarán las correspondientes periciales en los teléfonos móviles de Sergio Varisco y Lucía Varisco.
Periciales que, de llegar a resultados que vinculen a Varisco, a su hija o a sus cercanos, comprometerán, aún más, al intendente, no solo en esta nueva y reciente investigación, previendo graves consecuencias en la causa del narcotrafico que lo tiene procesado.
Un procesamiento que si bien no implicó la prisión preventiva para Varisco como sí ocurrió con el edil Pablo Hernández y la funcionaria Griselda Bordeira, le valió de una serie de medidas restrictivas hacia su libertad ambulatoria debiendo firmar en sede judicial todos los viernes, avisar si sale de la provincia y la prohibición de salir del país.
Entre aquellas consecuencias, se estima, que determinándose que el intendente o sus allegados están vinculados con las amenazas gravísimas proferidas contra el juez federal, Varisco podría ser privado de su libertad ordenándose el inmediato alojamiento en la Unidad Penal, medida que se evalúa aplicar contra el mandatario municipal.
El argumento principal de la máxima medida restrictiva prevista en el código procesal no sería otro que el intento de obstaculizar o, en el caso, intentar paralizar la investigación en su contra a través de coacciones hacia el magistrado.
Un delito agravado en virtud de que quien las recepcionó es ni más ni menos que un integrante del Poder Judicial, ilícito que conlleva la pena máxima de 10 años de prisión.
