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Esta designación dejó al descubierto las diferencias de algunos sectores del justicialismo pero quién salió públicamente a cuestionarlo fue el senador Santiago Gaitán, que calificó al abogado como “el personero de Montiel” y lo acusó de haberse “enriquecido promoviendo juicios contra el Estado”, aunque nunca llegó a plantearlo por escrito y presentarlo como una impugnación ante el cuerpo a lo que se suma que tampoco integra la comisión que debe producir el dictamen.
De todos modos, el senador de Paraná insistió, a través de un comunicado, que para analizar este nombramiento es necesario remitirse a la ley 25.188 de Ética Pública, cuyo artículo 13 establece que “es incompatible con el ejercicio de la función pública dirigir, administrar, representar, patrocinar o asesorar de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”.
Para Gaitán, el ex diputado radical “reúne todas estas características” y puso a consideración de sus pares «estos argumentos tratando de evitar que por un supuesto error se lleve a cabo esta designación vulnerando la ley vigente”, avisa el senador Gaitán al tiempo que sugiere que “sería interesante conocer la opinión de sus colegas del Colegio de Abogados por este nombramiento”.
Si bien Gaitán fue quién puso mayor énfasis en su oponerse a esta designación, otros legisladores no ocultan por lo bajo su desagrado por la decisión de colocar al abogado radical en la Fiscalía están ligadas a la polémica ley 9235 y la Oficina Anticorrupción aunque en el caso del ex director de Vialidad provincial, su voto negativo se liga a la opinión del abogado acerca del polémico juicio de la repartición provincial.