Las diferencias en el cumplimiento de las mandas constitucionales entre el ministro y la letrada son notorias, concurriendo el primero a exponer los detalles del proceso de licitación pública destinada a contratar los servicios de agente financiero de la provincia
La presente no debería ser una noticia, estamos frente a un postulado constitucional que debe cumplirse por parte de los funcionarios y funcionarias miembros del gabinete provincial.
Sin embargo, el respeto a la carta magna no viene siendo “lo fuerte” en la provincia por parte de la gestión de Gustavo Bordet, por ello, cuando se cumple indudablemente es noticia.
Este miércoles sorprendió sobre manera el ministro de economía, Hugo Ballay, presentándose en la sesión de la cámara baja entrerriana tras un pedido de interpelación que había sido aprobado minutos antes.
De manera inmediata fue Ballay y expuso sobre la temática por la cual había sido convocado, puntualmente sobre la adjudicación del contrato del agente financiero de la provincia que se le otorgó nuevamente al Banco de Entre Ríos S.A, explicando las razones que llevaron al Gobierno a inclinarse por la única propuesta presentada.
Más allá de los reparos y fuertes críticas sobre esta contratación –las cuales vienen siendo expuestas por este Portal- y de las escuetas explicaciones del ministro, como también de la tibia intervención de la oposición al respecto, lo cierto es que el hecho de Ballay provocó asombro en el ámbito político e institucional de la provincia.
No solo eso, de inmediato se dispararon una serie de comparaciones y compulsas por el accionar contrario de una de sus pares en el gabinete, la ministra de gobierno, justicia y seguridad, Rosario Romero.
Toda la sociedad recordara –y recuerda- la inacción total de la titular de la cartera frente a un gravísimo hecho, lamentable y repudiable, como lo fue desaparición y posterior hallazgo de su cuerpo sin vida de la joven paranaense, Fátima Acevedo.
Conmoción e indignación, inicialmente, y luego fuertes movilizaciones exigiendo la renuncia de varios integrantes de la cúpula de Fiscalía como de la propia ministra.
Entre los requerimientos hacia la letrada también existió un pedido de interpelación para que explique el accionar previo del ministerio por las disntintas denuncias que había realizado la joven, para la ciudadanía aun hoy está claro que fue abandonada totalmente por el Estado, sino por los hechos concomitantes y posteriores a la aberrante noticia de su hallazgo sin vida.
En aquel momento varias fueron las graves versiones que se barajaron, existiendo una que daba cuenta de una crisis institucional en materia de seguridad y de las políticas públicas para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género.
Desde la prensa se filtró una fuerte información que daba cuenta que el cadáver de la joven había sido encontrado el viernes, luego de su desaparición sucedida el domingo, cuando no regresó al hogar de asistencia.
La presencia de la ministra en el lugar de los hechos, sin querer hablar con los periodistas que estaban en el lugar –algo no habitual en ella pro cierto- generaba aún más firmeza a la noticia que daba al hecho por cierto.
Sin embargo, el medio borró la publicación y sostuvo que fue una “fake news” armada, que nunca publico tal información, mas allá de estas explicaciones, el episodio quedo rondando en el pensamiento colectivo, generaba muchas dudas.
Estas inconsistencias sumadas a la negativa de la fiscalía de investigar esta pretendida noticia falsa, provocó aún más presunciones.
El domingo finalmente se confirmó el hallazgo, sin embargo, la ministra en ninguna de estas oportunidades salió a acararle a la sociedad consternada cuales fueron sus acciones para prevenir –cosa que no se logró- como también durante la investigación.
Como suele ocurrir, mas allá de que sea habitual que los funcionarios y funcionarias de la gestión provincial elijan el silencio ante graves denuncias y cuestionamientos, las no explicaciones resultan ser disparadores para que las presunciones continúen y se ratifiquen.
Romero fue interpelada en este sentido, y muy a contrario del sorprendente Ballay, no solo prefirió no concurrir sino que –también a nivel de hipótesis- se entretejieron diversas versiones que daban cuenta de un fuerte operativo por parte del Gobierno para proteger a la ministra y evitar que no acudiera al llamamiento.
Es más, hasta incluso se habló en aquella oportunidad que varios diputados, aunque sobre todo diputadas, tanto del oficialismo como de la oposición, fueron premiados por no acompañar esta opción de interpelación contenida en la constitución.
¿Será por estas diferencias que la ministra tiene un pie afuera en el gabinete? No se podría afirmar con certeza, lo que si puede apreciarse es un fuerte desgaste en su figura pública, la cual ha tenido consecuencias en el manejo de su propio ministerio.
Una ministra con fuertes internas incluso con su brazo ejecutor en la seguridad, como lo es el jefe de la policía Gustavo Maslein y que hoy más cerca de la procuración general siendo muy fuerte la versión de reemplazar a Jorge García que ya ha anunciado su retiro, que del Ejecutivo Provincial.
2 comentarios
Lo que deberia ser algo normal hoy lo destacamos, que mal estamos
Quisiera saber cuánto le garpa la provincia por darle la plata gratis y la cartera cautiva de los empleados y jubilados. Caso único en que la provincia paga cientos de millones por mes, cuando en todas las demás provincias, el banco paga por esos beneficios. Un negocio de algunos con Eskenazi que debería ser puesto a buen fin, porque a ese costo lo pagamos todos los entrerrianos con nuestros impuestos.