Desde un primer momento se presumía que el Ministerio no cumpliría con el pedido de informes, el motivo no es otro que la corrupción estructural y un verdadero negocio montado con la pobreza.
La historia es extensa, aunque no debería, la información solicitada es publica y debieron cumplirla al momento de ser solicitada, incluso, basándonos en los parámetros internacionales recomendados por la Comisión interamericana de Derecho Humano en la materia, debería ser fácilmente accesible y dispuesta en la página web oficial del Gobierno Provincial.
Sin embargo, este Portal lo viene exponiendo con sobrada prueba, la transparencia no es lo fuerte para las autoridades entrerrianas.
La síntesis: Tras varias denuncias por gravísimas irregularidades con detectadas en la política alimentaria del ministerio de desarrollo social, una ciudadana, en tal carácter, mediante un acceso a la información publica, solicito datos concretos sobre contrataciones, empresas, distribución y, fundamentalmente los destinatarios de los alimentos del ministerio.
La presunción fue que aquellos beneficios esenciales no estaban llegando a los sus verdaderos destinatarios, vale decir, los sectores más vulnerables de la Provincia.
El Ministerio respondió de manera sesgada, aporto datos de contrataciones, mostros los decretos y resoluciones pero no quiso decir a quienes le entregan los bolsones de alimentos.
El caso se judicializó y la Justicia entrerriana, a través de la jueza Cecilia Bértora, con gran atino y sensatez, condenó a la ministra de desarrollo social, Marisa Paira, a proveer la información.
Por supuesto que no iban a quedarse con tal resolución, apelaron, utilizando artilugios legales, sin embargo, la estrategia del Gobierno no salió nada bien, y el Superior Tribunal de Justicia culminó el litigio confirmando la sentencia de la Dra. Bértora.
El hecho de que desde un primer momento en el ministerio se mostraran muy reacios a dar a conocer a quien le dan los módulos alimentarios, el énfasis o más bien, la férrea oposición a otorgarlos, y todos los vericuetos administrativos y judiciales utilizados para evitar la transparencia en este pedido puntual generó una infinidad de suspicacias, hipótesis o presunciones.
Todas estas podría n resumirse en dos grandes posturas: o bien la información solicitada no la tiene el Ministerio, porque existe una desidia instalada cual corrupción estructural que les impone no llevar registros hacia a quien le destinan los alimentos, o bien, y con estrecha relación, los alimentos se utilizan con otros fines que paliar el hambre de los más vulnerables.
En ambos supuestos la cuestión es gravísima, en el segundo, abre una nueva presunción que da cuenta de un verdadero negocio con la pobreza.
Tras la confirmación del STJ, al ministerio no le quedó opción que remitir a la ciudadana “el listado” (las comillas son intencionales) de personas físicas y/o jurídicas –con personería o no- receptoras del beneficio alimentario.
Y como se esperaba desde un primer momento, la información brindada por Paira, produjo aún más sospechas que certezas en torno al destino final de los alimentos.
El resumen: 23.500 unidades alimentarias tan solo para 17 personas físicas, de carne y hueso digamos, a los cuales debemos adicionarle 2 ONG o asociaciones.
El resto, según asegura la ministra en el informe, para Municipios, Comunas y Juntas, vale decir, de ninguna manera prueba, salvo con esas 19 personas determinadas, a donde fueron a parar realmente los cientos de miles de bolsones.
La cuestión, se insiste es grave, la vulnerabilidad alimentaria lamentablemente está en alza constante, los fondos públicos que sostienen destinar dan cuenta de cientos de millones, sin embargo, los ciudadanos –a pesar de las gravísimas denuncias- continuaran sin conocer si el dinero de sus propios ingresos, que el Estado les retiene con el fundamento para batallar el hambre, llega a los que más lo necesitan.
A esta altura, con las idas y vueltas, información parcializada y omisiones, indudablemente, la interpretación no puede ser otra que, en materia alimentaria, en el Gobierno reina la corrupción estructural y un negocio montado con la pobreza que difícilmente se podrá erradicar.
3 comentarios
Nuestros funcionarios tienen serios problemas de salud: cleptomania, mitomanía, bipolaridad, etc
no hay MORAL !!!!!!
SUPONGO Q ESTO NO QUEDARA ASI, QUE ALGUIEN VA A INVESTIGAR