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La provincia sigue sumida en un grave conflicto con los docentes. La justicia, a través de la Fiscalía de Estado que dirige Julio Rodríguez Signes, ordenó que se levante el paro docente con una conciliación obligatoria, la cual no ha sido acatada.
Ante esto, Rodríguez Signes dijo que habría graves consecuencias por desobedecer la orden.
El Artículo 292 del Código Penal, tipifica que la desobediencia de una orden judicial tiene pena de prisión. Con esto el gobierno estaría habilitado a iniciarle un sumario a Sergio Elizar, Secretario General de AGMER Central.
Al dictarse la conciliación obligatoria, la continuidad del paro se convierte en ilegal, ya que el derecho a huelga queda suspendido.
Por esto corresponderá, no sólo que se les descuente del sueldo a los docentes los días no trabajados, sino también que esas faltas pasan a ser injustificadas, porque ya no están amparados en el derecho a huelga.