“Estoy en contra de que el Estado sea generador de fuentes de trabajo a través del empleo público”, dijo el concejal.
“El inicio de sesiones ordinarias del Concejo está fijado por ley el 1ro de marzo, pero en este momento el HCD está trabajando y en sesión permanente, porque estamos en período de sesión extraordinaria en caso de que surja algún tema en que el Ejecutivo Municipal necesite su tratamiento”.
“El municipio de Paraná, tiene un presupuesto atado y comprometido casi con el 70% de los gastos destinados a sueldos, hoy estamos casi con una planta de 5.000, que es más que suficiente para el funcionamiento. Las contrataciones que ha realizado la gestión han sido limitadas. La confusión es cuando se dice que esta gestión tiene más funcionarios que las anteriores, pero no hay que medirlo en el número, sino en el desembolso en los sueldos, porque hay cerca de 100 funcionarios que son adscriptos de la provincia, es decir que del 70% del sueldo de ellos se hace cargo el gobierno provincial. Esto se da porque el intendente ha considerado que tiene a haber gente que tiene experiencia, que se ha desenvuelto bien”.
“Que no iba a haber aumento de tasas fue una promesa electoral para el primer año de gestión, tuvimos que ponernos al día con los proveedores, deudas de la gestión anterior con la Caja de Jubilaciones, con el Iosper, tuvimos que hacernos cargo de un juicio de 4 millones de pesos por el negocio que fue Dakota SA en la gestión de Varisco, y eso nos obligó a obtener recursos frescos”.
“La otra opción era endeudarse. Consideramos que debido a los altos intereses en el mercado financiero no conviene endeudarse, sino retocar progresivamente las tasas, es decir que los terrenos que más valen son los que van a pagar más tasas”.
“El de los deudores alimentarios fue un proyecto de Marta Alem, con el apoyo de todo el bloque, donde se regula la posibilidad de que a los deudores alimentarios no se les expida el carnet de conductor como medida punitiva hasta que no cumpla con esa prestación. Esto implicó un debate en la comisión de legislación, y fue una ordenanza que tuvo su repercusión, que implica controles cruzados entre la provincia y el municipio para que se actualice el registro”.
“Nosotros hicimos un planteo fuerte desde la comisión de discapacidad que funciona en el Concejo, donde en la compra de unidades de ATUP, les manifestamos que incluyan aunque sea una unidad en la flota con los llamados pisos bajos. Es una ley nacional de los años 90, que obliga al transporte público a que haya este tipo de móviles. El argumento de ATUP es muy débil, echarle la culpa al municipio de que la gente no puede subir a las unidades por los badenes, los pozos, los cordones, es una manera de desligarse de esa responsabilidad. Pero quedaron comprometidos en al menos tratar de adaptar algunos de los móviles para que puedan acceder las personas que se trasladan en sillas de ruedas. Hay que seguir presionando, si hay empresas como Etacer y Fluviales que pueden hacerlo, por qué no va a poder hacerlo ATUP”.