Según publicó Nova Comunicaciones la falta de notificaciones de las presuntas actas de infracción en los domicilios deja a los automovilistas en un estado de total indefensión. La empresa privada, contratada por la Policía provincial, acumula quejas mientras la recaudación no se detiene.
Transitar por las rutas de la provincia de Entre Ríos se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, no solo por el estado de las vías, sino por lo que los automovilistas ya califican como una “trampa recaudatoria”. En las últimas semanas, cientos de conductores han alzado la voz para denunciar una grave irregularidad: la falta de notificación de fotomultas en sus domicilios. En el centro de la polémica se encuentra Brocart S.A., la empresa privada a la que la Policía de Entre Ríos le tercerizó el servicio.
El negocio de la concesión.
El sistema provincial de detección, registración y procesamiento de las infracciones viales no es operado íntegramente por el Estado. La tecnología detrás de los radares (cinemómetros) fijos y móviles, así como la gestión administrativa de las actas, está en manos de Brocart S.A.
Esta firma es la encargada de registrar faltas comunes en los corredores provinciales, tales como:
Exceso de velocidad.
Adelantamiento indebido.
Falta de uso de luces reglamentarias.
Cruce de semáforos en rojo.
Sin embargo, el eslabón más importante de su contrato parece estar fallando estrepitosamente: la notificación al presunto infractor.
El derecho a la defensa, vulnerado.
La Ley de Tránsito es clara: para que una multa sea válida y el proceso transparente, el ciudadano debe ser debidamente notificado en su domicilio real o legal. Esto garantiza su derecho constitucional a la legítima defensa, permitiéndole presentar un descargo si considera que la sanción es injusta, o bien acceder al beneficio del pago voluntario.
“Nos enteramos de las multas meses o años después, cuando vamos a renovar el carnet de conducir o a vender el auto. Te exigen pagar sumas millonarias por infracciones de las que nunca te avisaron, quitándote cualquier posibilidad de defenderte”, señala uno de los tantos damnificados que se han organizado en redes sociales.
Al no enviar las notificaciones en tiempo y forma, Brocart S.A. bloquea sistemáticamente la posibilidad de que los conductores ejerzan su derecho a réplica. La multa, al vencer los plazos sin que el ciudadano siquiera sepa que existe, acumula intereses y se convierte en una sentencia firme e inapelable.
¿Dónde está el control del Estado?
La situación ha encendido las alarmas sobre el rol de la Policía de Entre Ríos y de las autoridades provinciales, quienes son, en definitiva, los responsables de auditar el trabajo de la empresa concesionaria.
Si Brocart S.A. no cumple con el proceso administrativo básico de notificar a los conductores, las multas pierden su presunto carácter preventivo y educativo, desnudando un fin exclusivamente recaudatorio.
Mientras las denuncias se multiplican en la Defensoría del Pueblo y en los juzgados de faltas, los automovilistas exigen respuestas urgentes: la anulación de las actas mal procesadas, la revisión del contrato con Brocart S.A. y el cese inmediato de lo que consideran un atropello a sus derechos civiles. La seguridad vial es indispensable, pero nunca puede construirse a costa de la indefensión ciudadana.
(Fuente: Nova Comunicaciones)