En la Casa Rosada afirman que lo sucedido en el Senado no deteriora el vínculo con las provincias, pero hacen un llamado de atención para lo que podría ocurrir en otras negociaciones, en particular con la Reforma Política
Al interior de la Casa Rosada comenzaron a hacer una lectura interna de cómo resultó la derrota legislativa de ayer, la cual implicó que el oficialismo debiera quitar de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo de venta de terrenos a extranjeros. La oposición más intransigente al Gobierno logró ganar la disputa en la arena pública y eso forzó a que varios gobernadores que habían dado su apoyo inicial luego terminaran cediendo, dado que no querían cargar con el costo político de habilitar la media sanción de la iniciativa.
Al finalizar la reunión de Mesa Política del martes, los operadores políticos ya esgrimían en privado la dificultad con la que se encontraban para conseguir la mitad de los votos de la cámara alta. Marcaban que el panorama estaba “complicado”, pero que al igual que en otras instancias difíciles, iban a poder torcer las últimas voluntades. “La negociación se cayó como un castillo de naipes. Se salió uno y se cayeron todos”, analizó uno de los principales operadores políticos de la Casa Rosada.
Al oficialismo le queda impresa la narrativa de la derrota porque se desprendieron de un articulado que consideraban clave, aunque fue más importante el cómo: y es que muchos de los gobernadores que optaron por el silencio en estas horas -y algunos de los que se terminaron oponiendo al capítulo de venta- estaban a favor del proyecto.
¿Esto que sucedió es presagio de lo que pueda llegar a acontecer en otras votaciones venideras? No es la lectura que hacen desde los despachos políticos del Gobierno. Afirman que se trató de un caso excepcional y que estuvo signado por diferentes errores políticos por parte de varias alas del oficialismo. “Es cuestión de que se produzca un episodio más de este estilo para que nos empecemos a preocupar”, marcan.
“Esto no cambia absolutamente en nada el vínculo con los gobernadores. Muchos estaban a favor. Sí me parece que debilita al Gobierno Nacional como actor negociador”, analizó un operador oficialista que conoce muy bien lo que sucede puertas adentro.
La efectividad que el oficialismo tenía en las sesiones extraordinarias de este verano contrasta con la dificultad que tiene para impulsar otras iniciativas en la actualidad. El corolario de ese entonces había sido la sanción de la Ley de Modernización Laboral, la cual contenía artículos que implicaban cambios sensibles en ese ámbito. Una de las pocas iniciativas importantes que pudiera impulsar el Gobierno en el año calendario: “Si conseguimos tres o cuatro reformas importantes en el año, yo estoy hecho”.
El motivo era el advenimiento del escenario electoral y el mayor condicionamiento que iban a tener los mismos gobernadores para decidir si apoyar o no a la Casa Rosada en reformas de alta complejidad.
Esto podría no traducirse en reformas que importan y mucho al presidente Javier Milei, como el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Sí creen que podrían recibir un revés si no modifican que los funcionarios públicos puedan aplicar a la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal.
La pregunta que se hacen al interior del oficialismo desemboca en qué podría acontecer con la Reforma Política y, en particular, con la capacidad de suspender las PASO. “Si generamos la sensación de debilidad los gobernadores pueden venderse por más en las negociaciones”, afirman.
Los posicionamientos de las provincias
Los gobernadores que se manifestaron de manera pública y contundente contra el capítulo de Tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incluyeron a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones). Cada uno de ellos trasladó su posición a los senadores de sus provincias, instruyéndolos a rechazar cualquier modificación legal que facilitara la venta de tierras rurales a extranjeros. En el caso de Misiones, Passalacqua publicó en sus redes sociales que “lo que amamos no se vende”, destacando la defensa del territorio y de los recursos estratégicos provinciales. Esta postura se tradujo en el anuncio del senador misionero Carlos Arce, quien anticipó su voto negativo a la propuesta.
En Tucumán, Osvaldo Jaldo fue uno de los primeros en comunicar su rechazo explícito, instruyendo a las senadoras provinciales a votar en contra de la iniciativa. De igual modo, Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, manifestó su oposición e instruyó a los representantes de su espacio político en el Senado a no acompañar el proyecto. Gustavo Sáenz, desde Salta, también ejerció presión sobre el bloque oficialista, lo que se reflejó en la postura de la senadora Flavia Royón, una de las primeras en expresar públicamente su rechazo a la extranjerización de tierras. Esta serie de pronunciamientos contribuyó a que el oficialismo perdiera respaldo y se viera obligado a retirar el capítulo más polémico de la ley.
Además de los gobernadores mencionados, otros actores relevantes del Senado se sumaron al rechazo del capítulo de Tierras. Entre ellos, la senadora Alejandra Vigo (Córdoba) formalizó su voto negativo bajo el argumento de que los recursos estratégicos nacionales no deben cederse sin restricciones. También anunciaron su rechazo los senadores radicales Flavio Fama (Corrientes), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Maximiliano Abad (Buenos Aires). Estas posiciones, sumadas a la presión de los gobernadores provinciales, aislaron políticamente al oficialismo y forzaron la exclusión del capítulo sobre tierras del proyecto final que llegó al recinto.