Sesión plenaria de la Constitución.
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Entre los temas con disidencias, ingresó a esta 11° sesión plenaria el inciso 27 del artículo 135 referido a las atribuciones del Poder Ejecutivo, y en este caso en particular, al otorgamiento de los beneficios de la Caja de Jubilaciones. En la votación, el dictamen de la mayoría se impuso por 29 votos y quedó sancionado. Este despacho, como el resto de los aprobados por el pleno, será girado a la comisión de Redacción.
«Conceder jubilaciones y pensiones conforme a la ley de la materia. Esta función es irrenunciable y deberá ejercerse por la Caja de Jubilaciones y Pensiones que es el ente autárquico provincial encargado de atender el sistema previsional a efectos de emitir el acto administrativo», sostiene el dictamen de la mayoría sancionado hoy.
Para explicar la posición del dictamen del FJpV, el presidente de la Comisión, Miguel Carlín, dijo que la firma del gobernador en el otorgamiento de los beneficios jubilatorios «no se trata de una atribución más sino de una función irrenunciable» y dijo que con la redacción lograda «podemos decir con énfasis que hemos cerrado herméticamente toda posibilidad de transferencia». Para Carlín, otra de las bondades del texto es que se evitan «las dilaciones prolongadas en el trámite hasta mantener un decreto final que resuelva la cuestión por parte del Ejecutivo» y cerró sus argumentos destacando el conferimiento de rango constitucional a la Caja, creada por ley en el año 1949. «Le estamos dando el estadio correspondiente dentro de la Carta fundamental de la provincia de Ente Ríos», dijo Carlín al concluir su alocución.
Desde la UCR, Fabián Rogel, destacó que existe una diferencia de términos pero coincide el sentido del texto de la mayoría con el que también coincide el bloque de la CC, pero Martín Acevedo Miño insistió con la derogación del artículo, entendiendo que con ello, no corre riesgo la transferencia del organismo previsional.
Dictámenes con unanimidad
Entre los temas sancionados hoy y que contaban con unanimidad, los convencionales sancionaron el que presentó la comisión de Nuevos derechos y Garantías y que dice:
«Todo poder público emana del pueblo, pero este no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes y con arreglo a lo que esta Constitución establece. Todos los habitantes de la provincia gozan de los derechos de petición y reunión pacífica y del derecho a la plena participación en las decisiones de los poderes públicos sobre los asuntos de interés general a través de los procedimientos que esta Constitución establece. Es nula cualquier disposición adoptada por las autoridades a requisición de fuerza armada o reunión sediciosa».
Raúl Barrandeguy (FJpV ) en su carácter de presidente de la comisión de Nuevos Derechos fundó este texto constitucional y del mismo modo lo hizo Fabián Rogel desde la (UCR). Barrandeguy vinculó este despacho con la evaluación constante que los ciudadanos hacen sobre sus gobernantes y en esta práctica, la posibilidad de los cuestionamientos a la gestión.
Rosario Romero (FJpV), por su lado, entendió que el nuevo texto «no hace más que reconocer el derecho que se ha ganado la sociedad» a quien atribuyó «muchas de las conquistas legislativas».
Vuelve a Redacción el dictamen de la Contaduría
Tal como se resolvió ayer sobre el dictamen del Defensor del Pueblo, hoy los convencionales determinaron igual procedimiento para el que confeccionó la comisión de Control del Estado, acerca del a Contaduría General de la provincia con el fin de reservarlo para el capítulo de los organismos de control, decisión que contó con el respaldo de todos los bloques.
La sesión de hoy, que se extendió por espacio de —–contó con la presencia de alumnos de la carrera de Ciencias Políticas y estuvieron ausentes los convencionales Juan Carlos Cresto, Luis Brasesco y Juan Carlos Arralde.