Con tres horas de debate quedó sancionado el rango constitucional para la Cultura con la creación de un Consejo y la asignación de un fondo que no podrá ser inferior al uno por ciento del total de gastos autorizados por el presupuesto.
La Convención Constituyente sancionó hoy, luego de un minuto de homenaje en memoria del General San Martín, para tratar los dictámenes relativos a la cultura; la ampliación del Régimen de Trabajo como también el de monopolios y oligopolios en los medios de comunicación social.
El pleno sigue en sesión para trabajar los despachos de ciencia y tecnología y el que propone la confección de los diarios de sesiones en la Legislatura. Mañana volverá a sesionar y entre sus temas quedaron reservados ética pública y derecho a la vida.
El debate
El pleno sancionó rápidamente un dictamen sobre nepotismo por el que aclara que el artículo ya fue comprendido en otro despacho ya sancionado y dedicó casi tres horas al debate del despacho sobre la cultura y su diseño en la Constitución. En la votación en general hubo unanimidad pero en lo particular la UCR, Recrear y la Coalición votaron por la negativa el segundo artículo que establece los fondos que se asignarán a la cultura, por lo que la votación resultó 24 sobre 17.
Julio Federik (FJpV) se ocupó de fundamentarlo y para ello aseguró que «se confunde la cultura con los ornamentos de la educación» y definió como cultura la «impronta» de los entrerrianos lo que es «más amplio que ceñirlas a las expresiones del espíritu».Y, luego preguntó al pleno «si el mate y el asado de los domingos no hace a nuestra cultura» y destacó la creación del Consejo provincial de Cultura como garante de la descentralización de las políticas culturales.
Luego, Griselda Bellman (UCR) desmembró el proyecto para realzar su importancia mientras que Silvina Cepeda, del mismo bloque, se tomó su tiempo para destacar el despacho como a su término lo hizo Adriana de la Cruz de Zabal (CC) y Carlos Claro Díaz.
Hermo Pesuto (VER) mencionó que lo que antes se concebía como cultura, «más relacionado con el teatro y la ópera»,tuvo con el paso del tiempo nuevas interpretaciones y valoró la participación ciudadana en el Consejo Provincial de la Cultura no sin antes anhelar que alguna vez Entre Ríos alcance el 3 por ciento que fija San Luis para la cultura.
A su turno, Augusto Alasino, del mismo bloque, comparó las prácticas culturales de la provincia con las de Estados Unidos provocando risas en el recinto ya que, a su entender, «en Paraná como en Washington, te preguntan que cargo tenés mientras que en Uruguay lo que inquieta es cuánto sabés». Y coincidió con los convencionales en que la cultura no es aquello vinculado sólo al arte sino otras manifestaciones propias del hombre y la región. También rescató que Entre Ríos es la única provincia que usa un sinónimo como «entrerrianía» para definir cuestiones que «todos entendemos»
El dictamen
Art.: El Estado asegura la vigencia efectiva del derecho a la cultura como derecho fundamental de la persona humana. A tal fin impulsa como política de estado los siguientes principios:
La promoción de la cultura en todas sus manifestaciones.
El reconocimiento y respeto a la identidad y a la diversidad cultural, la convivencia, la tolerancia y la inclusión social, estimulando el intercambio desde una perspectiva latinoamericana.
La protección, preservación y divulgación de los bienes culturales, el patrimonio tangible e intangible, histórico, artístico, arqueológico y paisajístico de la provincia.
La definición del rol estratégico de las nuevas tecnologías de la comunicación para la producción cultural.
La promoción, protección y difusión del folclore, las artesanías y toda otra creación cultural producida en la provincia.
Art.: Sobre estas bases, a través del Consejo Provincial de la Cultura que se organizará con participación ciudadana, el Estado elaborará planes sustentables en el largo plazo, cuyos lineamientos garantizarán la participación regional y la descentralización de las políticas culturales. Los fondos para su financiamiento no podrán ser inferiores al uno por ciento del total de gastos autorizados en la ley de presupuesto.
Bienestar económico
Héctor Motta (FJpV) ofreció al pleno los detalles del dictamen y a su término Luis Brasesco (UCR) mencionó la necesidad de que este texto sea armónico con el resto del texto constitucional. Santiago Reggiardo (PS) y Daniel Zabala (CC) también defendieron el texto para dejar en uso de la palabra a Flavia Pasqualini (VER) quien precisó que el Estado debe intervenir en defensa de los pequeños y para impedir la concentración y los monopolios. El presidente de ese bloque, Augusto Alasino, pidió una modificación por la que se agregarán las palabras crediticias en el inciso b del artículo 36 («fomentado crediticia e impositivamente) que fue aprobada.
El dictamen
Artículo 36. El Estado, mediante su legislación, promoverá el bienestar económico y social de la colectividad. (pétreo). La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar general del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social.
El Estado Provincial desarrollará políticas integrales que:
a.- estimulen la existencia de condiciones competitivas en los mercados y una equitativa distribución de la renta, promoviendo acciones tendientes a evitar que prácticas individuales o colectivas distorsionen o impidan la competencia y lesionen el bienestar general. Podrá intervenir en la economía y desarrollar determinadas actividades, dentro de los límites fijados por esta constitución, para salvaguardar los intereses generales; y
b.- alienten el desarrollo económico de la pequeña y mediana empresa, domiciliada y radicada en la provincia y sus entidades representativas, con asistencia técnica y financiera, fomentando crediticia e impositivamente y protegiendo la radicación de industrias en sus comunidades de origen, y la comercialización sustentable de sus productos.
Artículo 38: Promoverá la inmigración, el retorno de los entrerrianos emigrados, la colonización, la construcción de ferrocarriles, canales y otros medios de comunicación y de transporte, y la implantación y explotación de industrias o empresas que interesen al bien público.
Monopolios y oligopolios en los medios de comunicación
Raúl Barrandeguy (FJpV) describió los alcances del texto remontándose al romanticismo aunque puso énfasis en que si el liberalismo político cede lugar a liberalismo económico se requiere una activa participación del Estado y aseguró que los estados modernos no permiten que se distorsionen los mercados. «NO hay libertad de mercado sin pluralidad de oferentes» definió tras remarcar la diferencia entre el «capital económico y simbólico».
Griselda Bellman (UCR) destacó que el despacho fue una construcción colectiva y aseguró que el texto es «claro» para dedicarse a contar el origen de la palabra que proviene del griego. Dijo que en el oligopolio hay un reducido número de oferentes que acuerda los precios para salir al mercado y se explayó sobre cómo impactan estas medidas en los medios.
Américo Schvartzman (PS)se refirió a la libertad de expresión vinculada con la libertad de trabajo y a episodios de la dictadura como el de papel prensa y reclamó medidas de esta categoría para la real democracia.
El dictamen
«El Estado desalentará mediante políticas activas la conformación de monopolios, oligopolios o cualquier otra forma de concentración de los medios de comunicación social en el ámbito provincial. La Legislatura dictará normas en ese sentido. El Estado promoverá la propiedad y gestión de medios de comunicación social por parte de organizaciones cooperativas, sociales