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La Convención Constituyente aprobó el jueves 28 el siguiente dictamen:
“Todos los habitantes de Entre Ríos gozan de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos básicos. La Provincia asegura mediante políticas públicas el acceso de la población a información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y la procreación responsable. La educación sexual se impartirá de manera continua en todos los niveles de la educación formal y no formal. El Estado en todos sus ámbitos de actuación protege a la mujer embarazada”.
El texto que aprobó el pleno de la Convención, que declara los derechos sexuales y reproductivos para varones y mujeres en edad fértil, está basado en la libertad, dignidad e igualdad inherente a todos los seres humanos, y tendrá plena operatividad amparado por nuestra ley fundamental, no obstante ahora, «el desafío es abordar políticas activas y establecer pautas para garantizar la vida con calidad».
La salud sexual y reproductiva se refiere «al estado de bienestar físico, mental y social de la persona, y no a la mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducción, y entraña la posibilidad de ejercer los derechos sexuales y reproductivos».
Un buen estado de salud sexual reproductiva implica la posibilidad del ejercicio y disfrute de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos; de planificar la familia; de ejercer el derecho a procrear o no; la libertad para decidir el número y espaciamiento de los hijos y el derecho de la mujer y el varón a obtener información que posibilite la toma de decisiones libres e informadas y sin sufrir discriminación, coerción ni violencia, entre otras cosas. Lo importante es que a partir de ahora se impartirá la educación sexual de manera continua en todos los niveles.
Por eso que es necesario desafiar estructuras opresoras y nutrir relaciones que habiliten a las ciudadanas y los ciudadanos para controlar su vida; extender las conquistas en materia de derechos sexuales y reproductivos a todos los sectores sociales de las diferentes regiones, territorios y barrios, promover la igualdad de derechos, la equidad y la justicia social para el acceso a los servicios de salud sexual, y generar las condiciones para el ejercicio de estos derechos. Cuando esto se logre a través de políticas activas, podremos decir que el Estado garantizará la vida con calidad.
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