«Es la primera vez que la Fiscalía de Estado tiene estadística fiable de la cantidad de juicios que enfrenta la provincia y llegamos a 5600; falta incorporar causas donde son parte los entes descentralizados», dijo el Fiscal de Estado.
“Es la primera vez que a nivel de la Fiscalía de Estado tenemos estadística fiable de la cantidad de juicios que enfrenta la provincia, porque a partir de la reforma de la Constitución, que rige desde el 1 de noviembre, la Fiscalía debe remitir al Poder Ejecutivo y a la Legislatura un listado de los juicios de los que la provincia es parte. Comenzamos a trabajar, y llegamos a la cifra de 5.600 juicios, aunque falta incorporar causas donde son demandados o son parte los entes descentralizados”.
“El monto suma unos mil millones de pesos, y se obtiene de sumar los juicios con monto determinado. Cuando uno demanda tiene que establecer el monto, a partir de esa determinación se suma y se obtiene una cifra. No es exagerada, porque hay juicios de mucho tiempo, hay que calcular intereses, ya que se demanda en un momento pero se paga en otro”.
“Hubo cambios con la reforma de la Constitución. El primero, la Fiscalía es el órgano que defiende en juicio a la provincia, se ampliaron sus facultades porque ahora es parte en todos los juicios, no sólo de la administración central sino también los entes descentralizados, que antes estaban fuera de su competencia. Segundo, se estableció el control de legalidad de la actividad administrativa, que no estaba claramente establecido en la Constitución. Ahora la Fiscalía controla que la actividad administrativa se desarrolle conforme la ley. Y tercero, se le ha dado autonomía funcional. Antes estaba en el ámbito del Poder Ejecutivo y dependía de éste en una serie de cuestiones. A partir de la reforma es autónoma, designa el fiscal su propio personal, ejecuta su presupuesto, se le dio fortaleza institucional”.
“Tenemos un presupuesto de personal y gastos corrientes de 6 millones de pesos, y para hacer frente a las condenas cuando están firmes de 30 millones”.
“La oficina anti corrupción funciona en el ámbito de la Fiscalía de Estado, su función es investigar los delitos contra la administración pública y ser querellante particular. Hubo una reforma positiva en la Constitución, porque se creó en el ámbito del Ministerio Público Fiscal una competencia especial para investigar y llevar adelante la acción penal de los delitos contra la administración pública. Hay una Fiscalía en el ámbito del Poder Judicial y una en el ámbito de la Fiscalía de Estado. Yo soy partidario de que sea la Fiscalía en el ámbito del Poder Judicial la que investiga la administración pública, para que tenga independencia. La Fiscalía investiga, pero la acción penal que le corresponde al Poder Judicial”.
“El monto en juego es de alrededor de mil millones, pero muchas veces la provincia gana los juicios. Por ejemplo, cuando los empleados viales demandaron la provincia y terminaron perdiendo el juicio en la CSJN, fueron alrededor de 500 millones. Siempre se conocen los casos en que la provincia perdió, pero hay muchos que gana porque no se hace lugar a la demanda o por algún otro motivo”.
“En el ámbito del STJ se le dio la razón a los viales, la sentencia fue recurrida por la Fiscalía, Mizawak apeló a la Corte, y la Corte revirtió el fallo del STJ de la provincia y la eximió de pagar una suma que según mi cálculo era de unos 500 millones de pesos. Había otros que estimaban que los intereses eran mayores y llegaba a los 1.000”.
“Los empleados de la Dirección de Vialidad ejercieron su derecho para pedir reajustar su sueldo respecto de un índice, y la provincia sostenía lo contrario. Fue un debate judicial, hubo jueces que les dieron la razón, se apeló, y las consecuencias son las costas, que deben ser abonados por el que pierde. Pero no hablo de negligencia en este caso, sí en los de mala praxis médica en los hospitales, como quien sufrió un contagio de sida en una transfusión, pero eso es ámbito de la Secretaría de Salud o del hospital correspondiente”.
“Cuando la provincia pierde, lo que se hace es reclamar al responsable que se haga cargo de la indemnización, pero casi nunca el funcionario o empleado responsable del ilícito pude hacerse cargo de las condenas”.
“Se hacen sumarios administrativos, se aplica sanción, y se reclama devolución del dinero que pagó la provincia, pero como se trata de sumas muy grandes casi nunca el Estado puede recuperar. Hay casos que sí, como el caso de la condena al ex senador Yedro donde se ordenó el decomiso de sus bienes y la provincia pudo recuperar lo que el Poder Judicial consideró que era parte del ilícito”.
“Tras las reformas, se ha fijado la política de intervenir en todos los procesos judiciales, porque si el fiscal tiene que informar a la Legislatura de todas las controversias en que la provincia sea parte, los entes descentralizados también forman parte”.