“Hubo discusiones acaloradas”
“Hemos pedido custodia porque una medida de cesantía puede provocar ciertos disturbios; se trata de más de 30 empleados cesanteados, suspendidos y exonerados”.
“Se iniciaron actuaciones en el departamento liquidaciones. La investigación, que duró varios años porque comenzó en 2008, estaba a cargo de Fiscalía de Estado, por tratarse de trabajadores públicos. Hay una comisión evaluadora de disciplina, y nosotros hemos respetado esa evaluación que se ha hecho en este tiempo”.
“Hay un grupo de personal que está cesanteado, otros tienen sanciones menores porque se determinaron suspensiones, algunas de 30 días, otras de 20 y otras de 10 días, sin goce de haberes”.
“Se tomaron todas las precauciones del caso por las reacciones que podían tener. No hubo ningún conflicto, más allá de ciertos reclamos, con presencia de abogados, voces altas, pero nada fuera de lo común y hoy está todo tranquilo”.
“Fue una investigación exhaustiva y todo trabajador tiene derecho a reclamar si considera que ha habido un error, siempre hay otras instancias para apelar, ya sea el señor gobernador o instancias judiciales”.
“Hemos pedido custodia porque una medida de cesantía puede provocar ciertos disturbios y queríamos asegurar todo el desempeño de los trabajadores que no tenían ningún tipo de relación con los hechos”.
“Hemos pedido custodia ayer y hoy para prevenir cualquier problema, sabemos que puede haber algún reclamo, malestar o reacción”.
“Fueron dándose algunas circunstancias pero todo controlable, no conozco los grupos a los cuales pertenece la policía así que no puedo confirmar de qué grupo eran, pero todo transitó normalmente”.
“Había muchísimos rumores, en esto a veces se producen miedos, temores, pero no recibí ninguna amenaza ni hubo presencia de empleados armados, estuvo todo bajo control, normal”.
“Yo no recibí ninguna amenaza, todo se desarrolló normalmente. Había miedo de ciertas reacciones, por eso pedimos la colaboración de la fuerza policial pero no pasó nada”.
“El exonerado es dejado fuera del lugar de su trabajo y no puede volver a trabajar a la administración pública, el cesanteado, después de cinco años, puede ser incorporado nuevamente en un puesto de trabajo. El suspendido, según la cantidad de días que se le han otorgado, no va a trabajar, sin recibir el haber. En las sanciones hay diferencias en el sueldo y en las repercusiones a futuro”.
“La noche anterior le avisé al ministro de Gobierno, que es responsable de la fuerza policial para que hubiera custodia, previendo cualquier disturbio. En el transcurso de las primeras horas de la mañana de ayer hubo discusiones, algunas acaloradas, pero la policía no tuvo que intervenir, fueron reacciones normales ante la información de una medida de esta naturaleza”.
“Ningún funcionario recibió amenazas, fueron circunstancias menores, lógicas después de haber recibido una información de ese tipo”.
“Se trata de muchos empleados, son 32 o 28, no recuerdo porque hay un grupo que era contratado, que ya había terminado, otro era personal de la Uader, que está adscripto, y cuatro personas tienen tutela gremial, por lo que no se hace efectiva la medida hasta que la justicia no levante esa tutela”.
“Lo que ocurrió fue que en 2008, hubo empleados que liquidaban de más a ciertas personas. Se hizo una investigación exhaustiva y los resultados están a la vista”.
Relación con AGMER:
“La relación con el gremio ha cambiado favorablemente a partir de la asunción de la nueva gestión, ya que permiten realizar un diálogo en forma conjunta. Se han conformado seis comisiones para abordar distintos temas”.
“Se trata la carrera docente, las condiciones laborales, el estado de las escuelas, como titularizarían los profesores de nivel secundario, un régimen de concursos nuevo, cómo sería la oposición para acceder a cargos directivos, qué características deben tener los títulos para poder acceder a las cátedras”.
“Hay diálogo y discusión con el gremio, lo que nos permite un diálogo en forma conjunta sobre determinados temas, así que se ha mejorado la relación que se tenía con la anterior gestión”.
“Cuando hay paros, están en pugna los derechos, en la Constitución está consagrado el derecho a enseñar y a aprender, a la educación, y también está el derecho a huelga. Hay que ver las condiciones, las circunstancias, que yo considero que los sindicatos deben evaluar a la hora de tomar una medida tan extrema como el paro docente”.
“Esto impide a los alumnos la posibilidad de aprender, de desarrollar los distintos saberes que están previstos para un grado, para un curso. El paro tiene que ser una medida extrema, no un abuso como se produjo en los algunos años”.