Deudas hipotecarias y remate de viviendas únicas.
Ante un nuevo pedido de damnificados, el senador Melchiori recordó que la Cámara Baja sigue sin tratar una propuesta de su autoría presentada el año pasado.
Luego de un anuncio realizado este domingo, que quienes solicitado créditos para adquirir viviendas tendrán un recálculo de su deuda, el senador provincial Eduardo Melchiori (Islas del Ibicuy – PJ) recordó un proyecto qué está para ser tratado en Diputados desde 2009.
Este domingo, el representante de los adjudicatarios de créditos hipotecarios Carlos Chabrillón informó que quienes hayan tomado créditos con el Banco Hipotecario, para comprar viviendas -previo a la ley de Convertibilidad de 1991- y están en juicio por mora, tendrán un recálculo de su deuda.
Chabrillón advirtió que, “el jueves salió una convocatoria, aunque sin mucha difusión”. Agregó que el plazo para presentarse es de 30 días y “es importante que la gente esté al tanto de esta posibilidad para que calculen cómo pagar esa deuda, controlen si el recálculo se hace bien, si lo aceptan o no”.
Quien representa a damnificados por esta situación contó que “después del default de 2001 muchos créditos que estaban en mora, pasaron a juicio, con el agravante que eran créditos para vivienda única”.
Ante estas declaraciones y tal como lo hizo en abril, cuando la Cámara baja volvió a aprobar una nueva prórroga por 180 días de las ejecuciones hipotecarias de viviendas únicas de hasta 150 mil pesos, Melchiori insistió con que se trate su propuesta. “Hay que terminar con los parches que le convienen a los oportunistas y ventajistas de siempre” descargó el legislador agregando que, “acá el usurero sigue usando a los pobres”.
Según explicó el senador, su iniciativa está destinada a poner fin al problema de propietarios con deudas indexadas tras la convertibilidad.
En el texto presentado en noviembre del año pasado, se establece un nuevo procedimiento para evitar la ejecución de la vivienda única, familiar y de ocupación permanente por deudas crediticias.
La propuesta de ley de Melchiori también contempla “la suspensión de los trámites de ejecución de sentencias y subastas judiciales y extrajudiciales, desalojos -aprobados o en trámite de aprobación-, y cualquier otro procedimiento que tenga por objeto el desapoderamiento de un inmueble que se constituya como vivienda única, familiar y de ocupación permanente con la finalidad de saldar una deuda”.
En el artículo primero se aclara que: “Quedan excluidos de este procedimiento los créditos de naturaleza alimentaria, los derivados de la responsabilidad por comisión de delitos penales, créditos laborales y los causados en la responsabilidad civil”.
En cuanto a cómo el deudor debe acreditar el carácter de su vivienda, la normativa indica que será admisible todo género de medios probatorios aunque se tendrá como prueba suficiente, una declaración jurada firmada por quien adeuda; evitándose así, que el juzgador le obligue a trámites burocráticos incompatibles con la celeridad del trámite.
En referencia al pago de las deudas, el proyecto de Melchiori señala que, una vez que esté firme la liquidación definitiva de la misma por intermedio de un juez, “el deudor podrá pagar la suma resultante de la misma en el plazo de quince (15) días o pedir el procedimiento de mediación previsto en la ley 9.776 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos-, a fin de convenir con el acreedor, alguna modalidad de pago del total liquidado”.
En el articulado también se considera la refinanciación en cuotas de la obligación originaria y sostiene que éstas, no podrán exceder de un monto equivalente al 25 por ciento del ingreso del grupo familiar conviviente en el inmueble objeto de ejecución.
Finalmente, Melchiori considera en los fundamentos de su proyecto: “Que hay que atender urgentemente la circunstancia real y concreta que lo que está en juego es la vivienda única y familiar de un entrerriano, quien creyó que era el momento justo para mejorar la calidad de vida de los suyos y tomó un crédito; hecho que ahora puede dejarlo sin nada”.
Inmuebles destinado a actividades productivas agropecuarias, comerciales o industriales
Cabe destacar que el artículo 13 de la propuesta de Ley, también establece “la suspensión de las ejecuciones, subastas judiciales y extrajudiciales, desalojos -aprobados o en trámite de aprobación-, y de cualquier procedimiento que tenga por objeto el desapoderamiento de un inmueble destinado a actividades productivas agropecuarias, comerciales o industriales, siempre que las mismas se caractericen como micro, pequeña o mediana empresa en los términos de la legislación nacional vigente”.