“En este sistema, el procurador negocia con el contribuyente, no coincido con ese concepto”
“Hay gente que tiene una deuda de $500 o $1000 y el procurador le pide $1000 de honorarios, lo cual es desproporcionado; queremos que los honorarios no se paguen a los abogados, sino a la administradora y que ésta después los liquide”.
“El contribuyente, ante un impuesto determinado tiene que pagar. En caso de que no pagara en término, es intimado por la administración. En caso de no cumplir, es derivado a apremio sobre la base de los procuradores fiscales que tiene la administradora, que son más o menos 150 abogados distribuidos en toda la provincia. En este período no hemos nombrado ninguno, todos vienen de años anteriores”.
“Entonces, el sistema actual, establecido por ley, es el sistema en el cual el procurador lleva la negociación con el contribuyente y yo no coincido con ese concepto”.
“Esa es la realidad, es lo que está establecido hasta el momento y es el sistema que hay que cambiar, es un poco vergonzoso. Yo me comprometo a cambiarlo en lo que esté dentro de mi alcance. Calculo que la semana que viene habrá novedades”.
“Nosotros queremos que el titular del crédito, que es la provincia de Entre Ríos sea quien, de última, acuerde las condiciones con el contribuyente que está en esa situación”.
“De alguna manera, han llegado casos de gente que tiene una deuda de 500 o 1000 pesos, tal vez el procurador le pide 1000 pesos de honorarios para arreglar la situación, lo cual es desproporcionado. Entonces tenemos la idea de que todas las deudas menores de 1000 pesos no estén por encima de los 150 pesos de honorarios”.
“No sé si el abogado querrá o no hacerlo, pero lo tiene que hacer si quiere seguir siendo procurador de la provincia”.
“Además, queremos que los honorarios no se paguen a los abogados, sino que los eventuales honorarios se paguen a la administradora y la administradora después liquida los honorarios”.
“Sino después es opinable, porque yo llamo al procurador y digo ‘el contribuyente me dice que le querés cobrar 1000 de honorarios’ y me dice ‘yo le dije 200’, entonces son cruces de palabras, el procurador no miente, el contribuyente no miente. Entonces vamos a liquidarlo administrativamente por una acreencia de la provincia de hasta tanto, y en función de la acción que realizó el abogado le vamos a determinar el honorario al abogado, como tiene la Afip”.
“Nosotros en estos dos o tres meses hemos dado de baja a algunos procuradores porque han dejado prescribir causas y han incumplido con los pasos procesales”.
También admitió que algunos no son notificados y se enteran después de algunos meses, «vamos a tratar de cambiar eso”.
“Yo le he dicho ya al asesor legal de rentas esto y por eso estamos gestando una norma. La semana pasada estuvimos reunidos con gente de la Afip, repasando todo el sistema de procuración que tienen ellos y el sistema nuestro va a ser muy similar”.
“La idea es proteger al pequeño contribuyente, que son los que tienen menos recursos para asesorarse, una gran empresa tendrá sus abogados, contadores, que de alguna manera lo defienden ante una situación de estas”.
Además reconoció que el contribuyente está violento ante esta situación, «hay muchas situaciones, algunas con razón y otras sin, en esto tienen razón”.
“Este sistema viene hace años, no lo instrumentamos nosotros, está en el código fiscal. Nosotros lo que queremos es cambiarlo ahora, estamos en eso, estamos haciendo cosas todas las semanas”.
“En general de diciembre a esta parte, el gobernador decidió avanzar con esta Administradora Tributaria y me convocó a mí para ponerme al frente de la misma”.
“Hemos tenido una acción que significa controlar y fiscalizar a todos los contribuyentes que estaban en el sistema y al mismo tiempo incorporar a los que no estaban en él, o que estando no pagaban lo que correspondía”.
“Esto genera acción en muchos sentidos. Afortunadamente estamos viendo resultados muy positivos”.
“En la comparación de enero de este año con febrero de este año, en lo que respecta a ingresos brutos habían presentado declaraciones juradas en término 33.294 contribuyentes y en este mes ya lo hicieron 35.674, o sea que hubo 2.400 nuevos contribuyentes de ingresos brutos”.
“En cuanto a declaraciones juradas de ingresos brutos, habían sido 3.227 en el mes anterior y este mes fueron 558, o sea que 2.700 contribuyentes ahora cumplen con los plazos de presentación de las declaraciones juradas y así podemos ir viendo impuesto por impuesto”.
“Por ejemplo, los profesionales, hubo 1.274 profesionales que habían pagado fuera de término y en este mes sólo fueron 267, o sea que más de mil profesionales regularizaron la situación ante la Administradora Tributaria”.
“Esto muestra que estamos ensanchando la base tributaria y esto nos permite tener un sistema tributario más justo, más eficiente y más competitivo”.
“La comparación que hacen los dirigentes agropecuarios es capciosa, no refleja lo que es la realidad de lo que ha pasado en los últimos años. Ellos saben y conocen que el impuesto inmobiliario rural se determina de acuerdo a la ley 8672, que tiene 20 años”.
“Esa ley establece que el impuesto se tiene que actualizar todos los años pero en general, han ido utilizando un poder muy fuerte para dilatar la aplicación de esos aumentos”.
“En 2009 se sancionó la ley 9330, por la cual se estableció un calendario, de aplicar un año el 25% del aumento, al año siguiente el 50%, al otro el 75% y en 2012 la aplicación del 100%”.
“El futuro remoto que ellos acordaron, llegó, y en 2012 tienen que pagar la totalidad del impuesto como ellos firmaron, no se ha creado un impuesto nuevo, no se aumentó el impuesto, se está aplicando la ley de acuerdo a lo que ellos arreglaron”.