Pobres bolsillos los empleados del organismo reconocen que se trata de un negociado y que perjudica no sólo al bolsillo de los contribuyentes sino también a las arcas del Estado municipal pero todo sigue igual.
Según denuncian, las personas que van a las oficinas de la AFIM de calle 25 de mayo a saldar sus deudas con el Estado, luego de realizar largas colas, se desayunan con que han sido pasadas a apremio, por lo que deben dirigirse a un estudio de abogados y pagarle el %10 de la deuda impositiva al contado para que le firme un papel y volver a las interminables colas de Rentas para financiar las obligaciones.
Los empleados también afirman que las personas también se quejan porque ningún procurador les notificó nunca que estaban en apremio. Esto demuestra que los abogados se quedan con el “diego” de los impuestos contribuyentes.
Los empleados dicen que la gente que va a las oficinas está violenta por esta vergonzosa situación y que, ante la impotencia que esto genera, las autoridades no niegan que este sistema es inapropiado y perjudica tanto al contribuyente como al Estado.
También se comenta que no llegan las intimaciones, por ende la mayoría se entera de los apremios cuando va a la las oficinas de la AFIM, en calle 25 de mayo, de Paraná.
La mayoría de los paranaenses están en apremio, con deudas. Esperan las moratorias para pagar. Muchos deben entre 200 y 400 mil pesos de impuestos atrasados y quizás desde hace un mes ya están en apremio.
Estas personas deben dirigirse a un estudio de abogados porque la AFIM no les puede cobrar y las derivan a un estudio de abogados.
Esos abogados cobran honorarios, que rondan el 10% del valor de los impuestos adeudados, y si no es cancelado, no dan el visto bueno para hacer un plan de pago de la deuda con la AFIM.
Entonces, en el sistema actual que establece la ley, el procurador, hasta que no se le paguen los honorarios, no da el visto bueno para que el contribuyente pueda pagarle al municipio.
El Estado, con las urgencias que tiene (no puede aumentar los sueldos) cobra hasta en 24 cuotas las deudas, mientras el procurador lo hace con antelación y hasta que él no dé el ok el municipio no recibe un peso.
Así, los procuradores se quedan con el «diego», mientras el municipio cobra en planes.
Esta vergüenza fue admitida por el personal que hace los convenios en la AFIM, que se justificaba diciendo que son las órdenes que reciben.
Nos preguntamos también cómo puede ser que el hijo de un ministro, y otros familiares de funcionarios importantes, estén al frente de un estudio de abogados pero no figuren en él. Pero lo atienden cuando uno va a tocar el timbre.
Los mentideros nos informaron que un procurador de ATER, que sería oriundo de Victoria, tiene un prontuario importante.
Empleados del organismo también admiten que hay casos de gente que tiene deudas de 50 mil o 100 mil pesos y para saldarlas debe pagarle al procurador que, en muchos casos, le cobra 50 mil pesos más de honorarios para regularizar la situación.
En definitiva termina siendo un negociado que perjudica no sólo al bolillo de los contribuyentes sino también al del municipio.