Estatización de YPF
“Queremos petróleo para todos los argentinos al menor costo para la Argentina”, agregó, y fustigó la decisión de que al frente esté De Vido, “asesorado por Dromi, que fue ministro de Planificación de Menem, que entregó YPF”.
El diputado nacional Fabián Rogel sostuvo respecto de la decisión dada a conocer hoy por parte del Gobierno nacional en materia de petróleo que “mis temores se confirmaron, puesto que en primer lugar llama la atención que cuando la Presidenta nos necesita convoca al conjunto de los argentinos como ocurrió en Malvinas y con la reforma del Código Civil, y aquí volvió a utilizar la estrategia de no convocar particular al radicalismo, que no sólo fue quien fundó YPF al servicio de la Nación, sino que tampoco fue quien lo privatizó, por lo tanto alguna autoridad política y moral en la materia tenemos.
En segundo lugar –continuó– YPF representa sólo entre el 36 y 40 por ciento de la producción del país, con lo que con esta decisión para nada se avanza en el grave problema de desabastecimiento y de escasez de combustible que tiene la Argentina”.
“Si no se aprueban estas cuatro leyes que estamos proponiendo hoy, Bulgheroni y el Pan American Energy, entre otros, seguirán manejando a gusto y piacere las políticas energéticas del país, con áreas mal otorgadas y con un proceso escandaloso de desinversión sin ningún tipo de sanción, o también personales amigos del gobierno, como Lázaro Báez seguirán manteniendo áreas que no les corresponde”.
“En igual sentido –dijo– si no se deroga la llamada Ley Corta, las provincias petroleras seguirán negociando a espaldas de la Nación gran parte de los recurso, lo cual contrapone el espíritu de Hipólito Yrigoyen cuando fundara YPF y se contrapone con la decisión de que el petróleo sea un recurso estratégico que deba ser manejado por el Estado nacional al servicio de todos los argentinos”.
“Se tomó una decisión pensando en la tribuna y no en los intereses nacionales”, agregó el legislador radical y remató: “no creemos que sea el camino poner al frente a (Julio) De Vido, asesorado por Roberto Dromi, que fue el ministro de Planificación de Menem, que entregó YPF”.
La alternativa
Rogel explicó los cuatro proyectos de ley que considera que serían el camino a una solución integral del tema del petróleo. Al respecto sostuvo que viene trabajando con un grupo de asesores y de dirigentes radicales desde hace un tiempo, “para ser más preciso –dijo–, desde hace 15 años en la necesidad de que la República Argentina vuelva a tomar desde el Estado dominio sobre sus recursos naturales”.
Expresó a su vez, “tener cierto resquemor porque el Gobierno instale ahora el tema en la necesidad de los recursos petroleros, a partir de los 10 mil millones de dólares que tuvo que importar de petróleo y que le produjo un déficit de la balanza comercial. Eso fue así al no tener reserva y haber abandonado el Estado todo tipo de responsabilidad en la materia”, agregó.
En este sentido el legislador entrerriano propuso un plan de acción que consiste en cuatro leyes. “Estas leyes –precisó– serán llevadas mañana a una reunión convocada por el Comité Nacional y los integrantes de la Comisión de Energía” del cual Rogel es parte y serán puestas a consideración de todos los diputados del bloque que quieran acompañar. En este sentido aclaró que “la decisión que adoptaré en lo personal, por supuesto, será la que se debata dentro del bloque y con el partido”.
En el plan de acción Rogel propone, en primer lugar, que el Estado nacional constituya una comisión de auditoría especial para determinar cuál es el nivel de reserva hidrocarburíferas que tiene el país, particularmente a nivel de petróleo y de gas. “Esta responsabilidad fue abandonada por la Secretaría de Energía tras la privatización ocurrida en el gobierno peronista que conducía Carlos Menem en los años ’90. Concretamente hoy el Estado nacional no sabe cuál es el nivel de reserva que se tiene en materia de gas y petróleo”, sostuvo.
En segundo lugar, el diputado propuso la derogación de la denominada Ley Corta, “que fue la vino a armar todo un andamiaje jurídico con una incorrecta interpretación del Art. 124 de la Constitución, que abrió la negociación de Menem con los gobernadores del sur para su reelección”. Cabe recordar que en el Art. 124 se establece que serán de dominio originario de las provincias sus recursos naturales, “pero este artículo no podía ser interpretado sin esta Ley Corta que se sancionó en 1993 y le dio a las provincias las facultades totales y absolutas de qué hacer con el petróleo”, agregó el diputado nacional.
“Siempre, de Yrigoyen para aquí, aún pese a los intentos en gobiernos militares, el petróleo fue considerado un recurso estratégico de dominio de la Nación, sin perjuicio de que las provincias puedan recibir sus correspondientes regalías”. Propone entonces la derogación de esta Ley Corta para que el Estado nacional tenga sobre sí el dominio de los recursos, garantizándole a las provincias su nivel de regalías.
En tercer lugar, mediante otro proyecto de ley, propone “la caducidad lisa y llana de aquellas concesiones de petróleo que fueron dadas violentando la ley existente de hidrocarburo, que preveía que ninguna empresa podía tener más de cinco áreas en su acumulación. En la época de Menem se le permitió a las petroleras que aun hasta hoy tengan alrededor de 17 y algunas hasta 30 concesiones, incluso muchas dadas por decreto y sin licitación”.
En el último proyecto plantea una auditoría general para aquellas áreas que han sido concesionadas, que están dentro del marco de la Ley de Hidrocarburo, pero que no han cumplido con el plan de inversión establecidas en el pliego. “Es decir, pliego en mano el Estado debe controlar lo que no hizo durante 15 años: cuál ha sido el nivel de inversión. A la situación que se llegó hoy de desinversión no es por casualidad, sino que se debe a la ausencia del Estado frente al control de las áreas. Estas auditorías deben ser realizada por técnicos independientes de la Universidad Nacional de Buenos Aires y de la Facultad de La Plata, que deberán entregar al Congreso de la Nación y a la Secretaría de Energía para su publicación el estado real de toda la situación”, indicó.
“Qué hacer con YPF si se aprobaran estas leyes, esto pasaría a ser un mero trámite”.