Uno de los testigos claves en la causa que investiga el desvío de dineros públicos destinados al Puerto Ibicuy no se hizo presente, por lo que se pasó a cuarto intermedio, según informó el fiscal.
En la cuarta audiencia por el juicio oral y público a Félix Abelardo Pacayut, acusado por la supuesta apropiación de dineros públicos que estaban destinados para el Puerto Ibicuy, declararon Carlos Pacayut, el contador Rafael Alberto Morana y Julio César Ivanovich. La Corte decidió pasar a cuarto intermedio tras la ausencia de un testigo que la defensa considera clave en su declaración.
“Este jueves declararon testigos nuevos, propuestos por las distintas defensas técnicas, comparecieron todos, menos tres personas: dos que no fueron notificados, respecto de lo cual se va a insistir con esta notificación y un testigo restante que no pudo asistir a esta jurisdicción, ya que vive en Ibicuy”, expresó Rafael Cotorruelo. A lo que agregó: “La defensa hizo un pedido expreso para que éste testigo se constituya en el recinto ya que lo consideraba necesario, por lo cual se analiza la posibilidad que su declaración sea recepcionada por el Juez de Paz de esa localidad”, adelantó.
Consultado sobre la situación de los imputados, el fiscal expresó: “Consideramos que durante la producción de pruebas en el proceso, se está favoreciendo a la parte acusadora. En mi opinión, el juicio se desarrolla de acuerdo a nuestras previsiones”, indicó el fiscal de la causa, quien indicó que los alegatos fueron postergados para el martes próximo. “Hay testigos que con fundamento de causa, sostuvieron las acusaciones a los imputados”, indicó y reformuló: “La defensa proveerá otros testigos que eventualmente intentarán hacer un contrapunto respecto a esa cuestión”.
Asimismo, Cotorruelo adelantó que poseen testigos mucho más solventes que la contadora de la FIA, Diana Mirta Glimberg, quien manifestara su olvido respecto de los hechos que se investigan: “El dinero de los ATN era depositado en cuentas del Banco Entre Ríos a nombre del Instituto Autárquico Puerto Ibicuy. Es un punto discutido que el dinero haya ingresado ahí, lo que se discute es que se hizo después con esa suma”, dijo el fiscal. En la misma línea argumentó que los seguros de caución no forman parte de la hipótesis investigativa de la fiscalía porque el hecho delictivo se cometió antes. “La no ejecución de las cauciones agrega mayor ineptitud al manejo que tuvo el Estado respecto de la cosa pública”, explicó.
La fiscalía apuntará a la revisión de las fotocopias de las facturas, como datos indiciarios para “apuntar a que todo fue una maniobra conformada para apropiarse de fondos públicos”, argumentó el fiscal, quien finalizó indicando que la pena máxima por delito de peculado “es uno de los más graves que se pueden cometer contra la administración pública y en abstracto, el máximo de pena es de 10 años. Se evaluará qué pena pedir para cada imputado”.