Fraude de Ater
El fiscal de Estado de la provincia se refirió a la querella presentada por la Provincia luego del pedido del gobernador de que se ponga a disposición de inmediato frente al Ministerio Público.
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, indicó que el fraude cometido contra la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) se detectó a partir de una investigación hecha por los propios funcionarios del ente recaudador.
El gobierno provincial puso a disposición del Ministerio Público Fiscal todos los elementos disponibles para contribuir en la acción penal y, a través de la Fiscalía de Estado, se presentó como querellante en la causa que se tramita ante el Juzgado de Instrucción N° 6 de Paraná, ante la denuncia judicial iniciada por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), por la detección de irregularidades provenientes del mecanismo de compensaciones de contribuyentes.
El fiscal Julio Rodríguez Signes expresó: «Esto que ha pasado en ATER a nadie le gusta, lo valoramos de una forma muy negativa». Y remarcó que «hay que informar correctamente las cosas, sin otras intenciones, siendo objetivos. La investigación del hecho fue hecha por los mismos funcionarios de los ATER, nace a instancias del área del Ministerio de Economía y de la ATER», enfatizó.
El funcionario sostuvo que la irregularidad se dio a conocer por «lo que en administración se denomina el autocontrol». En ese sentido, desestimó que surgiera por una denuncia externa ni siquiera por un fiscal del Ministerio Público. «Es el propio director de la ATER, Marcelo Casaretto, el que hace la denuncia», remarcó.
«Las noticias son la consecuencia de la investigación que hace la propia Administración y la semana pasada, inmediatamente que el director de ATER nos comunica la situación, nos reunimos con los ministros de Economía (Diego Valiero) y de Gobierno (Adán Bahl) y comenzamos a evaluar la situación y a informarnos adecuadamente», sostuvo.
Luego, recordó el lunes el gobernador le solicitó que se ponga «a disposición del Ministerio Público Fiscal de inmediato» y señaló que «una vez que se produce un hecho que tiene características de delito penal, actúa de inmediato el Ministerio que es un órgano que pertenece al Poder Judicial pero es autónomo, independiente, que tiene su propio criterio para llevar adelante la acción penal».
«Hablé con el procurador general y al otro día, el martes, resolvimos constituirnos como querellantes particulares», dijo Rodriguez Signes quien agregó que «el gobierno, a través de la Fiscalía, participa como colaborador del Ministerio Público Fiscal para llevar adelante la acción penal».
Más adelante, Rodríguez Signes expresó que «está claro que la decisión, como no puede ser de otra forma, es investigar a fondo el hecho y adoptar todas las medidas que sean necesarias para resguardar la legalidad».
Aseguró que «todos los contribuyentes que incurrieron en esta maniobra, tienen que pagar los impuestos, los intereses y las multas»; y destacó que «desde el punto de vista penal vamos a hacer todo lo que sea necesario para que se apliquen las sanciones que corresponden». Al respecto, mencionó: «Vamos a aplicar el Código Penal y la Ley Penal Tributaria hasta las últimas consecuencias a todo el que haya estado vinculado con este tema sin importar grado, lugar, color político».
Rodríguez Signes indicó que «el Tribunal de Cuentas ya está actuando, si hay perjuicio fiscal corresponde que el tribunal accione para reparar el perjuicio» y confirmó que «los sumarios administrativos ya se iniciaron».
«Estamos en marcha en todos esos frentes, acá hay delito contra la administración pública y evasión tributaria y pusimos en funcionamiento todos los mecanismos para contribuir con el procurador general en la investigación».
Por último, señaló que «los nombres de los contribuyentes tienen que surgir de una investigación más profunda» y remarcó que «el primero que instruyó fue el gobernador, quien dio precisiones de cómo actuar».