Con los oídos en la gente
El día que se decidió sacar la policía a la calle.
Muchas voces se han alzado, tanto a favor como en contra, sobre las últimas medidas que el gobierno provincial ha implementado en todo el territorio entrerriano cuando a partir del decreto 2675 facultó a la policía a realizar operativos de controles a lo largo y ancho de la provincia con el fin de prevenir la ola de inseguridad que es moneda corriente en toda la extensión del país.
Una medida que tiene su génesis en las numerosas denuncias y fuertes críticas a los funcionarios que la sociedad venía reproduciendo indignada por los arrebatos y robos de los “motochorros”. Esta modalidad no solamente preocupa y sucede en Entre Ríos, sino en todo el país -con la diferencia de que acá por suerte no se llegó a tomar como héroe al motochorro-, y se estima que antes de la intervención policial, el 80% de los hechos delictivos eran producidos con este medio de trasporte.
Si bien la gota que rebalsó el vaso fue la muerte del contador Lizarraga en Paraná, para atrás ya eran incontables la cantidad de robos violentos, y se escuchaban en los medios denuncias que iban desde cómo a la personas mayores la arrastraban varios metros para sacarles la cartera, hasta numerosos casos en donde las víctimas eran rociadas con gas pimienta para arrebatarles sus propiedades. Este grado de violencia había llevado a generar un profundo estupor y repudio de la sociedad entrerriana.
Un claro ejemplo de la agresión con que los delincuentes amedrentaban a sus víctimas fue el robo, también sucedido en la capital entrerriana, de la adolescente en plena calle Mitre y Córdoba, a pocos metros de Casa de Gobierno, cuando la misma fue abordada por un sujeto que le sacó la cartera y luego le pidió el celular.
En ese caso, cuando la joven lo arrojó a unos metros de sí, en señal de resistencia, provocó la ira del delincuente que, sin ningún tipo de piedad, le disparó a quemarropas en el abdomen con un arma calibre 22, y se dio a la fuga en una moto, mientras a pocos metros se encontraba un funcionario policial que no pudo evitar el robo ni la fuga.
Estos y otra tanda de numerosos hechos graves y los consecuentes reclamos que la sociedad disparaba contra los tres poderes del Estado, exigiendo, sobre todo, seguridad o prevención, necesitaba de políticas y medidas concretas de tolerancia cero, a pesar de las críticas que desde muchos sectores se descargaron.
Es más, tal fue el reclamo social, que el Estado tuvo que poner las barbas en remojo y obligar a sus más altas autoridades, como ministros, la presidente del Superior Tribunal, el Procurador General de la provincia, el Jefe de la Policía, legisladores, fiscales, jueces, defensores oficiales y jefes comunales, a realizar reuniones periódicas para determinar la forma de responder a este urgente flagelo.
La propia presidente del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, palabra autorizada si las hay, en cuanto a lo delictivo, manifestó a este medio: “armas, motos y drogas es un combo mortal que atraviesa todos los tipos de delitos”.
Lo mismo manifestaban los funcionarios de la cúpula policial, el objetivo estaba claro: había que apuntar a las motos.
El resultado no podía ser otro, problemas urgentes necesitaban de medidas estrictas de tolerancia cero, algo que fue criticado por muchos sectores que se vieron perjudicados con las medidas, como los talleres mecánicos, las casas de repuestos de motos, que mermaron en sus ingresos ya que con la implementación de los operativos, en Paraná, por ejemplo, ya casi no se ven motos circulando.
Las críticas y el rechazo de la gente afectada por la retención de los vehículos se descargaba con el argumento de que si el gobierno pretendía terminar con la inseguridad, debía atacar directamente a los delincuentes, y sostenían que la policía sabe donde están los ladrones, quiénes son los cuatro o cinco por barrio que se dedican a robar, y no implementar la tolerancia cero, poniendo a todos en la misma bolsa, afectando a todos los que utilizan este medio de trasporte.
Pero, más allá de estos cuestionamientos, que hasta han llegado a la inconstitucionalidad, los resultados fueron altamente positivos y están a la vista: no sólo bajaron en un 80% los robos, sino que además se han salvado vidas evitándose accidentes de tránsito.
Llamativamente uno de los pocos accidentes, con gran repercusión pública, que se ha tenido que lamentar, luego de la implementación de los controles con las motos, fue la del sobrino del vicegobernador José Cáceres, sucedido días pasados en Avenida Zanni.
El dato altamente positivo de esta política llevada a cabo por el gobierno provincial con el acompañamiento de los gobiernos municipales es que se redujeron a cero los ingresos a los hospitales por accidentes de tránsito en donde la víctima se desplazaba en moto.
Pero lo que también puso sobre el tapete y llama a la reflexión es que la medida demostró que la gente es hija del rigor, hoy usamos el cinturón de seguridad porque nos van a aplicar una multa, hoy nos ponemos el casco por lo mismo. Es más, hoy se prefiere no usar más las motos, no tanto por la documentación, sino porque seguramente no presenta todo lo necesario para circular, como focos, espejos, y demás, olvidándonos que son reglas que están vigentes desde hace mucho tiempo, con lo que queda en claro que mientras la amenaza de sanciones o retenciones no esté latente, no respetamos las normas.
Indudablemente, este ha sido un reclamo de los ciudadanos que fue escuchado por el gobierno. Una medida que las otras provincias con altos índices de accidentes mortales y delitos quieren imitar, pero no se animan a cargar con el costo político que representan los comentarios negativos. Con esto queda en claro que, más allá de las críticas y polémicas que la medida genera, el fin, en este caso, sí justifica los medios.