Operativo sorpresa
Los empleados no estaban en conocimiento, la orden judicial la habría otorgado el juez federal Cassanello.
Un escándalo lo que se está palpitando por estas horas en el Pami Concordia luego del ingreso intempestivo y de manera sorpresiva del personal de prefectura en virtud de una orden de allanamiento del juez federal Gustavo Cassanello.
El allanamiento se suscitó en la mañana de este miércoles, en las oficinas de la Unidad de Gestión Local Número 34 de PAMI, ubicada en Tucumán 67, esquina Urquiza, de Concordia. Personal de esa dependencia nacional desconocía que tal cosa ocurriría.
Si bien fue sorpresivo, esta no es la primera vez que ocurre, ya que, a fines de febrero, ya hubo allanamientos similares.
Fue, entonces, por la venta de remedios a afiliados ya fallecidos. Así lo había ordenado el juez Casanello, que investiga el caso. Estiman que el negociado le habría costado unos $ 1500 millones a la obra social.
Hay muertos que aparecían en el padrón del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, según la denuncia que realizó el organismo a cargo de Carlos Regazzoni.
Según la denuncia que presentó el propio Regazzoni, a principio de febrero contra la anterior administración que dirigió hasta diciembre el kirchnerista Luciano Di Cesare, el desfalco habría ocurrido con los medicamentos para diabéticos (tiras reactivas) y en la maniobra utilizaron documentación apócrifa de unas 7500 personas fallecidas.
Los beneficiarios, según el escrito que las nuevas autoridades del PAMI presentaron ante la Justicia, continuaron comprando tiras reactivas luego de su deceso.
«Como en la demanda denunciamos que había muertos que figuran como vivos, la Policía Federal vino a buscar esos datos», detallaron entonces a diario «La Nación» fuentes de la obra social más grande de América latina, con 5.500.000 afiliados.