Causas por aportes previsionales
“Me pondré a disposición de la justicia”, expresó el legislador, quien está imputado en la causa por incumplimiento del pago de los aportes a la Caja Municipal de Jubilaciones de Diamante durante su intendencia de esa ciudad.
El diputado y exintendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón, adelantó que en las próximas horas solicitará su desafuero en la Cámara Baja de la Legislatura de Entre Ríos para ponerse a disposición de la justicia en la causa en la que se investiga la comisión del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público según lo establece el artículo 248 del Código Penal.
“Me pondré a disposición de la justicia pese a que hasta ahora no he sido notificado de la nueva resolución y he tenido conocimiento de ello a través de los medios periodísticos. Confío plenamente en la independencia del Poder Judicial. De todos modos debo reconocer que me resulta por lo menos llamativo que antes de ser notificado de la resolución ésta le sea entregada a los medios periodísticos”, se quejó el legislador.
La causa que se le imputa al diputado del Frente Para la Victoria es el incumplimiento del pago de los aportes a la Caja Municipal de Jubilaciones de Diamante, desde el año 2005. Sobre el hecho, el expresidente municipal sostuvo que “discutir la discrecionalidad de la acción es sesgar la realidad de los hechos porque sencillamente el dinero no estaba disponible para cumplir con el plazo que estipulan las normas legales. Y no solo no estaba la plata durante mi gestión sino que tampoco la tuvieron los exintendentes Humberto Ré y Juan Colobig que fueron denunciados por la misma causa cuya acción prescribió”, recordó el legislador.
Darrichón aseguró que “desde que se presentó la denuncia en marzo de 2009, en pleno proceso electoral, se puso en evidencia la intencionalidad política de la misma. Ahora, montados en la estrategia de seguir ocultando el daño que la Alianza Cambiemos le está provocando a los argentinos, reflotan denuncias en una actitud carroñera que se monta al estado de sensibilidad de la gente para pretender ensuciarnos a todos quienes hemos ocupado cargos en el período de mayor crecimiento que tuvo nuestro país. Habría que preguntarle a los trabajadores municipales si estaban mejor antes o ahora” sugirió Darrichón, y aseguró que “los dirigentes de Cambiemos ya proyectan ponerme afuera del escenario político con la misma lógica de judicializar la política con una urna en la cabeza. Estoy absolutamente tranquilo y por eso no me aferraré a ningún privilegio para eludir la acción de la justicia. La gente de mi pueblo sabe de la transparencia de mi gestión y los trabajadores municipales no desconocen que más allá de los plazos, cuya legalidad no ignoro, nunca dejé de cumplir con esos aportes. Yo no busco el beneficio de la prescripción”, enfatizó.
Darrichón consideró que “resulta lamentable que se eche mano a estas acciones porque, en la intención de sacar del escenario político a un militante a quien una inmensa mayoría de vecinos le depositó la confianza de ejercer la presidencia municipal en dos oportunidades, se daña la confianza de los ciudadanos en la política y hasta el valor de la democracia”.
El legislador desafió a sus denunciantes a los que identificó como dirigentes de Cambiemos en su mayoría a no dirimir cuestiones políticas en el ámbito de los tribunales y los invitó a revisar las acciones idénticas que se sucedieron en las gestiones radicales “sin que ninguno de nosotros se prendiera del cuero como los caranchos para hacer oportunismo político”.
Las denuncias contra el actual legislador se presentaron ambas el mismo día 19 de marzo del año 2009. Una de ellas con la firma del entonces presidente del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) e hijo de Miguel Pacheco, quien se había desempeñado como secretario de Hacienda durante la gestión del abogado Humberto Re.
La otra fue ingresada por empleados municipales con el patrocinio legal del abogado Julián Vergara quien ocupara la secretaría de hacienda municipal durante la gestión del médico Juan Colobig.
Datos de la causa
A Darrichón lo acusaron de incumplir con el pago de los aportes jubilatorios por parte de la Municipalidad a la Caja Municipal de jubilaciones desde el año 2005 en adelante.
En la causa fueron imputados también, Héctor Zapata, como Secretario de Hacienda, y Oliva Cáceres de Taleb, como Contadora Municipal.
Un dato que no es menor en la cronología de los hechos es observar que por el mismo delito (incumplimiento de los deberes de funcionario público, según lo establece el artículo doscientos cuarenta y ocho del Código Penal, que consiste en no ejecutar leyes cuyo cumplimiento le incumbiere), fueron también imputados durante sus respectivas gestiones los exintendentes Humberto Ré, el entonces secretario Miguel Pacheco, el médico Juan Colobig y hasta el propio abogado denunciante Julián Vergara que había sido secretario de hacienda. A diferencia de Darrichón, todos fueron sobreseídos por prescripción de la causa.
En realidad, Darrichon, Zapata y Cáceres habían sido sobreseídos en el Juzgado de Instrucción. Luego, el fiscal Guaita, de la ciudad de Victoria, que se hizo cargo de la causa tras excusarse el fiscal de Diamante, apeló el sobreseimiento. Lo extraño fue que el fiscal sólo apeló el sobreseimiento de Darrichón y Zapata y no el de Oliva Cáceres, que como Contadora era quien debía ejercer el control de la acción con facultad para aprobarla o rechazarla. El contador, en términos jurídicos es el encargado del control de legitimidad de los pagos y nunca se formuló oposición alguna a cómo se abonaban salarios y aportes en la Municipalidad.
En alzada, la causa recayó en la Sala Primera integrada por los abogados Hugo Perotti, José María Chemez y Miguel Ángel Giorgio. La Sala confirmó el sobreseimiento en fallo dividido ya que Giorgio votó en contra. Contra dicho fallo se apeló al Ministerio Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en casación. El STJER, revocó por nulidad de la resolución y ordenó que se dicte una nueva resolución.
La Sala Primera, ahora con nueva composición, e integrada por los abogados Elvio Garzón, Ricardo Bonazzolla y Alejandro Grippo revocó el sobreseimiento de Héctor Zapata y pidió el desafuero de Darrichón. Garzón, para justificar su voto, utilizó como precedente una sentencia dictada por el Procurador General, Jorge García, cuando éste era juez de instrucción. El precedente de Jorge García era idéntico al caso y había dictado el sobreseimiento de los imputados.
De los nueve jueces actuantes, hubo siete posiciones distintas, porque incluso, entre los que resolvieron en el mismo sentido tuvieron, algunos, distintos criterios o interpretaciones.
Lo que está debidamente comprobado y documentado es que durante todas las gestiones municipales, incluso la última correspondiente al comisionado de la dictadura militar, se omitieron los pagos de aportes en términos.