El Gobierno entrerriano centraliza el manejo de los fondos.

El Poder Ejecutivo emitió un decreto en el que crea el Sistema Centralizador de Fondos Públicos; las decisiones que se toman en la gestión de Bordet van en una dirección: la austeridad.

La Directiva Nº2 para los ministros, directores de entes descentralizados y autárquicos y jefes de los servicios administrativos contables, que puso coto a cualquier tipo de contratación de personal que no cuente con aval “de autoridad competente”; se convirtió en decreto.

La medida, que llevó en su momento la firma del secretario General de la Gobernación Edgardo Kueider, crea a partir del 1º de enero el Sistema Centralizador de Fondos Públicos.

El decreto Nº 405 del Ministerio de Economía, que tiene fecha del 29 de diciembre de 2015 y fue publicado en el Boletín Oficial del 19 de mayo pasado, establece que la Tesorería General será la encargada de la coordinación, programación y supervisión del sistema. Se dispone también que “todos los organismos y/o entes del Estado que tuvieren cuentas abiertas en otras entidades financieras que no sea el Agente Financiero Provincial, deberán, en un plazo máximo de treinta (30) días de la fecha del presente, proceder a cerrar dichas cuentas y transferir los fondos allí existentes”.

El texto deroga “todas las normas que se contrapongan a lo dispuesto en el presente decreto”. En los considerandos dice que “resulta imperioso” que el Poder Ejecutivo “tenga un conocimiento cabal y detallado de los fondos, títulos y demás valores que integran el Tesoro Provincial a fin de optimizar su utilización” y remarca que “surge la necesidad de ordenar la custodia y asignación de dichos fondos, con la finalidad de lograr una adecuada atención de las prioridades financieras del Estado Provincial” y “una eficiente y eficaz coordinación de la totalidad de las unidades o servicios de tesorería que operen en el ámbito público de la administración provincial”.

En resumen, la iniciativa termina, también básicamente, con la política de contratar personal para que luego el gobernador ratifique los nombramientos.

Gustavo Bordet, ni bien asumió la Gobernación, explicitó su proyecto de gestión que tendría como prioridad un ordenamiento en el manejo de los fondos públicos.

A la Directiva Nº2, luego convertida en decreto, le siguió otra que ordenó “el cese de pleno derecho de todas las adscripciones”. Esto es, en rigor, la prohibición para que un empleado que se desempeñaba en un área pase a otra. En muchos casos, la salida de un empleado para ser trasladado a otro lugar obliga al Estado a cubrir esa vacante, generando un gasto.

Una de las sorpresas que se llevó Bordet cuando se sentó a ver los números respecto a los gastos corrientes fue el abultado presupuesto que había en alquileres de inmuebles para el funcionamiento de oficinas. Una idea anda dando vueltas: levantar un edificio sobre el garaje de Casa de Gobierno, sobre calle Córdoba, lindante con la Policía. Allí irían a parar algunas reparticiones. También detrás del edificio del Instituto del Seguro hay un espacio en el que se está pensando para reubicar áreas del gobierno. Esto sería un primer paso de un plan de reorganización edilicio de la administración.

En su plan de ordenamiento, el Gobernador ha decidido darle una solución a un tema sensible para los entrerrianos: por estos días se analiza si vale la pena mantener Líneas Aéreas de Entre Ríos (LAER). El mandatario sugirió y, en definitiva adelantó su parecer, al decir que “sería excesivamente oneroso y costoso” continuar con la empresa. El gobierno provincial no tiene decidido cerrar la empresa aérea, pero sí decidió “encontrarle una solución de fondo” a la cuestión. El secretario de la Gobernación, Edgardo Kueider, contó hace unas semanas a EL DIARIO que el Poder Ejecutivo designó como interventor al director contable el director contable de la empresa, Alfredo de Meyer; para que realice un informe integral de la cuadro de situación. La empresa dejó de volar en marzo de 2014 cuando en la provincia comenzó a operar Aerolíneas Argentinas, que se ocupó de todas las rutas que hacía la firma entrerriana.
Desde el Gobierno se aseguró que cualquiera sea el desenlace, garantiza la continuidad laboral del plantel de que cuenta con unos 30 trabajadores.

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