159 carillas para el dictamen
La votación tuvo 21 afirmativos y 12 negativos; “la Dra aún en ejercicio de la Presidencia, no superó el promedio de sus restantes colegas en cantidad de licencias y ausencias”.
Los legisladores aprobaron un dictamen de mayoría que envió al archivo el pedido de juicio político formulado contra la Presidente del Superior Tribunal de Justicia Claudia Mizawak. Ello luego de abrir una investigación preliminar que culminó en un dictamen de 159 carillas y de la evaluación de una profusa prueba consistente en oficios a organismos públicos, testimonios y prueba aportada por la propia acusada que, hay que recordar, se presentó ante la Comisión encargada del procedimiento para pedir que no se rechazara in límine la denuncia sino que se le diera el derecho a probar la falsedad de la misma en todos su puntos.
Con 21 votos afirmativos sobre 12 negativos los miembros de la Honorable Cámara de Diputados rechazaron el pedido de Juicio Político. A los votos de la bancada del Frente para La Victoria, se le sumaron los votos positivos de los diputados de UNA Gustavo Zavallo y Daniel Koch, y el del radical Ricardo Troncoso.
La denuncia contra Mizawak es una consecuencia del avance del juicio político que tiene al borde la destitución al vocal del STJER Carlos Chiara Díaz. Este en su exaltada primera defensa oral endilgó a los gritos graves cargos contra Mizawak. Estos dichos, así como fueron expresados fueron tomados por un grupo de abogado y dirigentes políticos para presentar una denuncia contra la actual titular del STJER.
En cuanto a la denuncia de vínculos societarios entre la Presidente Mizawak o parientes cercanos y el ex gobernador Sergio Urribarri ningún los informe de los organismos oficiales competentes incorporados a la investigación como respuesta los oficios librados al efecto encontró relación societaria entre ambos ni con el marido de Mizawak, el funcionario Raúl Arroyo.
La empresa de la que Mizawak fuera accionista junto a su marido, Emprendimientos AyM SA fue fundada en 2003 a partes iguales, declarada fiscalmente por Mizawak y declarada por la investigada en ocasión del tratamiento de su pliego en el Senado en 2008. Se demostró, que la empresa de Mizawak y Arroyo nunca facturó obra pública ni a Estado entrerriano, ni a la municipalidad de Paraná ni al Poder Judicial. No obstante, además Mizawak se retiró la sociedad en 2013.
Otro de los puntos que los denunciantes recogieron de la presentación que hiciera Chiara Díaz en oportunidad de ejercer su defensa en Diputados fue que calificó a Mizawak como la “reina de los viajes” por lo que pidieron que se investigue al respecto. Ofendida al extremo Mizawak descargó todo el aparato administrativo de Tribunales para demostrar que se trataba de un exabrupto sin sustento aportando la documentación correspondiente.
“Es que la gran diferencia entre el caso Mizawak y el caso Chiara Díaz, es que la primera dejó constancia en cada caso de la justificación de sus viajes como reales comisiones de servicio, mientras que el segundo encubrió en la mayoría de los casos, actividades académicas y personales” dice el dictamen de la mayoría en la página 39. Pero la diferencia no está sólo en las formas sino en el quantum.
Agrega el dictamen a fojas 38 que “la Dra. Claudia Mónica Mizawak, aún en ejercicio de la Presidencia, no superó el promedio de sus restantes colegas en cantidad de licencias y ausencias, en todos los periodos considerados (año 2010/2015), todo lo que surge con claridad de la comparación agregada como prueba j). Y continúa “de ninguna de la prueba aportada surge que, amén de esas licencias y ausencias autorizadas, la Dra. Mizawak no haya estado en su despacho para el desempeño de sus tareas.”
Finalmente, sobre la supuesta falta de idoneidad en relación al robo de armas bajo custodia directa del Poder Judicial, su comercialización y venta ilegal, las mismas sobrepasan la responsabilidad directa de los integrantes del Alto Cuerpo, desde donde se iniciaron las actuaciones que llevaron a la investigación penal de público conocimiento, además de la intervención del área y la designación de nuevos funcionarios a cargo para llevar adelante la tarea de custodia.