Guzmán y Zavallo demandan al municipio por irregularidades en la habilitación de los loteos del Acceso Norte.

Se amplió el amparo

Alude a los daños que la urbanización puede provocar en la zona por los desagües, drenajes pluviales y servicios, y por la utilización sin autorización de alcantarillas de Vialidad Provincial.

En horas de la tarde de este martes, a través de este Portal, trascendía que los diputados Gustavo Guzmán (FpV) y Gustavo Zavallo (FR), se hacían eco de las graves denuncias de los vecinos de la zona, de las autoridades municipales y de la provincia por las irregularidades y arbitrariedades cometidas por el Colegio de Bioquímicos y la Empresa constructora Norvial en la ejecución de la obra de urbanización y fraccionamiento (loteo) del Acceso Norte a través de un amparo.

Un proceso judicial que, según confirmaron los propios diputados provinciales, Guzmán y Zavallo, se suscribió como representantes del pueblo, y que estuvo dirigida contra los privados con el objeto del “cese inmediato de la obra denominada “URBANIZACION CALLE FRATERNIDAD Nº2365, Nº2485 y Nº2502, Partida Municipal Nº48.066-3, Nº48064-7 y Nº46276-0”.

Entre los argumentos esgrimidos, la demanda indica que se “perjudica y perjudicará más aun, en potencia, a la zona geográfica donde la misma está ejecutándose, con respecto a las inminentes inundaciones y anegamientos por la falta de previsión de desagües y drenajes.

Además, se utilizan para los drenajes las banquinas pertenecientes a la Dirección Provincial de Vialidad, que en su momento había emitido a los privados una intimación para que cesaran de inmediato las obras hasta contar con los estudios correspondientes.

Cabe destacar que esas banquinas están planificadas y ejecutadas para el desagüe pluvial de las rutas, pero no están preparadas para el gravísimo impacto ambiental que una urbanización de estas características podría provocar.

Esos desagües desembocan en el Loteo Greca, que también tendría una habilitación irregular porque se calificó a un terreno inundable como si no lo fuera, ubicado en el Barrio Hernandarias, en donde los vecinos se verían gravemente perjudicados por una serie de obras de drenajes mal hechas que podrían provocar graves inundaciones.

Asimismo, los amparistas, manifestaron que la demanda también apunta contra la Resolución del entonces subsecretario de infraestructura de la gestión municipal anterior, Abelardo Llosa, por la cual se autorizó el inicio de la obra sin haberse cumplimentado las normas previstas en el Código Urbano y las leyes.

Ahora se conoció que en horas posteriores a dicha presentación, los diputados provinciales, ampliaron la legitimación pasiva de la misma, codemandando no solo al titular del emprendimiento privado y la empresa constructora, sino también a la Municipalidad se Paraná.

La ampliación de la legitimación, tuvo su fundamentación, básicamente, en el hecho de que la misma autorizó el inicio de los trabajos que los amparistas calificaron como violatorios al medio ambiente, sino que también infringió en forma grave, actual y manifiestamente ilegítima, derechos constitucionales de la comunidad de Paraná.

Un amparo y ampliación que deberán ser dirimidos por el juez Pablo Virgala y en donde están afectados los principios protectorios del ambiente, como también los derechos a la salud y a la calidad de vida de la población, puntualmente de los vecinos del acceso Norte y zonas aledañas.

De esta manera, al ampliar la legitimación pasiva de la demanda, los diputados provinciales entienden que el Municipio paranaense tiene responsabilidad y debe responder por la autorización de una urbanización irregular.