Dudoso vínculo
Avanza la obra de construcción del puente de calle Moreno que hace la empresa que convirtió en socios a Blanca Osuna y Carlos Molina con Sergio Varisco y Walter Rolandelli.
En la tarde de este miércoles llegaron a la ciudad de Paraná los pilotes fundamentales para el puente de Bulevard Moreno sobre el arroyo La Santiagueña, entre calles San Luis y Salta de la capital provincial.
Para realizar la obra, el municipio contrató a la empresa constructora Norvial, que posee antecedentes nefastos y recientemente acumula numerosas denuncias por irregularidades, fraude y lavado de dinero.
En febrero de este año se encendió una alarma en la obra de calle Moreno luego de que una de las máquinas que trabajaban en el lugar cayera al arroyo. Si bien no hubo que lamentar heridos, la situación planteó el interrogante acerca de la calidad de la construcción y las normas de seguridad que maneja la empresa para los trabajadores.
Norvial, una de las empresas más beneficiadas con la obra pública en la provincia, también se encargaba en Concordia de obras en el marco del Programa de Mejoramiento de Barrios (Promeba), hasta que el intendente Enrique Cresto decidió rescindir el contrato debido a numerosas anomalías .
Según denunciaron los vecinos, la empresa asfaltaba sobre cloacas en mal estado, que luego reventaban, provocando grandes daños y contaminación en los barrios. La avivada de Norvial, sostienen, consistía en realizar el trabajo con una capa de material más fina que la contratada, por lo que debía volver a asfaltar y cobraba dos veces la misma obra.
A pesar de que la empresa contaba con ese historial, el municipio le otorgó la licitación por más de 12 millones de pesos sujetos a ampliación, aunque algunos expertos afirman que la obra podría llevarse adelante con no más de 7 u 8 millones de pesos.
Norvial es encargada también de una millonaria obra de urbanización perteneciente al Colegio de Bioquímicos ubicada en el Acceso Norte de Paraná, en un terreno inundable, de arroyos y cañaverales, en donde los vecinos están preocupados porque el agua de las napas está casi al nivel del terreno y Vialidad Provincial denunció la utilización de sus banquinas para los desagües.
Debido al grave peligro de impacto ambiental que presenta la construcción que dejará ganancias millonarias para los privados, tanto Vialidad como la subsecretaría de Infraestructura del municipio, conducida por el arquitecto Eduardo López Segura, intimaron a la empresa a detener los trabajos, pero Norvial hizo caso omiso.
Hoy en día la causa del loteo del Acceso Norte se encuentra en la Justicia provincial, en manos del juez Pablo Vírgala, luego de que los diputados Gustavo Zavallo y Gustavo Guzmán presentaran un recurso de amparo para que la empresa detuviera los trabajos antes de causar un daño irreversible al ambiente.
La ejecución de la obra fue aprobada en la gestión de Blanca Osuna por el entonces subsecretario de Infraestructura, Abelardo Llosa, y el director de Vialidad Urbana, Xavier Bilbao, en complicidad con Carlos Molina, esposo de la ex intendenta.
Pero lo llamativo del caso es que la habilitación fue otorgada en diciembre de 2015, apenas seis días antes del paso de mando, y sorprende también que el actual intendente Sergio Varisco acompañara sin la más mínima objeción la decisión de su antecesora.
La sospechosa autorización fue gestionada por el representante y presidente del Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos, Roberto Gebhart, padre del secretario de Relaciones Institucionales de la provincia, Pedro Gebhart.
Las irregularidades en cuanto a la habilitación se desprenden también del informe de gestión ambiental que presentaron los privados, que lleva la firma de una ingeniera ambiental de Santa Fe que denunció penalmente a la empresa porque sostiene no haber realizado el informe y afirma que ni siquiera conoce el loteo en cuestión.
Más allá de todas esas irregularidades, el secretario Legal y Técnica del municipio, Walter Rolandelli, defendió la bochornosa habilitación y a todos los involucrados en ella al declarar en su descargo ante la Justicia que “la Municipalidad de Paraná ha dado debido cumplimiento con todos los requisitos legales y reglamentarios para la aprobación de la factibilidad y del comienzo de los trabajos de la obra cuestionada por los amparistas”.
A raíz de la investigación judicial también salió a la luz que quienes figuran como dueños de Norvial también tienen dudosas referencias. El ingeniero agrónomo Leonardo Damonte fue condenado a prisión por estafas al Estado, y María Eugenia Castrillón es una beneficiaria del Procrear que no registra impuestos activos en la AFIP, a pesar de su empresa factura cuantiosas sumas por la construcción de urbanizaciones y posee como patrimonio una importante flota de camiones y decenas de máquinas que oscilan entre los 300 y 400 mil dólares.
En el acta constitutiva de la empresa, suscripta ante escribano público y que se encuentra en el despacho del juez Virgala se lee: “el capital se emite íntegramente, siendo suscripto por los accionistas de la siguiente forma: Granos Argentinos SA: suscribe 1800 acciones, o sea la suma de pesos ciento ochenta mil ($180.000), equivalente al noventa por ciento y María Eugenia Castrillón, suscribe 200 acciones, o sea, la suma de pesos veinte mil, equivalente al diez por ciento”.
Granos Argentinos SA está presidida por el mismo Damonte, quien junto a su mano derecha, Néstor Dalmolin, quien llamativamente es concuñado de un legislador provincial, actualmente presidente de NORVIAl Servicios S.A., una empresa estrechamente ligada a Carlos Molina.
Esta situación llevó a que Zavallo y Guzmán denunciaran penalmente a la empresa por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, ya que sindican a Castrillón como posible “socio aparente” o “testaferro”, en una causa que está en las manos del fiscal Alejandro Piérola.
Por ese motivo, piden investigar penalmente “quién es en verdad el socio oculto de esta Sociedad Anónima”, debido a que “es harto conocido que de la sola figura del ‘testaferro’, surgen ineludiblemente emparentados la comisión de delitos como los de lavado de activos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, evasión fiscal agravada, entre otros, lo cual implica la necesaria investigación penal”.
Los diputados sostienen que “la empresa constructora demandada, vinculada por la obra pública con el fisco provincial y municipal, como también con los privados, se dedica a construcciones que pueden llegar a perjudicar a muchos ciudadanos de la provincia”, por lo que consideran necesaria la investigación.
A pesar de las numerosas denuncias en contra de Norvial, el municipio mantiene su vínculo con la empresa que indudablemente busca el beneficio económico en detrimento de la calidad de las obras que realiza, pasando por alto las advertencias de gravísimo impacto ambiental y sin escrúpulos para perjudicar a los vecinos.