Millones más, millones menos
Todavía no se acallaron las voces de los allanamientos a la mutual Modelo y otras por la causa Sidecreer, y se reflota el intento de los empresarios y sus socios de cobrar con facturas del Instituto Penitenciario por colchones donados para los inundados.
Desde la ciudad de Concordia piden que se esclarezca la causa penal por los colchones que donaron para los inundados por parte de la provincia y luego empresarios privados intentaron cobrarle al Municipio, luego de la gran crecida del río Uruguay que el año pasado afectó a la capital del Citrus y otras ciudades.
La creciente provocó que miles de personas tuvieran que dejar sus hogares, pero, más allá del terrible flagelo, este tipo de problemáticas afloran a solidaridad, por lo que miles y miles con donaciones para las familias que habían perdido todo.
Sin embargo, también afloraron las miserias humanas, y muchas veces, lo que parece ser un noble gesto esconde una gran avivada.
Esto fue lo que pasó cuando el Municipio de Concordia y el intendente Enrique Cresto recibieron desde la provincia, en calidad de donación, cientos de colchones, almohadas y frazadas para destinar a los damnificados.
Días más tarde, según trascendió desde el Municipio, el empresario Adrián Bruffal se habría presentado en el municipio queriendo cobrar un millón de pesos por la donación enviada, llamativamente, mediante una factura del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, algo que también reclamó uno de los socios de Bruffal, Miguel Marizza.
Una gran avivada que fue denunciada por oyentes del programa “La Tribu”, que se emite por la Radio concordiense “Del Sur” , los cuales alertaron sobre el facsímil de una boleta, por el cual se pretendió cobrar a la Municipalidad de Concordia, un millón de pesos en concepto de 1000 Kit de Emergencia, según consta en Factura Nº 0001-00001189, con fecha 12 de enero de 2016, a nombre del SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RÍOS – UNIDAD PENAL Nº1 , con dirección en Marcos Sastre Nº 300, de la ciudad de Paraná.
En aquel momento, un importante medio de la ciudad, manejaba dos posibilidades: la donación fue la realizada por dos empresas vinculadas al empresario Miguel Marizza y sus conocidos socios o realmente los elementos eran del Estado provincial, lo que agrava mucho más la situación.
La primera hipótesis parecía ser la más viable, por lo menos por los comentarios en la ciudad, que daban cuenta que, luego de haber ingresado la factura para su cobro, uno de los socios del empresario fue quien gestionó, antes las autoridades municipales, la percepción del millón de pesos.
Según los mentideros de la capital el citrus, Adrián Bruffal, presidente de la Mutual Modelo, se se habria presentado en reiteradas oportunidades en el Municipio para tratar de apurar el cobro, algo que también habría hecho el propio Marizza.
Es archiconocida la sociedad comercial y empresarial que mantienen Bruffal y Marizza, constando como últimos negocios emprendidos: del ya caduco boliche Ortiz de la capital entrerriana hasta el reciente “B612” pasando por varios emprendimientos habitacionales y varias obras públicas con la Provincia y con Municipios.
Negocios, todos estos, que de mínima fueron enormemente cuestionados, como también, y más grave aún, denunciados.
Una sociedad que en los papeles lleva el nombre de “Puerto Príncipe S.A.”, denominación que, según sus propios socios, surgió como homenaje a El Principito.
Puerto Príncipe S.A. tiene como actividad principal, según consta en AFIP, la prestación de servicios de salones de baile, discotecas y similares, servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento y como actividades secundarias los servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo, expendio de comidas y bebidas, alojamiento y servicios de comida y de guardería náutica.
Del 100% del paquete accionario, el 25% pertenece a OICSA, el 25% de la empresa Cavalli S.A. cuyo titular es Marizza y otro 25% de Bruffal.
OICSA es una muy cuestionada empresa constructora con domicilio en San Benito que el año pasado fue allanada luego de que el intendente de Larroque la denunciara por sobreprecios, noticia que recorrió el país debido a que el jefe municipal devolvió el dinero a Nación.
Marizza, el hombre fuerte de la obra pública, como se lo conoce, también es fuertemente cuestionado por los grandes negocios que hizo con el estado, pesando actualmente sobre él una grave investigación penal por las contrataciones en la Cumbre del Mercosur, proceso por el cual también se allanó su empresa.
Bruffal, otro hombre fuerte pero del mutualismo, es el titular de la Mutual Modelo, empresario que ha incursionado en pingues negocios el cual llamativamente es categoría F del monotributo facturando tan solo 20 mil pesos al mes lo cual no se condice con la afamada vida que lleva, la Mutual fue allanada la semana pasada luego de una denuncia realizada por diputados de Cambiemos contra el ex titular de Sidecreer y otros funcionarios del área.
Una causa penal que, a diferencia de la de los colchones que ya lleva un año, avanzó sobre manera, encontrando Fiscalía elementos en la causa que indicarían serios indicios de vinculación entre los funcionarios denunciados y varias mutuales.
Dichos elementos fueron los motivantes para que no solo Fiscalía solicite sendos allanamientos en las oficinas de la Mutual Urquiza, la Asociación Mutual del Personal del Club Atlético Pilar (Amcap), Solidaridad Mutual Comunitaria de Entre Ríos y Asociación Mutual Modelo, sino para que la jueza de garantías Paola Firpo autorice los mismos .
Según los fiscales de la investigación penal contra Juan José Canosa y/o ex Director de la tarjeta SIDECREER, Nelio Calza y/o los miembros del Directorio y/o responsables de la tarjeta SIDECREER por la supuesta comisión de ilícitos que afectan al erario público, entre los que se encuentra, el delito de enriquecimeinto ilícito, las mutuales mencionadas habrían sido beneficiadas con negocios por sumas millonarias durante la gestión de Canosa al frente de Sidecreer.
La sospecha puntualmente es que Canosa se habría beneficiado con el ingreso de las mutuales a partir del esquema que dispuso cuando estaba al frente de Sidecreer. El propio Canosa admitió que las cuatro mutuales allanadas “prestaban ayuda económica para los socios y eso se descontaba por la tarjeta”. En una entrevista explicó que “en términos operativos, (las mutuales) eran consideradas como un comercio más. Un socio iba a una mutual, obtenía esa ayuda económica y se le descontaba mayoritariamente hasta en 36 cuotas, depende el producto y la operatoria. Como si fuera un comercio más”.
Dichos allanamientos, según precisaron fuentes judiciales, arrojaron resultados positivos, secuestrándose computadoras, pendrives, discos externos y otros medios de almacenamiento de información, además de documentación respecto de inversiones que podría haber realizado Canosa.
Más allá de estas vinculaciones, las cuales tienen como objeto pingues negocios, a un año del escándalo de los colchones donados, desde concordia se escuchan voces que exigen que también se esclarezca la causa penal que involucraría a Marizza y sus socios.
Un escándalo sin precedentes, que parecía que al principio fue tomado muy seriamente por la justicia entrerriana, originándose una investigación de oficio por parte de la fiscalía de Concordia, pero luego de los allanamientos a la Mutual Modelo, piden que se avance en la causa, que no quede en la nada esta maniobra de estos poderosos empresarios que han hecho millonarios negocios con el Estado y que se determine si existe vinculación entre estos empresarios y el servicio penitenciario, órgano estatal titular de la factura por un millón que se pretendió cobrar.