Sin informe contable, dictamen jurídico y auditoria
El Servicio Penitenciario provincial protagonista de un nuevo escándalo en donde el tribunal de cuentas y la secretaria de trabajo, que conduce Balla, miran para el costado, más preocupados en funcionar como agencias de colocación para familiares cercanos.
Los reclamos por el avance de la investigación penal preparatoria por el escándalo de los cochones sucedido en Concordia generaron un enorme revuelo en la capital entrerriana.
Recordemos que en plena inundación, llegó a la capital del citrus una cantidad considerable de colchones, almohadas y afines para los evacuados, bienes que se entregaron en calidad de donación y que con posterioridad se pretendieron cobrar por la suma de 1 millón de pesos facturado por aquel organismo provincial.
En aquel momento, se conoció que quienes insistían en el cobro de la factura eran Adrián Bruffal, titular de la mutual modelo (AMMER), y su socio, el afamado empresario de la obra pública, Miguel Marizza, los cuales habrían presionado fuertemente a las autoridades municipales para que saliera la orden de pago.
Al parecer el pago no se realizó pero la situación generó una investigación penal preparatoria de oficio en la Unidad Fiscal de la capital del citrus para determinar cuáles son las vinculaciones entre los privados, la financiera AMMER, y el organismo estatal que habrían pretendido estafar, según lo denunciado públicamente, al Estado municipal cobrando un millón de pesos por los bienes dados en donación.
Y no era para menos ya que resultaba inentendible y sin respuesta lógica tratar de determinar las razones que llevaron a los empresarios privados a gestionar el cobro de bienes donados al estado municipal, como también, en calidad de qué lo hacían.
Si bien la causa penal no habría avanzado mucho, las réplicas del escándalo no tardaron en venir, apareciendo ahora documentos que ponen en evidencia la estrecha vinculación comercial entre la Mutual Modelo (AMEER) y el Servicio Penitenciario entrerriano.
En diciembre de 2014 José Mondragon, en carácter de director general del Servicio Penitenciario entrerriano y Aníbal Miotti, director de la Unidad Penal Nª1, por una parte, y Adrian Bruffal, presidente de la Mutual, por la otra, suscribieron un llamativo convenio de colaboración, que actualmente se encuentra plenamente vigente.
El objeto del acuerdo, más allá de los fines de labor terapia y resocialización social que expresamente manifiesta el mismo, no es otro que la comercialización y venta de colchones y productos complementarios por parte de la Mutual de Bruffal.
Un convenio de 6 años con opción de renovarse por 3 años más, que llamó poderosamente la atención de los conocedores de la administración pública la agilidad con que se inició y culminó el trámite, causando un gran desconcierto en aquellos ya que no contó con informe contable, dictamen jurídico y auditoria.
Bruffal, tesorero de la mutual modelo, presidida ahora por Picazzo, con quien turna por periodos la conducción de AMMER, es conocido por varios negocios que mantiene privadamente y con el Estado, muchos de los cuales han sido cuestionados y hasta denunciados mediáticamente.
La operatoria comercial incluye la confección de los colchones y dichos productos utilizando la mano de obra de los internos de la UPNº1.
Dichos productos, una vez confeccionados por los presos, son puestos a la venta por la Mutual a los compradores que la misma indique, facturando esta última la operación.
Hasta aquí los fines altruistas podrían verse inconmovibles, sin embargo en el trasfondo no hay más que serias irregularidades de tinte laboral, impositivas y contrarias a la ley de lealtad comercial, con el agravante de que está directamente involucrado el estado provincial.
Es harto conocida las deplorables condiciones de detención de nuestras cárceles, como también lo es el negreo laboral al que son sometidos los presos, y este convenio no es la excepción.
Llama muchísimo la atención que en el convenio no se prevea la suma de dinero que perciben los internos de la UPNº1 por la confección de los colchones “sociales”. Indudablemente que la falta de la cláusula dispara una serie de sospechas contra la Mutual que se está valiendo de mano de obra en negro para comercializar, evadiendo así las cargas y aportes sociales que implica la registración laboral.
Salvo que el secretario de trabajo tenga algún familiar preso, es inentendible que la secretaria de trabajo provincial, con el celo que guarda Oscar Balla en la inspección de distintos ámbitos laborales, no actué frente a este tipo de casos y mire para el costado cuando se están incumpliendo todas las normas laborales, que hoy parece mas funcionando como una agencia de colocación para familiares cercanos.
Una realidad conocida en el ambiente donde lo primero que hace, al llegar al cargo, es solucionar los problemas laborales de su círculo más cercano, aduciendo que necesitan gente de confianza en dichos lugares, algo vergonzoso no solo porque que deja entrever que los demás empleados no serian de confianza sino porque cuando se van aquellos continúan en los puestos.
Presos que son utilizados para trabajar en condiciones irregulares que están bajo la custodia del estado y no para que un privado haga negocios millonarios a su costa.
Un pingue negocio por donde se lo mire, con cero costos, previéndose ganancias únicamente para la Mutual Modelo (AMMER) que se lleva el 90% del producto de la ventas, quedando el 10% para la Unidad Penal en concepto de compensación por el producto vendido, algo que echa por tierra los fines altruistas.
Indudablemente que el negocio redondo de Bruffal incursiona en la competencia desleal de otros vendedores de colchones que tienen que pagar impuestos, cargas, contribuciones, e innumerables costos para la producción y posterior venta.
Agravándose el escándalo por la participación del estado provincial a través del organismo penitenciario que conduce Mondragón, desconociéndose las condiciones laborales, impositivas y, un dato que no es menor, el precio de los denominados “colchones sociales.
Lo que preocupa es la inacción del Tribunal de Cuentas que mira para el costado en este escándalo que tuvo una gran repercusión pública por los empresarios inescrupulosos que hacen negociados con el estado, habría que preguntarle al organismo de control estatal si el trámite administrativo de ratificación del convenio por parte de la Provincia paso por el informe contable, el dictamen jurídico y la auditoria.