Irregularidades en la aprobación del loteo del Acceso Norte
De confirmarse que el profesional no está matriculado en la Provincia, se ampliaría la responsabilidad penal para los funcionarios municipales de la gestión de Blanca Osuna y Sergio Varisco.
La semana pasada este Portal se hacia el eco de la llamativa demora en pedir informes, por parte de la Fiscalía actuante, al Colegio de Ingenieros de Entre Ríos para que el organismo diga si el Ricardo Daniel Ruiz era ingeniero, y en casi afirmativo, si el mismo se encontraba matriculado en la provincia, puntualmente en el periodo comprendido entre el 2014 al 2015 inclusive.
En aquel momento se hablaba de la sorpresiva dilación por parte del Fiscal debido a las palabras del flamante ministro del Superior Tribunal de Justicia, Miguel Giorgio, el cual en plena asunción manifestaba que la única manera de cambiar la mala imagen del Poder Judicial iba a ser trabajando seriamente.
Dicho pedido de informes debía otorgarse en virtud de una denuncia penal realizada contra el mencionado, el cual es tenido tanto por Norvial Servicios, como por la Caja Previsional de los Bioquímicos, como autor y suscribiente de un informe ambiental con el cual basaron las Resoluciones Municipales para otorgar la factibilidad e inicio de obras del loteo del Acceso Norte.
Un loteo que actualmente está judicializado a la espera de que se resuelva la elevación del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud de un amparo ambiental presentado por los diputados provinciales Gustavo Guzmán y Gustavo Zavallo.
Según dejaron trascender fuentes judiciales, la denuncia prosperó, disponiendo el fiscal, la apertura de la investigación penal preparatoria y ordenando el libramiento de oficios para que el Colegio de Ingeniería Civil de nuestra provincia informe si Ricardo Daniel RUIZ – DNI Nº16.867.062 cuenta con matrícula habilitante como Ingeniero en Recursos Hídricos.
La denuncia penal fue realizada luego de haber sido consultado informalmente dicho organismo sobre la matriculación de Ruiz, siendo inicialmente negativa la respuesta.
La medida fue dispuesta finalmente por el fiscal de la Unidad de Investigación y Obligacionista, Juan Francisco Ramirez Montrull, el cual suplanto al fiscal inicial, Gervasio Labriola.
Al respecto Ramirez Montrull sostuvo en la apertura de causa: «En el marco del procedimiento administrativo municipal Nº 12.037/15, iniciado para obtener la aprobación de la obra denominada «Urbanización calle Fraternidad», habría sido presentados como prueba, buscando la aludida aprobación municipal, Informe de Impacto Ambiental, Plan de Gestión Ambiental y/o Informe Hirdrológico, firmados por el Ingeniero en Recursos Hídricos Ricardo Daniel RUIZ, quien no se encontraría matriculado en el Colegio de Ingenieros de esta provincia».-
Asimismo, se supo, que de confirmarse las graves sospechas que pesan sobre el supuesto profesional de ingeniería en recursos hídricos, y el mismo no posee matricula habilitante se configurara el delito de usurpación de título sancionado en el artículo 247 del código penal.
Una responsabilidad penal que deberá asumir Ruiz y que provocará otro coletazo judicial, debiendo la fiscalía ampliar la investigación contra la ex intendenta Blanca Osuna, su entonces subsecretario de planeamiento municipal, el Arquitecto Abelardo Llosa, su director de vialidad urbana, el ingeniero Xavier Luis Bilbao, como también del actual subsecretario de Planeamiento, Adrián Bassi, el secretario legal y técnico, Walter Rolandelli y al intendente Sergio Varisco, ya que habrían omitido verificar o controlar la calidad técnica de los informes presentados por una persona sin matrícula, deber impuesto por el Código Urbano Municipal, lo cual encuadraría en la figura de violación de los deberes de funcionario público.