900 palitos
La cartera más poderosa del gabinete de Bordet.
Sin contar con los recursos propios y los nacionales, la ministra maneja la suma aproximada de 900 millones para el 2018.
La cantidad de dinero destinado al ministerio de Desarrollo Social de la provincia no tiene precedentes: nunca un área gubernamental recibió para su manejo una cifra tan exorbitante como la que dirige la licenciada Laura Stratta.
Sin embargo, a pesar de ello, el peronismo fue vapuleado electoralmente en los barrios más marginados, donde históricamente era invulnerable.
Casas que mantienen las imágenes de Perón, Evita y de importantes dirigentes históricos justicialistas de la provincia y que terminaron votando a Macri, por lo que en los mentideros políticos se hablaba luego de semejante derrota de la falta de contención de los sectores más vulnerables.
Los altísimos fondos, sin contar los recursos propios y los aportes provenientes del gobierno nacional, en su gran mayoría provienen de la ley 4035.
Una norma que está en boca de todos, luego de que el gobernador Gustavo Bordet anunciara su eliminación gradual allá por noviembre del 2017 cuando se discutía la adhesión de la provincia al Pacto Fiscal impuesto por el Gobierno Nacional.
La ley tiene por objeto la ayuda a los sectores más vulnerables de la provincia, entendiéndose por tales, conforme a la normativa, la ancianidad, la invalidez y madres con hijos a cargo.
En aquel momento, entre los fundamentos para su eliminación por etapas, el gobernador manifestaba la necesidad de bajar la presión tributaria para generar mejores condiciones de producción, empleo y desarrollo económico en la provincia.
El pacto fiscal fue aprobado por la generalidad de los legisladores tanto del oficialismo como de la oposición e incluyó un artículo que pasó desapercibido para muchos de los diputados y senadores, pero llamó mucho la atención principalmente lo inadvertidos que estuvieron en los bloques de Cambiemos.
Entre ellos figura una disposición transitoria que textualmente dice “los fondos existentes a la fecha o a ingresar en el marco de la ley 4035, sus complementarias y modificatorias, se destinarán a prestar asistencia social conforme lo establecido en el Articulo 1° de la Ley 4035 y sus complementarias y modificatorias y/o a Programas o Planes Sociales, existentes o que se instituyan en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social u organismos que en el futuro lo reemplacen, debiendo el Poder Ejecutivo reglamentar la forma y plazos para cumplimentar lo dispuesto en el presente artículo”.
Como se ve, la normativa establece que la cartera de Desarrollo Social conducirá los destinos de una cifra sin parangón en el gobierno provincial, con lo que la ministra Laura Stratta se convierte, no solo en la persona con mayor poder en el gabinete provincial, sino también en millonaria.
Un ministerio que recientemente se amplió notablemente al incorporar nuevas e importantes áreas que estaban bajo la órbita de otras carteras, caso del Instituto Provincial de Discapacidad, que conduce Cristina Ponce o el Consejo de Prevención de la Violencia que coordina Mariana Broggi, y hasta secretarías, como la de la Juventud que comanda Nicolás Mathieu, o el recientemente incorporado titular del grupo “frezzer”, Pedro Gebhart con la secretaría de Relaciones Institucionales.
Se trata de áreas gubernamentales de vasta importancia a la hora de mostrar la gestión del gobernador a lo largo y ancho de la provincia que pasan a las manos de la importante ministra Stratta.
Y a este manifiesto poder de conducción de la ministra hay que sumarle la cifra de casi 900 millones de pesos que la misma manejará en el 2018.
Un monto exorbitante de dinero en el cual no están incluidos los recursos propios que fueron destinados a través del presupuesto provincial recientemente aprobado.
La millonaria suma proviene, en gran medida, llamativamente de aquella ley que está destinada a dar cobertura a los sectores más vulnerables y que se va en vais de extinguirse, la afamada 4035.
El gobierno provincial, a través de la cartera de Desarrollo Social, hizo los números y para el 2018 prevé una recaudación cercana a la suma de 745.722.000 de pesos, de dicha suma, solo 105.722.000 de pesos, es decir, solo el 10%, tendrán como destino los beneficiarios sociales objeto de la ley.
Es decir, para el 2018 existirá un excedente de 638 millones de pesos que la ministra Stratta podrá disponer, conforme a aquella disposición transitoria, discrecionalmente, es decir, a su antojo.
Una cifra a la cual hay que agregarle 55.305.000 de pesos provenientes del 10% de las utilidades del IAFAS destinados a la promoción y fomento de la economía social.
Dicho monto exorbitante, como viene sucediendo, lo manejara Luis Preccerutti, ex párraco diamantino que tiene a cargo las políticas de microcréditos y que fue designado por el ex súper ministro Carlos Ramos, constituido ahora en hombre de confianza de Stratta.
Asimismo, la millonaria ministra conducirá los destinos provenientes del 18% de las utilidades de IAFAS que se aplican al fondo provincial del deporte, para el que se estima en este año la suma de 99.549.000 de pesos.
El hombre encargado de repartir esa considerable suma es otro de los hombres con más poder dentro del ministerio de Stratta: el secretario de deportes, José “Bicho” Gómez, quien conduce toda la política deportiva de la provincia a través de la entrega de aportes y subsidios.
Un Gómez que, comentan sus cercanos, actualmente estaría atravesado con cierto malestar con otro incipiente funcionario de la cartera, el subsecretario de políticas sociales, Julián Froidevaux.
Según estos cercanos, el malestar de Gómez no sería otro que la gestión por parte de Froidevaux de aportes para pequeñas instituciones deportivas, algo propio de las funciones de Gómez y que el subsecretario estaría realizando, como se dice, cortándose solo.
Más allá de esto, lo cierto es que a la inconmensurable cifra millonaria que la ministra maneja, hay que sumarle los ingresos provenientes de Sidecreer y, los provenientes del gobierno nacional.
Con respecto a los fondos de la tarjeta Sidecreer, los encargados del uso político que se realiza a lo largo y ancho de la provincia, son el cuestionado Ariel Wilvers, quien tiene a su cargo, ni más ni menos, la distribución de las partidas de comedores escolares y, Ricardo Lagares, quien se ocupa de la tarjeta social, ambos hombres de estrecha confianza de Stratta y muy ligados a su entorno.
Los cuestionamientos a Wilvers provienen de su paso por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, luego de que trascendiera un hecho que se convirtió en un verdadero escándalo institucional.
El hecho ocurrió en junio del 2016 luego de que Wilvers debiera rendir valores por un monto de un millón de pesos pertenecientes al instituto que debían ser destinados a juntas de gobierno y municipios.
Sin embargo grande fue la sorpresa cuando el funcionario confió que, llamativamente, se los habían robado de su domicilio.
Un hecho que, si bien no se investigó institucionalmente, se dice que le valió su salida del IAPV, para luego ingresar al ministerio junto con Stratta.
Más allá de esto, sin dudas el más importante de los funcionarios que también se lleva una gran suma para repartir de esta millonaria cifra de la cartera es el viceministro, Leonardo “Nano” Centurión.
El actual secretario de Gestión, tiene en sus manos el manejo de todos los subsidios, entrega de aportes, bolsones y chapas para los sectores más vulnerables de la provincia, cargo indudablemente más afín con la justicia social.
Hombres, todos estos, comandados por la ministra que en el último tiempo ha obtenido un poder notable, no solo en cuanto al exorbitante dinero que maneja, sino también a través de la incorporación de nuevas áreas para conducir.
Cifras millonarias que, a través de la ley del Pacto Fiscal, ahora si se regulariza la situación del excedente de la ley 4035 y, legalmente, la cartera puede manejar a su antojo en programas sociales.
Lo llamativo resulta de que, a pesar de no contar con esta incorporación legal con respecto a los excedentes de los fondos recaudados mediante la 4035, la situación antes no variaba en nada, por lo que el ministerio manejaba discresionalmente el dinero a pesar de no estar expresamente permitido, sin dar explicación alguna ninguno de sus funcionarios sobre en qué utilizó los fondos públicos.
Tal es así que dicho manejo le valió a la ministra un extenso pedido de informes suscripto por un grupo de legisladores para que explicara en qué se gastó los excedentes del 2017, el cual quedó dormido o parado en los pasillos de la legal del ministerio.
Indudablemente, la ministra deberá aclarar, ahora más que nunca, en que gastó y en que gastará el exorbitante monto millonario proveniente de los excedentes de la ley 4035, una ley que tiene como génesis darle cobertura a un sector puntual, el más vulnerable de la provincia, y que solo se lleva el 10% de lo recaudado.
Esos montos han convertido al ministerio de Desarrollo Social en millonario y que, a pesar de ser manejados a discreción desde hace un largo tiempo por el ministerio, en los barrios más marginados donde históricamente era invulnerable, el peronismo fue vapuleado electoralmente.
Casas que mantienen las imágenes de Perón, Evita y de importantes dirigentes históricos del PJ de la provincia, que terminaron votándolo a Macri, hablándose en los mentideros políticos, luego de semejante derrota, de la falta de contención de los sectores más vulnerables.