Indignación y repudio desde General Campos
Al igual que la ruta provincial 38, el acceso a la localidad del departamento San Salvador aun no fue inaugurado, es más, ni siquiera está habilitado su paso, sin embargo a simple vista se constatan gravísimas irregularidades en la obra pública que implicó un desembolso millonario del gobierno provincial.
La obra del acceso a la ciudad de General Campos se licitó en julio de 2015, junto con la repavimentación de la ruta provincial 38 que une Ubajay y San Salvador, representando una inversión de Estado entrerriano superior a los 249 millones de pesos, los cuales fueron financiados por fondos del Banco Mundial.
Para esta obra pública se estipuló un plazo de 18 meses de ejecución, pero aunque ese tiempo ya se cumplió, aún no fue inaugurada.
Se trata de una obra de vital importancia para la región, ya que es el camino obligado de los productores de la zona, fundamentalmente arroceros y de economía regional, docentes y alumnos de las escuelas y pacientes del centro de salud, amén de que contribuye a la seguridad vial.
En el acto de apertura de los sobres estuvieron presentes funcionarios de Vialidad, varios de ellos hoy apartados por las serias sospechas que pesan sobre ellos por irregularidades en la obra pública y por negociados millonarios con la misma.
En mayo del 2016, un sitio web de construcciones de la región aseguraba que la obra estaba culminada, y agregaba que solo restaban pequeñas reparaciones como el caso del emparejamiento de cunetas y la ejecución de cordones y alcantarillas.
De todos modos, y si bien se preveía inaugurar la obra en julio de 2016, esto aún no ha ocurrido. Es más, aún no se ha habilitado ni siquiera el paso por el lugar.
A pesar de ello, la obra que significó una erogación millonaria para Entre Ríos, ya presenta un estado lamentable, de acuerdo con lo que hicieron saber los vecinos indignados de la zona.
La indignación que fue manifiesta debido a que varios de aquellos funcionarios de Vialidad, fueron parte importante en la ejecución de la obra y que debieron verificar, constatar, controlar y certificar que la empresa la realizara conforme a lo estipulado en los pliegos.
Producto de este gran malestar, vecinos de la zona, enviaron fuertes denuncias a este Portal, las cuales demuestran el estado deplorable en que actualmente se encuentra el acceso oeste a General Campos.
Las imágenes fueron tomadas por los vecinos, quienes pudieron constatar por ellos mismos varias anomalías manifiestas en la construcción.
La cinta asfáltica proyectada para este acceso debería tener un espesor de 10cm para que soporte el gran peso para el cual se la destinaría, pero a simple vista se puede observar que no cumple con las medidas estipuladas.
Asimismo varios productores de la zona han comentado que los capataces de la empresa constructora obligaron a los empleados a “tirar el asfalto” de una sola vez, sin percatarse que para su mejor aprehensión se requiere de una tirada de 5cm y luego de su compactación otra colocación posterior.
Los deterioros, roturas, anomalías y fallas que presenta el camino no sólo son responsabilidad de la empresa constructora, sino también, y más aún, de los funcionarios públicos encargados de controlar los distintos tramos de la obra.
En primer lugar, Vialidad debe cerciorarse de que lo proyectado se condiga con lo realizado en cuanto a medidas y materiales. Luego debe realizar las inspecciones previas al otorgamiento del certificado de obra y finalmente debe elaborar las certificaciones de obra propiamente.
Estas últimas son de fundamental importancia, debido a que son las que permiten pagarle al privado las millonarias sumas de dinero que recibe por la ejecución de la obra pública.
Al momento del inicio de los trámites para su ejecución y hasta mayo del 2016, cuando se hacía público que la obra estaba finalizada y que solo faltaban algunas reparaciones, los funcionarios viales al frente de las áreas que deben realizar dichas tareas eran el ingeniero Jefe de la DPV, Guillermo Van Opstal, el director de Construcciones, Alberto Johnston y el director de Estudios y Proyectos, Raúl Bongiovanni, entre otros.
Algunos de los antes nombrados actualmente se encuentran bajo una investigación administrativa por la cual fueron forzados a pedir licencia para que no se entorpezcan las pesquisas, ya que, es sabido en los mentideros que siempre se pueden perder o arruinar papeles.
La investigación administrativa que fue instada a través de varios pedidos de informes que llevan en su origen sospechas de connivencia y negociados millonarios entre funcionarios y privados, que no solo perjudican enormemente las arcas públicas sino también que atentan, en el caso de obras públicas en rutas entrerrianas, contra la seguridad vial.
Por las obras del acceso oeste de General Campos el Estado provincial desembolsó una millonaria suma de dinero y, a los pocos meses, y sin haberlas usados presentan gravísimas roturas.
Por ese motivo, en la mayoría de los casos, la provincia debe hacerse cargo de cubrir los costos de los arreglos con la plata de todos los entrerrianos que cumplen con sus impuestos, cuando otros son los responsables.
La responsabilidad no solamente recae sobre la empresa que ejecuta las obras mal hechas, sino, y fundamentalmente, sobre los funcionarios, en este caso de vialidad, que con acciones u omisiones totalmente irregulares y, en la mayoría de los casos, que desnudan cuantiosos intereses, no sólo posibilitan estas graves estafas a los entrerrianos sino que también las orientan para obtener beneficios.