Paralelismo con el precedente “Righelatto” y el de «Cristóbal López»
La inminente elevación a juicio generó los comentarios en los pasillos de tribunales por las medidas judiciales que se ordenaran contra los invaluables patrimonios de los privados imputados, encabezados por el ingeniero Marizza.
La causa se inició allá por el 2016 luego de que se revelaran llamativos datos respecto de las contrataciones de servicios que se hicieron para la cumbre de presidentes. El delito que se investiga, por ahora, es el de fraude contra la administración pública.
Para que pudiera desarrollarse en Paraná la XLVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur y Cumbre de los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados fueron necesarias 20 obras de infraestructura que demandaron una inversión que inicialmente se anunció como de 40,7 millones de pesos, aunque luego el presupuesto se duplicó, de acuerdo con la rendición de cuentas que hizo el Gobierno a la Legislatura.
La empresa Caballi SA, de Marizza, ejecutó la mayoría de esas obras, 12 en total, por contratación directa, y el Estado entrerriano acordó pagarle 11.722.585 pesos.
En la causa se investigan presuntos sobreprecios en las obras contratadas para la Cumbre del Mercosur.
Una causa que tiene a varios imputados, contando entre los mismos a cuatro empresarios que, según la investigación penal preparatoria, se beneficiaron cuantiosamente con la Cumbre: Miguel Ángel Marizza, de Caballi Construcciones, Daniel Hereñú, de la Organización Integral Constructora (OIC) SA, y Rubén Grasso, de Cemyc SA, entre otros.
Estos empresarios ya fueron imputados por los fiscales, y que, según los comentarios de Tribunales, están próximos a vivenciar el accionar judicial contra sus invaluables patrimonios.
En los pasillos tribunalicios, los comentarios mayormente vertidos conducen a un inminente procesamiento de los mismos, la consecuente elevación a juicio y van a ir por donde más les duele, el bolsillo.
Manifestaciones que, asimismo, han trazado paralelismo con medidas similares a las ordenadas en importantes en procesos judiciales ante la justicia federal contra conocidos empresarios.
Los ejemplos más paradigmáticos son sin dudas las medidas adoptadas contra los patrimonios de Cristóbal López, su socio Fabián De Sousa, entre otros empresarios a los cuales no solo se los ha embargado, sino también a los cuales se los ha obligado a devolver propiedades valuadas en sumas millonarias.
Tal es así que en el ámbito judicial muchos comparan al ingeniero Marizza con aquel primer empresario mencionado, denominándolo el “Cristóbal López entrerriano”.
Todo indica que el accionar judicial inminente se dirigirá contra los acaudalados patrimonios de los titulares de las empresas constructoras entrerrianas imputados en la causa denominada “Mercosur”.
Avala la línea argumentativa que se estima conducirá a la justicia entrerriana a tomar las medidas el precedente sentado en la reciente causa por la cual se lo condenó al funcionario Hugo Righelato, al cual se le exigió la entrega de dos importantes propiedades inmuebles y 10 mil dólares.
Hoy Righelatto está cumpliendo una condena inefectiva luego de arribar a un juicio abreviado.
Un argumento que por estas horas genera el comentario de los transitados pasillos del palacio de justicia de Entre Ríos, donde irónicamente al comparar los patrimonios de Righelatto, que para muchos es un pirincho, y los empresarios de la construcción imputados, se indica que si al primero se le exigió tal cantidad de bienes, ni se imaginan lo que le ordenaran restituir a Marizza por ejemplo que, según indican, ha podido acceder en el último tiempo a una fortuna invaluable.
Medidas que, indudablemente, son las que espera la sociedad en su conjunto que espera de la Justicia no solo condenas sino también la devolución de los bienes incorporados a los patrimonios a través de maniobras irregulares e ilegales que no hacen mas que perjudicar enormemente al erario público.
Más allá de esto, lo cierto que desde Tribunales se baraja los inminentes procesamientos de los empresarios y la consecuente elevación a juicio de la causa Mercosur que beneficio millonariamente a estos privados, anticipándose que la justicia entrerriana ira por donde más les duele, sus bolsillos.