El juez Ríos tiene la decisión tomada y no la cambiará, a pesar del monólogo de Varisco.

Silencio lapidario

El intendente amplió su declaración indagatoria y confirmó que el magistrado no le hizo preguntas; mientras tanto, Etienot viajó a Buenos Aires para reunirse con Frigerio, ante el temor a la transición.

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, imputado como financiador de una banda de narcotráfico que operaba en la capital provincial amplió en la mañana de este jueves su declaración indagatoria ante el juez Leandro Ríos.

Varisco confirmo que “en esta ocasión el juez no me hizo preguntas, lo que hizo fue escuchar mi interpretación de los hechos”. Esa postura del magistrado dejó en claro que ya tiene una decisión tomada, que no cambiará a pesar del monólogo del intendente.

“Aporté pruebas, pedí citación de testigos y que otros organismos nacionales se sumen a la investigación”, dijo Varisco a la salida del juzgado federal y agregó “esto demuestra mi inocencia y que no pertenezco a ninguna red de narcotráfico”, pero la falta de preguntas del juez debería preocupar al intendente.

Las manifestaciones del intendente como las de sus abogados defensores dejaron bien en claro que la ampliación de la indagatoria, más allá de ser un derecho que le asiste al imputado Varisco, fue innecesaria para el magistrado federal.

Simultáneamente, mientras Varisco estaba frente al juez, la viceintendenta Josefina Etienot se reunió en Buenos Aires con la cúpula del oficialismo nacional para discutir acerca de su futuro político pero lejos de la intendencia de la ciudad.

La grave situación institucional que vive el municipio de Paraná vislumbra como la única salida la intervención por parte del gobierno provincial, porque los popes de Cambiemos, sostienen que la viceintendenta no tiene la espalda y el poder suficiente para hacerse cargo de un municipio que está en llamas, y la propia Etienot lo sabe.

Sin embargo, el Ejecutivo entrerriano no quiere hacerse cargo de un problema que en realidad le pertenece a Cambiemos, por lo que ambos deberán acordar una salida.

La asunción de Etienot sería solamente de manera transitoria hasta que aparezca un interventor, ya que en caso de deber encabezar el gobierno municipal, la doctora tendrá a empleados, funcionarios y Concejo Deliberante en contra.

Sin ir más lejos, en las últimas dos sesiones del HCD se vivieron escándalos y tumultos porque trabajadores y funcionarios coparon el recinto para apoyar al intendente Sergio Varisco.

Por otro lado, ni siquiera el bloque de Cambiemos le responde a Etienot, que sufrió una dura derrota política en la elección del vicepresidente primero del cuerpo, cuando la figura que ella apoyaba perdió.

Con ese panorama, llevar adelante un gobierno medianamente decente sería una tarea casi imposible para una viceintendenta que, además, tuvo que poner custodia de la policía de Entre Ríos en su casa ante posibles represalias y escraches por parte del sector de Varisco.

En Paraná, desde que se produjeron los allanamientos simultáneos el pasado 8 de mayo en dependencias municipales y en los domicilios particulares del intendente y de funcionarios, no se realizan obras y los servicios se prestan a duras penas, a pesar de que Varisco ha mandado gente a la calle para intentar disimular el caos.

Por ese motivo, los dirigentes PRO de Cambiemos a nivel nacional saben que no pueden dejar que Etienot asuma y termine de prenderse fuego el municipio, con las consecuencias electorales que eso traería con las elecciones de 2019 en puertas.

Por otra parte, entre los argumentos que usa Varisco para su defensa pública, sostiene que la causa judicial es parte de una conspiración mediática y de un entramado político que tiene como fin dilapidar su candidatura a la gobernación.

Si bien se barajaba que el intendente iría por la provincia en 2019, lo confirmó el pasado viernes en un acto en el Comité Radical, en un acto que él mismo convocó.

El mensaje no fue para la oposición sino para Cambiemos y se enmarca en la acusación de conspiración de Varisco, que apunta contra el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como los principales operadores.

Es más, en el acto en la UCR, Varisco hizo énfasis en la inocencia del concejal Pablo Hernández y la funcionaria Griselda Bordeira, ambos detenidos por la misma causa. También, el secretario de medios del municipio José Escobar, calificó de lamentables y desafortunadas las declaraciones de Patricia Bullrich que aludían al caso.

En su cuenta oficial de Twitter, la ministra publicó: “Junto al juez Leandro Ríos, la @PFAoficial (Policía Federal) detuvo a la subsecretaria de Seguridad de Paraná, Griselda Bordeira, y al concejal Pablo Hernández, por vínculos con el Narcotráfico.
Para nuestro gobierno quien está del lado del narcotráfico las paga, sea del signo político que sea”.

Para Varisco y su entorno, se trata de un ataque hacia su figura para evitar que el intendente sea candidato a gobernador.

El intendente argumenta que nunca tuvo nada que ver con una red de narcotráfico y se escuda en su trayectoria política, en la amistad de su padre con Raúl Alfonsín y en el peso de su apellido en el radicalismo provincial y nacional.

Sin embargo, la situación judicial del intendente se presenta complicada. Por un lado, el silencio del juez Ríos durante la ampliación de la indagatoria de Varisco significa que ya tiene la decisión tomada con respecto a los próximos pasos procesales.

Además, el magistrado negó el pedido de excarcelación de Bordeira, Hernández y los demás detenidos, por considerar que podrían entorpecer la investigación.

Detenciones que, según fuentes judiciales inobjetables, van a durar todo lo que dure el proceso penal, incluido el juicio oral y publico.

Por ese motivo, es muy fuerte la versión desde la Justicia de que el próximo paso del juez Ríos sea ordenar la detención de Varisco, que también podría obstaculizar a la Justicia y sobre el cual ya pesa una especie de libertad condicional.

De hecho, el intendente tiene que firmar una vez por semana, los viernes, el libro de la Justicia Federal y no puede salir de la provincia o del país sin pedirle permiso al juez, ya que se le imputa el delito más grave contenido en la ley penal de estupefacientes: está sindicado como financiador de la red dedicada al narcotráfico que lidera Celis.

En caso de que se confirme la inminente detención del intendente, la Constitución indica que debería asumir la viceintendenta, Josefina Etienot, pero es sabido en Cambiemos que fue la estructura de la UCR, sumada a la decepción y el hartazgo de los paranaenses con el peronismo, la que posibilitó la victoria en 2015.

En ese sentido, en el oficialismo nacional son conscientes de que Etienot llegó a la viceintendencia como integrante de una fórmula pero sin votos propios y que, no solo carece de la espalda suficiente para manejar un municipio sumido en el caos, sino que podría significar un quiebre en la coalición con la UCR.

Desde Cambiemos entienden que no puede asumir Etienot ni alguien del PRO, ya que daría la impresión hacia fuera de que al intendente y al radicalismo le hicieron la cama, como se dice en la jerga popular.

La única luz que ven en Cambiemos es la intervención del municipio por parte del gobierno de la provincia, encabezada por un radical, para mantener calmo al centenario partido dentro de la coalición.

Sin embargo, el Ejecutivo provincial no tiene intenciones de hacerse cargo de un problema ajeno, por lo que debería acordar con Cambiemos y ya se escuchan algunos nombres que se postulan.

De todos modos, por el momento, Etienot, le guste o no a ella y a Cambiemos, deberá asumir el municipio, al menos de manera provisoria, hasta que se concrete la intervención provincial.

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