Desinterés e indiferencia del Ministerio Publico Fiscal ante otro caso de corrupción estructural
Luego del duro revés por la inconstitucionalidad de las designaciones de los fiscales, el órgano acusador de la provincia nuevamente en el centro de la polémica.
En los primeros días de julio, el concejal y abogado paranaense, Luis Díaz, ponía en conocimiento de la ciudadanía una nefasta práctica que lamentablemente se encuentra arraigada en las altas esferas del poder político.
Acciones que no hacen más que contribuir, o más bien, constituyen una suerte de arista o especie de la denominada “corrupción estructural” tan difícil de erradicar de la administración pública.
En declaraciones a este medio, el concejal Díaz, visiblemente consternado, relataba un penoso episodio que vivió días anteriores y que protagonizó en el despacho de la viceintendenta Josefina Etienot.
Un relato sustentado con pruebas que fue más allá de lo mediático, presentando horas posteriores la denuncia formal ante la fiscalía de turno de la ciudad.
Según los hechos narrados por el edil, el día martes 26 de junio, cuando la ciudad nuevamente era noticia nacional por múltiples allanamientos dispuesto por la justicia federal en la mega causa del narcotráfico que tiene como procesado al intendente Sergio Varisco y varios de sus funcionarios, incluidos el concejal Pablo Hernández y que tenían como objeto recolectar pruebas ante las sospechas que recaían contra otro edil, en esta oportunidad netamente del PRO, Emanuel Gainza.
La preocupación de Díaz y la necesidad de tener un dialogo con Etienot, según manifiesta en la denuncia, provenía por el hecho de ser Gainza quien continua en el orden de sucesión de la viceintendenta.
En aquel momento, sonaba muy fuerte, sobre una inminente renuncia del intendente Varisco, existían varias señales de que la dirigencia de Cambiemos, a nivel nacional, provincial y local, intentaba despegarse del escándalo sin precedentes soltándole la mano.
Asimismo, desde ámbitos políticos y judiciales se especulaba con una posible detención de Varisco.
Frente a la renuncia o detención, Etienot es quien debe asumir en el Ejecutivo Municipal, y con Gainza muy complicado y ante una posible detención, quien debía asumir en el lugar de la presidenta del HCD, era Díaz, de ahí su notable inquietud y el consecuente instado del dialogo con Etienot.
La reunión se llevó acabo, conforme relata Díaz, el miércoles posterior, cerca de las 11 horas, luego de un llamado que realizó la secretaria de la viceintendenta al despacho del edil.
Estuvieron solos, y la charla marcó al edil, ya que en la misma, palabras más, palabras menos, la viceintendenta le exigió al edil la renuncia a su cargo de vicepresidente segundo del cuerpo por considerarlo “desleal” y “deshonesto”, manifestándole que si no lo hacía, se exponía a difamaciones y operaciones de prensa y políticas que lo vinculen con el narcotráfico ya que el había llegado a ser autoridad del HCD porque el sector del intendente procesado lo había impulsado.
La gravedad de las manifestaciones de Etienot, que provocaron el serio y grave temor del edil y sustentan la denuncia la sustentaba el hecho de que esta no era la primera vez que ocurría algo semejante, es más, en una oportunidad anterior la viceintendenta había cumplido la su anuncio de represalias si el edil no hacia lo que ella le pedía.
El 15 de marzo el Concejo Deliberante era noticia, otra vez, por una bochornosa y escandalosa sesión con la designación de autoridades del cuerpo, existían dos posiciones bien marcadas, la de la viceintendenta de Cambiemos y los concejales del PJ, que pretendían a la concejal Elsa Salazar de Ermácora como vicepresidenta primera y la de los ediles del varisquismo y del frente renovador que lo impulsaban a Gainza.
Momentos previos, Etienot quiso “convencer” a Díaz para que cambie su voto y acompañe a Ermácora, anunciándole, nuevamente, que si no lo hacía se exponía a represalias.
Según las pruebas que presento el edil en la justicia, esto es, talonarios de facturas, por votar a Gainza y no a Ermácora, desde la presidencia del HCD, sufrió un recorte en los módulos contractuales del 22%.
Quien haya pasado aunque sea cerca de un cargo público sabe, conoce, que existen practicas nefastas que están sumamente arraigadas en las distintas esferas del poder político, una de ellas lo constituyen, los famosos “aprietes”.
Una exigencia que generalmente proviene de un funcionario de rango superior, es decir, con posibilidades de dar, hacer o no hacer con respecto al funcionario inferior, para que este haga o deje de hacer algo propio de su función pública bajo la advertencia de que si no cumple con lo exigido padecerá consecuencias, generalmente ligadas a lo económico.
En el Código Penal dicha conducta esta descripta bajo el título de “coacciones” con el agravante de que, en virtud de los cargos que ostentan, asimismo constituye un atentado o, más bien, un entorpecimiento al normal funcionamiento de las instituciones democráticas.
Las mismas conductas por la que la viceintendenta denunció penalmente al secretario de medios y comunicación del municipio, José Escobar.
Una práctica nefasta muy arraigada, que resulta imperioso erradicar y constitutivas, como especie, del genérico “corrupción estructural”.
Una corrupción que fue el principal caballo de batalla de la campaña de Cambiemos. La proclama de “tolerancia cero” fue lo que peso en un electorado cansado hasta el hastío de ver a varios dirigentes y funcionarios justicialistas involucrados en causas penales contra la administración pública.
Desde el presidente hasta el último de los concejales tuvieron como discurso de campaña hechos de corrupción vinculados con el justicialismo, es más varios tomaron como propias las denuncias y causas penales que pesaban contra la dirigencia que fue gobierno en la gestión anterior.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de la denuncia de Díaz y, sobretodo la similitud con la presentada por Etienot contra Escobar, aquella tuvo ante el fiscal interino Gonzalo Badano un tratamiento totalmente distinto, empañado por el desinterés y la indiferencia en la investigación.
El ordenamiento de medidas probatorias urgentes e inaplazables contra el funcionario varisquista como las periciales sobre su teléfono, el dictado de resoluciones apremiantes de protección de la denunciante, y hasta la detención preventiva y el posterío arresto domiciliario dispuesto contra el funcionario denunciado que borró mensajes y contendidos de su celular que lo implicaban, casi concomitantes con la formulación de la denuncia es lo que la ciudadanía en general espera frente a estos lamentables hechos de corrupción.
A la investigación penal preparatoria de la denuncia formulada por el concejal Díaz, el fiscal, le imprimió otro tratamiento donde la celeridad para el necesario esclarecimiento de los hechos no ha primado.
Desde la foja cero del legajo iniciado existieron actos que fueron aceptados o permitidos por el fiscal interino Badano que llaman la atención, ejemplo claro de ello lo constituyó la participación, inclusive haciéndole preguntas a Díaz cual si fuera un fiscal, del abogado defensor de Etienot que aun sin siquiera haber sido citada se apersonó en la audiencia de ratificación de denuncia.
La misma consideración para la omisión del dictado de medidas probatorias urgentes solicitadas como los allanamientos, secuestros y las periciales fundamentales para el esclarecimiento de los graves hechos de corrupción denunciados.
Es sabido, y para esto no se necesita ser letrado, que el transcurso del tiempo opera como obstáculo insalvable al descubrimiento de la verdad, los días pasan y las pruebas se diluyen, una especie de enfermedad terminal para la investigación penal. No por nada las mismas tienen un plazo fijado para dictar resoluciones que hacen a la suerte del procedimiento.
No existen hechos de corrupción más o menos graves, existen penas más graves que otras, conforme a los delitos que tipifiquen as inconductas de los funcionarios públicos. La corrupción es grave cualquiera sea la acción u omisión que realice el funcionario.
Sin embargo, a pesar de la importancia de proceder a esclarecer los hechos denunciados, la gravedad de la denuncia contra la viceintedenta que contiene una práctica nefasta para las instituciones democráticas, a 20 días de haber sido puesto en conocimiento del fiscal interino Badano un hecho de corrupción la investigación se encuentra paralizada.
Un fiscal que, junto al abogado defensor de Etienot, con su omisión no ha accedido a ninguna de las pruebas solicitadas y que inclusive le ofreció al concejal denunciante la posibilidad de llegar a un acuerdo para dar por concluido una causa que ni siquiera comenzó.
Una investigación penal preparatoria que, por sus carencias, nuevamente pone en el centro de la polémica al Ministerio Publico Fiscal que viene de protagonizar un duro revés en la propia Justicia por la inconstitucionalidad de las designaciones de los fiscales.