Corrupción estructural
Denuncian que las autoridades del IOSPER contratan a una gerenciadora santafesina por cifras millonarias y pagando tres veces más de lo que cuesta en Entre Ríos.
La semana pasada trascendió en este Portal una grave denuncia de corrupción estructural que involucra al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y que causó revuelo.
Se trata de una situación que escandaliza al Tribunal de Cuentas, aunque la entidad llamativamente no se ha expedido al respecto.
Según trascendió, la obra social habría contratado una empresa de Santa Fe, llamada Meditar, por miles de millones de pesos para que sea intermediaria con los prestadores de la vecina provincia.
Lo alarmante es que la obra social, que cuenta con un presupuesto de 3.800 millones de pesos, habría pagado ya más de 1.300 millones de pesos a esa empresa.
Sin embargo, la compañía paga a los prestadores una suma mucho menor, y habría una diferencia de más de 500 millones de pesos que resulta altamente significativa para la obra social encargada de brindar servicios de salud a los trabajadores estatales de toda la provincia.
Pero la gravedad no reside solamente allí sino que luego de que se conociera la noticia, médicos y clínicas entrerrianos dejaron trascender que las mismas prestaciones en Entre Ríos tienen un costo que equivale a un 33% de lo que se paga fuera de la provincia.
Por ejemplo, entre lo abonado a la empresa hay una derivación a la vecina provincia por 224 mil pesos, que, en Entre Ríos saldría menos de 70 mil.
A pesar de eso, las autoridades del IOSPER mantienen desde 2014 un convenio que perjudica notoriamente las arcas del Estado provincial, que podría ahorrarse millones de pesos si no interviniera la empresa gerenciadora.
Esta compañía actúa de intermediaria entre las clínicas y sanatorios de Rosario y Santa Fe y el IOSPER, ya que emiten las facturas a la empresa, que luego le cobra al IOSPER.
A diferencia de lo que ocurre en Entre Ríos, donde los médicos, sanatorios, clínicas y demás, facturan directamente a la obra social, en la maniobra se perdería mucho dinero, ya que habría una gran diferencia entre lo facturado por los prestadores a la intermediaria y lo que finalmente termina abonando la obra social.
Pero si resulta llamativo que tratamientos que se derivan fuera de la provincia podrían hacerse en Entre Ríos por un 33% del precio, más sorprendente es que aún el Tribunal de Cuentas no se ha expedido al respecto.
Sin embargo, según comentan en los pasillos de la obra social, las autoridades responsables de esta contratación están inquietos porque la denuncia salió a la luz y una posible investigación destaparía la olla.
La denuncia llega hasta 2014, que es cuando comenzó el polémico convenio, que le cuesta mensual y anualmente millones de pesos a la mayor obra social de los entrerrianos, en otro caso de corrupción estructural.