Se avizoran misiles cruzados de grueso calibre
Un actual fiscal coordinador también deberá designar abogado defensor en la megacausa por los contratos en la Legislatura.
La investigación penal preparatoria por los contratos en la Legislatura sigue su curso. Luego de los allanamientos a viviendas, estudios contables y las detenciones y posteriormente prisiones preventivas de, por el momento, cinco personas, ahora se conocieron pormenores de las intenciones de la fiscalía anticorrupción, conforme a las pruebas reunidas.
La causa tiene su paralelismo en la Legislatura provincial, ya que ambas Cámaras debieron expedirse luego de un oficio entregado en mano por la fiscal Cecilia Goyeneche en la cual solicitaba información de toda la contratación de personal realizadas en ambos cuerpos desde el 2008 a la fecha.
Primero fue el turno de Diputados, los cuales, con el voto de la totalidad menos una, dispusieron la negativa a la requisitoria fiscal por considerarla una intromisión del poder judicial al poder legislativo.
Este miércoles fue la oportunidad de expedirse del Senado, que resolvió unánimemente condicionar el envió de la información a la que indique “en forma expresa, detallada y separada la documentación que fuere pertinente y conducente al objeto de la IPP que lleva adelante en la causa MPF N° 87.933, ‘Beckman Flavia y Otros S/Asociación Ilícita y otro’, para que oportunamente pueda ser considerada por este cuerpo”.
Las resoluciones de ambas cámaras se argumentan en idénticos motivos: la división de poderes.
Más allá de la ausencia de trascendental información, con la documentación que ya obra en la causa producto de los allanamientos y demás procedimientos judiciales ordenados por el cuerpo de fiscales que lleva adelante la IPP, las fuertes versiones judiciales indican que es inminente la imputación de las máximas autoridades que desde el 2008 a la fecha han conducido los destinos de ambas Cámaras.
Las imputaciones, lógicamente, también recaerán sobre los respectivos secretarios, prosecretarios y directores del contable, al igual que sobre aquellas máximas autoridades.
Frente a dicha situación, en los próximos días concurrirán a fiscalía para designar abogado defensor y declarar o abstenerse al ex gobernador y presidente de la cámara de Diputados en el periodo 2007 al 2011, Jorge Busti, su secretario Gamal Taleb, actualmente fiscal coordinador, colega de Goyeneche, y a su prosecretario Norberto Rolando Claucich. Sin embargo, en este caso la imputación no llegará al director del contable de la época, Abel Benedetti, ya fallecido.
El actual intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto, que fuera vicegobernador en el periodo investigado, también deberá apersonarse en la sede del MPF a designar abogado defensor, junto con sus por entonces secretaria, Mercedes Basso, el prosecretario, Alfredo Becaqua y el director del contable, Juan Domingo Orabona, actualmente presidente del IAPSER.
La lista continúa: por el periodo 2011 al 2015 en Diputados, deberá comparecer su presidente José Allende, el secretario Nicolas Pierini, la prosecretaria Claudia Krenz y el director del contable, Sergio Cornejo.
El Ssenado, en tal periodo, estaba presidido por el entonces vicegobernador José Cáceres, el cual también será imputado, junto a su secretario, Mauro Urribarri, el prosecretario Lautaro Schiavoni y el director del contable, Gustavo Pérez.
Lo mismo cabe para las actuales autoridades: Sergio Urribarri en Diputados junto a Pierini, Cornejo y el del contable Davies Cardozo y el vicegobernador Andan Bahl, junto con Natalio Gerdau, secretario, José Kramer, prosecretario y el ya apartado Gustavo Pérez.
La imputación también recae en el ex vicegobernador y actual senador nacional, Pedro Guastavino, por sus conexiones laborales con los contratos y las personas actualmente privadas de su libertad en la causa.
Frente a estas imputaciones, lo cierto es que se aprontan los misiles de grueso calibre apuntando la Justicia hacia la Legislatura y la Legislatura, hacia la Justicia.