Sin precedentes
Muchos amagan con presentar los contratos, solo un legislador lo hizo y en la misma unidad fiscal que hoy investiga el escándalo en la Legislatura, sin embargo, llamativamente, archivaron la causa.
La Legislatura entrerriana está hoy en el ojo de una tormenta con final incierto. Las denuncias mediáticas nunca prosperaban en el ámbito judicial.
Los hechos recientes más resonantes fueron en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná, donde se apuntaba a módulos con retornos, facturas exorbitantes de monotributistas imposibles para la categoría que abonaban, aprietes con la contratación y hasta personas que, sin estar ni siquiera inscriptas en AFIP, igual pasaban por ventanilla a cobrar a sola firma.
Una de las primeras denunciadas fue contra la edil Cristina Sosa (Frente para la Victoria) por las irregularidades en los montos que percibía mensualmente su hijo, los cuales no se condecían con la categoría de la AFIP.
Luego fue el turno del edil Emanuel Gainza (Cambiemos), a quien protagonizó un escándalo que tuvo dimensión nacional, al conocerse sobre irregularidades en las contrataciones de obra a él asignados.
Uno de los casos fue el de Lorena Mariana Yenco, Legajo 25.172 del HCD, quien en marzo del 2016 suscribió aquella modalidad contractual por la suma mensual de $30.000, conforme al Decreto N°233/16 para realizar tarea de asesoramiento para el edil.
Sin embargo, según las versiones las fuertes versiones de aquel momento Yenco, de los 30 mil, se quedaba en mano con 6.000 pesos, desconociéndose a que bolsillo se destinaba el resto.
Un hecho grave de por si, al cual se le sumaba otra llamativa irregularidad, según se precisó en aquella oportunidad Yenco debía concurrir mensualmente a percibir aquel porcentaje al domicilio particular del concejal en el edificio denominado “Altos de Ituzaingó” donde vive la madre del concejal o a unas pocas cuadras donde se ubicaba un estudio contable, curiosamente, aquel inmueble posteriormente allanada por el juez federal Leandro Ríos pro la causa de narcotráfico.
En aquel momento, y la sospecha continua vigente, se habló de 30 o 40 mil pesos en contratos de obras para personas que no concurren a trabajar, montos de los cuales se quedan con un gran porcentaje varios de los concejales.
La operatoria no solo complicó al edil Gainza, sino también a la viceintendenta Josefina Etienot, ya que es quien, junto a uno de sus asesores contables, es quien suscribió las contrataciones, siendo su atribución.
Ya en aquel momento, la viceintendenta, mostraba su férrea oposición a brindar la documentación e información sobre el conjunto de los contratos y los montos asignados a los distintos ediles, excusándose en los medios, “en la necesaria consulta previa a los presidentes de bloques”.
Inclusive, la viceintendenta fue denunciada por el concejal Luis Díaz por coacciones, desnudando la causa el manejo irregular de Etienot con los contratos, atribuyéndosele un sistema de premios y castigos, para quien la acompañe en sus decisiones o se oponga a ellas.
El edil Díaz fue víctima del sistema, presentando documentación que respaldaba que Etienot le bajo contratados de obra luego de que el mismo se resistió a seguir una orden previamente dada por la misma en una votación en sesión del HCD.
En la historia de Paraná y de la Provincia y, más allá de que varios amaguen hoy con hacerlo, el edil es el único legislador que se ha presentado en la justicia con la nómina de sus contratados, montos y hasta inclusive con varios meses de facturación de sus asesores.
Sin embargo, llamativamente, desde Fiscalía se resistieron a pedir el allanamiento solicitado por el edil a las oficinas de la presidenta del cuerpo, donde constan todos los contratos y montos que poseen los concejales.
Y no solo esto, sino que a pesar de aquellas pruebas, decidió archivar la causa contra la viceintendenta.
Ni en esta oportunidad, ni en las anteriores, la Justicia o más propiamente el Ministerio Público Fiscal de la Provincia, llamativamente, quiso meterse con los contratos que autoriza con su firma la viceintendenta a pesar de que maneja 183 millones de pesos de presupuesto.
Si lo hace con respecto a la Legislatura, exigiendo la fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, todas las contrataciones de asesores de los legisladores, de ambas cámaras, de la actualidad y hasta el periodo del 2008.
El hecho inicial que desató el escándalo, hoy conocido por todos, fue el secuestro de dinero y varias tarjetas de débitos de distintas personas que fueron hallados en poder de tres contratados, Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Alberto Scialocomo y María Victoria Alvarez, los cuales mensualmente se dirigían a cajeros del Bersa para extraer dinero con aquel conjunto de plásticos.
Personas que quedaron detenidas y que, al conocerse sobre el escándalo, salió rápidamente el senador nacional, Pedro Guastavino, a manifestar que los mismos eran empleados suyos del senado nacional, aunque también se despegó mencionando que desconocía si cumplían funciones en otras reparticiones
Luego vinieron los allanamientos a estudios contables y nuevas detenciones de dos contadores Alfredo Bilbao, y Roberto Ariel Fauré, a pesar de que serían varios más los vinculados, caso del contador Pedro Opromolla integrante de unos de los estudios allanados.
Con posterioridad llegó un oficio que Fiscalía envió a ambas cámaras legislativas, exigiendo la entrega de los documentos respaldatorios de todos los contratados desde el 2008 a la fecha.
Ante la negativa de ambos cuerpos, ahora, las fuertes versiones que se barajan desde el MPP, es, ni más ni menos, sendos allanamientos a oficinas del senado y de diputados de la provincia, no los despachos, indudablemente por los fueros, sino de los departamentos contables y de las presidencias, secretarías y prosecretarías.
Una medida judicial sin precedentes que oficializara la guerra entre la Justicia y el Poder Legislativo que ya se avizora y se siente en el ambiente.
El contrataque o la contraofensiva por parte de la Legislatura, la carta con la que se jugaría, al menos suena muy fuerte en los pasillos de calle Santa Fe, no es otra que el jury de enjuiciamiento.
Inclusive en aquellos pasillos anda dando vueltas una copia de un fallo del Jury mendocino del 2006, el cual destituyó a un fiscal que ordenó allanamientos en las oficinas del senado provincial en el marco de una investigación penal.