Crónica de la guerra desatada en La Paz
El juez Rodríguez se declaró incompetente en el “conflicto de poderes” y remitió la discusión de la cuestión, que provoca un gran revuelo, al máximo órgano judicial que conduce otro paceño que debe resolver si el edil seguirá cobrando los dos sueldos sentando un peligroso precedente.
Una martes 13 negro fue para el concejal del PJ de la ciudad de La Paz, Francisco José Nogueira, quien, mientras practicaba una cesárea en su localidad se enteraba que en el despacho del viceintendente y presidente del cuerpo, se ultimaban los detalles del decreto que lo excluiría del poder legislativo municipal.
Una noticia que se conoció desde éste Portal el mismo martes, y que sacudió el ámbito político de la provincia ya que desconocían el polémica situación institucional que se vivía en La Paz.
El motivo y argumento central era una incompatibilidad que pesaba sobre el Dr. Nogueira. El 10 de diciembre del 2015, luego de que el pueblo paceño lo acompañara con su voto aunque en minoría, tomaba juramento y, en consecuencia, asumía como concejal de la ciudad y, según las denuncias presentadas ante el HCD, el 30 de diciembre del 2015 era designado, a su vez, como coordinador del Ministerio de Salud de la provincia mediante decreto del gobernador Gustavo Bordet.
Si bien los motivos del paso del tiempo entre el acto administrativo de la provincia y la denuncia formal se desconocen, las fuertes versiones provenientes desde La Paz indicaban de un gran malestar de los denunciantes, militantes y simpatizantes justicialistas estos, con el edil Nogueira en virtud de trascendidos que modificaría su voto acompañando ahora un pliego enviado por el intendente de Cambiemos, Bruno Sarubi, por la designación de la contadora general municipal.
Una designación que puso de manifiesto la gran interna que padece Cambiemos en la localidad y que enfrentó duramente, con críticas, cuestionamientos y denuncias cruzadas a Sarubi y Rossi.
En junio del 2018, Sarubi enviaba el pliego al HCD para nombrar a la contadora Viviana Wilhelm, como contadora general del municipio, sin embargo, el mismo no contó con los votos necesarios y se truncó la designación.
Entre los principales cuestionamientos a la Contadora se indicaba una relación familiar entre el intendente y Wilhelm, manifestándose que la misma era prima hermana de Sarubi, asimismo se habló de que no contaba con impuestos activos como profesional en la provincia, situación que indicaba que no presentaba un ejercicio regular en Entre Ríos.
El abanderado de las críticas a la designación de Wilhelm fue Rossi, es más, se hablaba de que el mismo operó con los concejales, sobre todo del PJ, para rechazar el pliego, lo que finalmente ocurrió.
Siete ediles, entre ellos Nogueira, rechazaron el nombramiento de la postulante de Sarubi, a favor el intendente contó con solo cuatro, todos ellos de Cambiemos, aunque también dos concejales del bloque mayoritario también se opusieron a la iniciativa.
Desde entonces se declaró la guerra en el Municipio de La Paz, interna que continua y que ahora también repercute en el justicialismo involucrando al concejal Nogueira.
Luego del rechazo, en octubre más precisamente, Sarubi anuncioó que insistiría con el pliego, pero aquí las cosas cambiaron a favor del intendente, y más allá de que en la primera oportunidad los ediles no dieron quórum, los fuertes trascendidos indicaban que el proyecto contaría con los votos para que prospere la designación tan pretendida por el titular del ejecutivo provincial.
Entre estos votos, según las versiones, estaba el ex intendente periodo 2011-2015, Nogueira, provocando la ira de vecinos a quien se les atribuye su pertenencia al peronismo, vale decir, fueron los propios “compañeros” quien elevaron su expulsión, al menos eso se comenta fuertemente en la ciudad.
Solicitud de remoción que llevó varios pasos antes de que se hiciera realidad, incluso, según la información proveniente de La Paz, se giró la misma a la junta electoral de la provincia, sin embargo la misma se excusó de resolver, poniendo en cabeza de Rossi la decisión.
Decisión que tomó el mismo martes 13 en su despacho, previa consulta con el asesor legal del municipio, el cual manifestó que la incompatibilidad, que surge de la ley 10.027, era manifiesta.
Así lo relató el propio Rossi en una entrevista con este Portal y Radio RD: “Ingresaron al Concejo tres notas de vecinos de la ciudad, podría decir que incluso son simpatizantes o militantes del PJ, en virtud de parecer que el concejal Nogueira había prometido al intendente cambiar el voto, entonces pareciera que generó un malestar en la militancia donde presentan las notas”.
“Advertida esta situación iniciamos, a través de la asesoría legal de Concejo, una instrucción sumarial a través de un decreto. Lo pusimos en conocimiento al concejal, lo notificamos fehacientemente, le dimos cinco días de plazo para que ejerza su descargo, anoche presenta”, contó Rossi
“El decreto es de presidencia del HCD, nuestro asesor legal hizo algunas interconsultas y es un tema netamente administrativo del Concejo. Tengo que resolver sin que pase por el tratamiento de los concejales”, agregó el viceintendente.
“Lo pusimos en conocimiento al concejal Nogueira que es incompatible claramente, la ley lo establece así. La causal estaría cumplida para la incompatibilidad, eso es evidente. Se está estudiando el descargo que hizo el concejal, queremos resolver lo antes posible, si no es hoy, mañana estaremos confeccionando el decreto y notificándolo al concejal”, dijo concluyendo.
Incluso en la entrevista a este medio Rossi acusó a Sarubi de comprar voluntades de los concejales, luego de esto, a última hora de ese mismo martes 13, el viceintendente sacaba el decreto 08/2018, norma que fue publicada como primicia por este Portal.
Decreto que generó el rechazo de Sarubi quien en un medio paceño sostuvo “Está claro y de manifiesto que los procedimientos para hacerlo no son los correctos y claramente habla de conflictos de intereses y de un exceso en la autoridad”. “Son los once Concejales a través del voto los que tienen que resolver si hay una incompatibilidad o no y el procedimiento”.
Agregando el intendente de La Paz “No es el vice intendente, el presidente del concejo, quien decide el procedimiento y mucho menos lo que está haciendo. Claramente que todo esto viene a raíz de que no podría llegar a votar como el vice intendente quiere porque cuando votó a favor de él o en otras ordenanzas nunca dijo nada. Entonces claramente hay una persecución política que está haciendo Rene Rossi”.
Postura de Sarubi al cual adhirió el senador del departamento y dirigente justicialista, Aldo Ballestena: «Lo llamé y me puse a disposición de él, porque creo que se ha cometido un error. Creo que el viceintendente no está habilitado para expulsarlo por decreto. He hecho consultas a varios profesionales y lo que no condice es que ese decreto emanado pro el vice intendente en principio no tiene validez por que debe ser refrendado y acompañado por todos los concejales; “Lo hubiera tenido que poner a consideración del cuerpo- y como esto no ocurrió- es una decisión unipersonal”.
Más allá de los rechazos que tienen que ver exclusivamente con la forma con que Rossi cesó a Nogueira, los cuales, al menos en la ley orgánica de municipios no está prevista, lo cierto, -y aquí sin dudas la grave irregularidad- es que durante casi tres años, Nogueira no solo ejerció dos cargos sino que también percibió los dos haberes.
En este sentido la ley es clara, previéndose en el artículo 72 bis “El presidente, vicepresidente y los concejales tienen la incompatibilidad para desempeñar cualquier cargo político remunerado en los poderes ejecutivo o legislativo de la nación, 7/o de la provincia o en cualquier municipio”, incluso agrega expresamente “aun cuando renunciara a la percepción de una de las remuneraciones”.
Estableciendo asimismo “quedan exceptuadas las designaciones ad honorem para objetos determinados y tiempos limitados, siempre y cuando cuente con la autorización expresa del Concejo Deliberante, se corresponda con la representación del cargo municipal para el cual fuera elegido y se respete debidamente la compatibilidad entre ambos cargos”, norma incorporada a través de la ley 10.082.
Normas que, junto con el artículo 73, que expresamente establece la cesantía ipso facto, es decir, de pleno derecho de quien incurra en aquellas incompatibilidades, fundaron el decreto de Rossi.
Ese mismo martes de la expulsión este Portal intentó comunicarse con el concejal Nogueira, sin embargo, se excusó en virtud de que estaba ingresando a la sala de operaciones para practicar una cesárea.
Nogueira finalmente habló aunque luego de decretada y notificada su cesantía, anunciando que había iniciado un procedimiento judicial para revertirla, metiéndose así en la interna la justicia provincial.
La medida cautelar de Nogueira solicitando la suspensión de los efectos del decreto 08/2018 de Rossi argumentada en un conflicto de intereses fue presentada ante el juez de primera instancia comercial y laboral de La Paz, Diego Rodríguez.
Magistrado que, si bien se declaró incompetente para resolver la cuestión, dispuso librar “oficio con copia a la Junta Electoral Municipal y al Concejo Deliberante de La Paz “a los fines de que procedan a la suspensión inmediata de todo procedimiento relacionada con la cuestión individualizada”, conforme reza la resolución a la que accedió este Portal.
Vale decir, se declaró incompetente, excusándose de resolver sobre “el conflicto de intereses negativos”, suspendió las consecuencias de la expulsión, esto es, principalmente la confección del diploma para que asuma la reemplazante Patricia Piedrabuena, la cual continuaba en orden de la lista, remitiendo las actuaciones iniciadas pro Nogueira al Superior Tribual de Justicia.
Ahora, será el máximo órgano judicial provincial, presidido por el también paceño Emilio Castrillón, quien posee un origen netamente político el cual le permitió acceder a la máxima magistratura entrerriana, el que definirá si Nogueira continúa o no en el concejo.
Un fallo que podría sentar un peligroso precedente, ya que, de habilitar la continuidad de Nogueira, se estaría permitiendo, solapadamente, que los funcionarios ejerzan más de un cargo en simultáneo y, consecuentemente, perciban simultáneos sueldos, contrariamente a lo que prevé la ley.