La gran Montiel: El polémico proyecto de reforma de Romero y Bordet

Las críticas del Colegio de Abogados se dispararon hacia la dilación, omitiendo, llamativamente, referirse a uno de los puntos más importantes de la iniciativa, ahora los amparos serán resueltos por la totalidad del STJ, eliminando la sala de procedimientos constitucionales.

En noviembre del 2018 este Portal se hacía eco de la gran preocupación que rondaba en la cabeza de la ministra de gobierno y justicia de la provincia Rosario Romero por los fallos de los Dres. Claudia Mizawak, Miguel Giorgio y Daniel Carubia en materia de amparo.

Desasosiego que le trasladó al gobernador Gustavo Bordet en una reunión que mantuvieron, junto a diputados afines al mandatario, en el local que tiene el Gobierno provincial de calle Alameda de la capital entrerriana.

Un encuentro trascendente a nivel político, en el mismo el propio Gobernador le confirmaba a los presentes que en la provincia se desdoblarían las elecciones, aunque no fue el único tema abordado de importancia para la provincia.

Con datos estadísticos, la ministra Romero les presentaba al gobernador y los legisladores su malestar con la sala de procedimientos constitucionales en virtud de la cantidad de amparos desfavorables para el Estado provincial, cuestionando, de esta manera, las resoluciones de los Dres. Claudia Mizawak, Miguel Giorgio y Daniel Carubia.

A partir de allí, la ministra desplegó su arsenal en materia jurídica para revertir estas cifras, y en consecuencia, buscar la manera de que los amparos comiencen a salir favorables para el Gobierno y sus funcionarios, en detrimento de la gente que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad en sus derechos de mayor importancia.

En el entendimiento de que cuanto más voces resuelvan sobre el tema más chances tiene el gobierno de salir airoso en el juicio, como asimismo por las estrechas vinculaciones que unen al Gobierno con los vocales de otras salas, la idea fuerza de la titular de la cartera desde un primer momento fue la ampliación del número de jueces que deben resolver.

Para junio del 2019, la ministra ya tenía el proyecto armado, anunciando Bordet que era inminente la presentación de una batería de reformas legislativas haciendo foco en la administración pública.

Lo que el anuncio omitió manifestar fue que en dicho paquete estaba incluida una reforma que expresa en retroceso en cuanto a los derechos adquiridos por los ciudadanos ante los errores que cometen los funcionarios, yerros que en todos los casos vulneran la salud, la alimentación, el ambiente, la asociación, el acceso a la información pública, a la educación, etc., todos estos fundamentales y en consecuencia, constitucionales.

Bajo el número de expediente 23.548 el 03/ 07/2019 ingresaba en la cámara de senadores de la provincia el proyecto que lleva la firma de Bordet y la autoría intelectual de la ministra Romero.

Un proyecto que presenta un articulado que genera mucha polémica y cierto rechazo por parte de varios sectores vinculados a lo judicial.

Sin dudas el artículo de mayor controversia lo constituye la modificación del artículo 16° de la ley 8369 que regula el proceso de amparo.

La propuesta de la ministra consiste sin mayores vueltas en eliminar la sala de procedimientos constitucionales del Superior Tribunal de Justicia, el cual a no resolverá en la segunda instancia del proceso de amparo.

La iniciativa propone hacer recaer la decisión de la sentencia de apelación en el superior tribunal de justicia en pleno, vale decir, serían los 9 voces del máximo órgano judicial de la provincia los que deberán decidir sobre derechos constitucionales de los ciudadanos.

Hasta aquí, con la ley vigente, son Mizawak, Carubia y Giorgio, los que deciden sobre los derechos y garantías vulnerados a los ciudadanos por los funcionarios públicos.

Con la iniciativa de Romero, no solo habrá más chances de que los 9 jueces den marcha atrás a derechos y garantías restablecidos, sino que importará una amplísima dilación en materia de resoluciones.

Actualmente a la sala de procedimientos constitucionales, le lleva aproximadamente de mínimo casi 10 resolver sobre la apelación de un amparo,  cada uno de sus miembros mantiene en estudio, en la jerga judicial lo denominan “a despacho”, por tres días normalmente el expediente para evaluarlo.

Si a dicha situación se le suman 7 miembros, los días para dar respuesta a una situación de extrema vulnerabilidad aumentan considerablemente.

Piénsese en el caso de un paciente oncológico que debe reclamar una medicación o tratamiento que IOSPER se niega a otorgarle, y las posibilidades de sobrevivencia del mismo ante la urgencia de la petición que deberá ser puesta en consideración de todos los vocales del STJ.

La idea de Romero, se insiste, es llevar la discusión al máximo de vocales posibles para tratar de revertir las decisiones que vienen siendo desfavorables al Gobierno Provincial en virtud de un acto u omisión por parte de sus funcionarios.

En planteamiento de la ministra no es nuevo, haciendo “la gran Montiel”, la misma reflotó un proyecto implementado por el entonces gobernador Sergio Montiel en su segundo mandato y que posteriormente fue dejado sin efecto al asumir el gobernador Jorge Busti su tercer mandato.

La eliminación de la sala de procedimientos constitucionales ideada por la ministra no es la única reforma polémica de la iniciativa que ya cuenta con media sanción ene le senado y que esta tarde se tratara en comisión de la cámara baja provincial.

El artículo 11 también fue puesto en discusión, el cual establece la posibilidad de producción de pruebas, circunstancia que actualmente está prevista como facultad del juez, la cual no es utilizada salvo con contadas excepciones.

El Colegio de Abogados, llamativamente, se hizo eco de esta crítica  el cual difundió a través de un parte de prensa, exigiendo al Gobierno y a los legisladores que abran el debate también con el organismo.

“Habiendo realizado una lectura profunda del artículo 11, observamos con preocupación, que se ha modificado el carácter de expedito, autosuficiente y de propia sustentación para proceder a “ordinarizar” el proceso del amparo, incorporando “cargas probatorias dinámicas, medios alternativos de solución de conflictos y facultades de disponer medidas para mejor proveer que crea conveniente…, resultando la destrucción de una herramienta eficaz y necesaria y privando al justiciable de una respuesta  judicial efectiva, ante un derecho vulnerado”, sostuvieron en un comunicado.

Un comunicado que en principio sorprendió ya que hasta aquí la institución que aglutina a los profesionales del derecho que había mostrado muy cercano a la ministra, es más, la misma supo conducir indirectamente el organismo a través de abogados de su sector.

Sin embargo, de la lectura en profundidades del comunicado surge un dato que llama muchísimo la atención, el Colegio de Abogados no critica la eliminación de la sala de procedimientos constitucionales.

En los pasillos de tribunales esta situación no pasó desapercibida, comentándose fuertemente que el comunicado no es más que una máscara que intenta poner la discusión solo sobre el artículo 11 y no sobre otro que desvirtúa totalmente el proceso para reclamar derechos y garantías trascendentales vulnerados.

Un artículo que también otorga al juez de primera instancia en el amparo la posibilidad de llamar a conciliación o algunos de los medios alternativos de terminación de procesos, desvirtuando totalmente el procedimiento de esta herramienta constitucional para combatir las graves amenazas, lesiones, impedimentos, alteraciones manifiestamente ilegítimas del ejercicio de un de un derecho o garantía implícito o explícito reconocido por la Constitución Nacional o Provincial que realizan los funcionarios por acción u omisión.

Un proyecto que genera mucha polémica y rechazos incluso en la propia cámara baja que esta tarde comienza su tratamiento, comentándose que nuevamente el diputado provincial oficialista, Juan Navarro, haciendo relucir otra vez su famosa carpeta amarilla, fue el encargado de convencer sobre las bienaventuranzas de la iniciativa de la ministra a sus pares peronistas.

Según indicaron el legislador talense este martes desesperado corría por los pasillos de la legislatura para cumplir el mandado.

Una iniciativa que reporta un retroceso y que beneficia únicamente el Gobierno Provincial, y como en la mayoría de los casos, perjudica exclusiva y excluyentemente a la ciudadanía.

5 comentarios

Graciela 30 julio, 2019 at 1:28 pm

Que se puede esperar de un burro más que una patada?

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Sergio 30 julio, 2019 at 1:29 pm

No podía ser de otra manera, Romero con una iniciativa de Montiel, su compañero de fórmula

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juan carlos citino 30 julio, 2019 at 5:07 pm

Llevo ganados 18 amparos!!! CGE corrupto !! 8 años de persecución politica, quien investiga ??

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juan carlos citino 30 julio, 2019 at 5:08 pm

La ministra esta al tanto del caso, el senador Ballestena a la cabeza , y funcionarios del C.G.E denunciado publicamente por mi en el 2013 !!

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juan carlos citino 30 julio, 2019 at 5:12 pm

Sin sueldo ni obra social desde hace mas de un año, hoy devenido en un Contensioso Administrativo, !! mi hija portadora de Diabetes tipo I..!!! investiguen

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