Avanza la causa penal contra Emiliano Gómez Tutau

Los damnificados acercaron a este medio audios comprometedores, en los que se escucha a los implicados hablar de la retención del dinero de los planes sociales, pero Bordet sigue protegiendo a los involucrados.

Avanza la investigación que tiene bajo la mira al Movimiento Evita y al subsecretario general de la Gobernación y coordinador del Movimiento Evita, Emiliano Gómez Tutau, por supuestas retenciones de parte del dinero destinado a beneficiarios de planes sociales y de alimentos destinados a comedores y merenderos.

Estos víveres, no solamente son retenidos en un precario galpón que no cumple con las normas mínimas de salubridad, sino que son vendidos en las redes sociales y a comercios, al igual que las frazadas que también deberían destinarse a la ayuda social, según publicó este Portal.

Durante el allanamiento al precario almacén, producido luego de que este medio reflejara las denuncias de los vecinos de la zona y de los coordinadores de comedores, dos periodistas fueron amenazadas y amedrentadas para que no pudieran cumplir su trabajo.

Cabe recordar que este medio simplemente se hizo eco de las denuncias de vecinos y damnificados y que simplemente cumplió con su rol de informar al resto de la sociedad acerca de las irregularidades de las que se tomó conocimiento.

El simple hecho de informar acerca de este accionar delictivo redundó en amenazas a los trabajadores y el director de este Portal y sus familias, y hasta se enviaron malvivientes a seguir todos sus movimientos.

Es por eso que la Justicia determinó la presencia de una custodia policial permanente en las afueras de los estudios de Radio RD 99.1 y la redacción de este medio.

Sin embargo, hasta el momento no se han tomado medidas con las personas que fueron responsables de estos hechos, y el gobernador no solo no ha pronunciado palabra al respecto, sino que además se muestra con algunas de ellas.

Es por eso que responsabilizamos públicamente a Gustavo Bordet y a la ministra Rosario Romero por cualquier cosa que pudiera ocurrir a los trabajadores de este medio o sus familiares, a raíz de las amenazas y los seguimientos de los que son víctimas.

Es más, si bien existen audios comprometedores, que los damnificados acercaron a este Portal, en los que se escucha a los implicados hablar de la retención del dinero de los planes sociales, Bordet sigue protegiendo a los involucrados.

Estos personajes se manejan con una impunidad total, de la cual hacen gala afirmando que son intocables por las relaciones que mantienen tanto con el gobierno provincial como con la Justicia.

Los damnificados denunciaron que mes a mes deben pagar una parte de sus salarios sociales al movimiento Evita, bajo la amenaza de que si no abonan, les dan de baja el beneficio.

Pero las amenazas no solamente pasan por allí, sino que a los beneficiarios también les piden que “pongan compromiso”, es decir que son obligados a concurrir a actos y eventos, con la intimidación de que si no lo hacen “se caen” los planes.

A principios de este mes trascendió que algunos beneficiarios tuvieron que trabajar en un evento político organizado por referentes del Movimiento Evita, sin recibir un peso a cambio, sino como parte de las actividades que deben cumplir para no perder el plan.

Según denuncian, es una práctica frecuente que deban realizar diferentes tipos de “changas” para las autoridades del Movimiento y de la CTEP, organización dentro de la organización, con el apercibimiento de que si no lo hacen son dados de baja del beneficio.

Es claro que para quienes perciben estos planes, la ayuda consiste en un sustento fundamental de su economía y de sus familias, y quienes conducen esta agrupación social conocen esta situación y la utilizan para beneficio propio.

Las amenazas con dar de baja los planes son permanentes, aunque siempre solapadas con un pedido de “compromiso” de parte de las autoridades, que se encargan de remarcarles que perciben el beneficio “gracias a la política del Movimiento Evita”, según se escucha en los comprometedores audios.

Mientras quienes sufren estas amenazas son perseguidos por sus secuaces, uno de los coordinadores del Movimiento, el funcionario Emiliano Gómez Tutau, se pasea con costosísimas camisas de marca, cuyo precio significa un salario social entero.

Además del subsecretario general de la gobernación, otros referentes del Movimiento Evita alardean de la impunidad con la que pueden tener este tipo de manejos totalmente abusivos y extorsivos, por sus relaciones con el gobierno provincial.

Del otro lado, los beneficiarios de planes denuncian que deben cumplir todo tipo de tareas y aportes económicos para no perder la ayuda social que les permite llevar un plato de comida a su mesa o comprarles un par de zapatillas a sus hijos.

En tanto, el gobernador Gustavo Bordet habla constantemente de la honestidad y transparencia que supuestamente caracteriza a su gestión pero hasta el momento.

Sin embargo, las actitudes lindantes con lo criminal de algunos de sus funcionarios no ha sido reprobadas y algunos de ellos son premiados con una participación cada vez más grande en los medios de comunicación y en las actividades gubernamentales.

En un contexto social de una crisis que se agudiza cada vez más, los planes sociales resultan vitales para quienes los perciben, por lo que están dispuestos a realizar cualquier tipo de tarea para no perderlos.

De esa situación de vulnerabilidad total se aprovechan quienes dicen defenderlos, para utilizarlos en beneficio propio tanto en lo económico como en ciertas tareas que ellos mismos no están dispuestos a realizar, en lo que es el repudiable negocio de la pobreza.

La causa en la Justicia avanza a medida que crece la bronca y la exasperación de los beneficiarios de planes sociales, que deben cumplir con todo tipo de requisitos extorsivos para no perder esta vital ayuda económica.