Malgastando los fondos públicos, se consulta sobre la imagen del gobernador y las autoridades, mientras la gente está preocupada por la salud y la economía.
Esta semana, los vecinos de Paraná y de diferentes lugares de la provincia recibieron sorprendidos llamados telefónicos con encuestas políticas encargadas por el gobierno entrerriano, lo que generó un fuerte rechazo, principalmente en la capital provincial.
Las entrevistas grabadas, buscaban conocer opiniones acerca del gobernador Gustavo Bordet, las autoridades provinciales y la actual gestión.
La encuesta llamó la atención de quienes la recibieron y causó un gran malestar por la notoria atemporalidad con la que es realizada, ya que actualmente la preocupación de los vecinos está centrada en la pandemia por el coronavirus y sus consecuencias económicas.
Es más, las elecciones de medio término se realizarán el año que viene, y este ni siquiera es un año electoral, algo que de manera muy remota podría justificar la realización del cuestionario en plena crisis sanitaria.
Más grave aún es que para encargar una encuesta, sin dudas el gobierno provincial gastó millones y millones de pesos, que podrían destinarse al sistema de salud de la provincia, que ya desde antes de la pandemia es muy precario y se ve muy desprovisto para afrontar el pico de casos que, se espera, se dará a fines de mayo o en junio.
Si bien seguramente las autoridades provinciales dirán que gozan de muy buena imagen, actualmente y desde mucho antes de la pandemia, el personal de salud lamenta permanentemente las carencias con las que deben prestar sus servicios, sin barbijos, alcohol en gel, antiparras, camisolines impermeables y demás insumos indispensables para atender pacientes y minimizar los riesgos de contagio.
En los hospitales de la provincia hoy no hay camas ni respiradores artificiales suficientes y hasta se dispuso crear un fondo solidario de emergencia mediante el cual los funcionarios más altos de los tres poderes del Estado cederían el 50% de sus sueldos para destinar al sistema de salud.
Hasta el momento, el único que hizo oficial el monto aportado fue el Poder Judicial, y hay dudas acerca del efectivo aporte de la Legislatura y del Ejecutivo.
Más allá de eso, la provincia debería limitar los gastos innecesarios en este contexto de crisis sanitaria y económica, para privilegiar inversiones en el sistema de salud.
Además de la carencia de insumos para afrontar de manera directa el coronavirus, tampoco hay materiales y elementos para las problemáticas habituales de salud.
Ante el cambio de clima, se recomienda a los adultos mayores, bebés y personas de riesgo, entre otros, vacunarse contra la gripe.
Sin embargo, en los centros de salud y hospitales de la provincia, las pocas dosis que llegaron se agotaron casi inmediatamente, y hasta el momento no han sido repuestos para que el resto de la población que debe vacunarse pueda hacerlo.
Otro gran problema que afronta la provincia, es su pronunciado déficit, que data de mucho antes del coronavirus, y que le impide pagar los sueldos a tiempo.
En los meses de enero, febrero y marzo, los cronogramas de pago finalizaron entre los días 15 y 17, algo similar ocurrió con los haberes del último mes, que no se sabe cuándo terminarán de abonarse.
La provincia acreditará hasta el 20 los salarios menores a 105 mil pesos, quienes perciben más que eso, entre quienes se incluye la Legislatura, el funcionariado más alto, el Tribunal de Cuentas, entre otros, no se sabe cuándo cobrarán.
Con ese panorama, Bordet está ante la encrucijada de ajustar los gastos exorbitantes del Estado en sueldos, viáticos y demás, o emitir cuasimonedas, una posibilidad que el propio mandatario no descartó, sino que afirmó que llegado el caso se evaluará.
Por otra parte, en lo que va desde que se decretó la pandemia, la provincia espera que el gobierno nacional tome medidas, principalmente en lo que respecta a lo económico, para luego decidir si se adhiere o no.
De todos modos, en las decisiones en las que el gobierno provincial tiene autonomía, no siempre sigue los lineamientos de la nación.
Mientras que el presidente decidió prorrogar los vencimientos de impuestos y servicios, en Entre Ríos esa medida no se hizo efectiva y en estos días pudieron verse largas colas de contribuyentes y usuarios esperando para poder pagar a tiempo sin sufrir las consecuencias.
Así es que un gobierno que no paga los sueldos en los tiempos correspondientes, exige a sus contribuyentes y a los abonados a los servicios que estén al día para no padecer apercibimientos, cortes y demás.
Otras provincias no solo adhieren a las medidas nacionales sino que lanzan iniciativas propias para combatir la pandemia y para paliar la grave crisis económica que el parate por la cuarentena está generando en las familias.
Varios municipios y provincias ya decretaron la obligatoriedad del uso de tapabocas o barbijos para evitar la propagación del virus. El gobierno entrerriano, en cambio, manda a sus trabajadores a cumplir sus labores sin proveerles los elementos necesarios para la prevención.
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En otros lugares, como Catamarca, se dispuso vacunar a la totalidad de la población comprendida entre los grupos de riesgo, con visitas a domicilio y garantizando la disponibilidad de las dosis en los centros de salud y hospitales.
En Entre Ríos se hizo el anuncio de la vacunación casa por casa, pero hasta el momento ha abarcado a un sector muy pequeño de la población, mientras que las dosis que llegaron a los efectores de salud ya se terminaron.
En La Pampa, el gobierno provincial decidió prorrogar los vencimientos de los servicios e impuestos a cooperativas, congelamiento de tarifas, y descuentos para quienes paguen en término.
Los pequeños comerciantes, productores y cooperativas entrerrianas, por su parte, viven momentos de gran desesperación por la incertidumbre de saber cómo harán para cumplir con los impuestos, los servicios y los sueldos, sin poder producir o comercializar sus productos.
Mientras que las autoridades del gobierno difunden como un dato alentador que en la provincia hasta el momento solo hay 22 casos confirmados, lo cierto es que sobre una población de más de un millón y medio de personas, se han realizado poco más de 300 testeos.
Claramente, los casos confirmados con ese bajo número de pruebas serán muy pocos. Por una cuestión matemática, es evidente que, a más testeos realizados, habrá más casos positivos, sobre todo si se tiene en cuenta que puede haber infectados que no presenten síntomas.
Es por ello que las cifras millonarias destinadas a una encuesta de popularidad, sin dudas podrían volcarse al sistema sanitario, para corroborar y para prevenir casos de coronavirus, o deberían destinarse a paliar la crisis económica.
Sin dudas, el gobierno provincial, que ya desde antes de la pandemia estaba muy descreído por la ciudadanía, difundirá los resultados de la encuesta como muy positivos y alentadores.
Lo cierto es que los entrerrianos desde hace tiempo piden que la provincia detenga la fiesta, el despilfarro, que se dé marcha atrás con los nombramientos innecesarios para cumplir con compromisos políticos.
Muy poco tiempo antes de que se decretara la cuarentena obligatoria, en Paraná se vivió una movilización masiva y espontánea contra las autoridades provinciales. El detonante fue el femicidio de Fátima Acevedo, causado por la inoperancia y la desidia de los funcionarios gubernamentales que desoyeron las súplicas por protección de la joven.
Más allá de ese lamentable caso, lo que los entrerrianos pedían era que el gobierno diera respuestas, por los exorbitantes sueldos, los viáticos, gastos reservados y demás beneficios de los altos funcionarios que, cuando son llamados a actuar, demuestran su total incapacidad para tomar decisiones.
El coronavirus, en Entre Ríos, no hace más que evidenciar la inoperancia y agravar una crisis económica que es causada, principalmente, por el despilfarro del Estado, que pretende hacer pagar la fiesta a los contribuyentes con impuestazos y sin contemplaciones en medio de la pandemia.
El lanzamiento de una encuesta en plena pandemia, no hace más que dejar en claro que las prioridades de las autoridades provinciales están gravemente trastocadas.
Hoy la urgencia es la salud y la economía, pero un gobierno provincial que estaba hundido mucho antes de que se declarara la pandemia, pretende sacar rédito político de una situación en la que los entrerrianos viven con miedo de no contagiarse y de que, encima, no les corten la luz y el gas, o que no les cobren multas por no cumplir con los impuestos.
Cuando el gobierno provincial salga a decir que la imagen positiva mejoró notablemente, solo se tratará de una nueva maniobra engañosa y poco creíble, y que los entrerrianos, desde antes de saber que existía algo llamado coronavirus, están hartos de que las autoridades vacíen al Estado y empobrezcan a los vecinos, a los productores, a los comerciantes, mientras los funcionarios viven como reyes.
3 comentarios
Estoy esperando ansioso q me llamen para echarlos a la remismisima mierdaa
Hay que contestarla cin la realidad : DESASTROSA
Sin testear a los asintomatos no tenemos los verdaderis datos