Aseguran que el gobierno provincial les provee guantes de nylon y barbijos caseros de friselina, que no están homologados y ponen en riesgo su salud y la de sus familias, poniendo en duda las supuestas inversiones que se hacen con ese fondo para proteger a los trabajadores públicos.
Trabajadores del Poder Judicial de Entre Ríos se comunicaron con este Portal para hacer llegar su preocupación acerca de la precariedad de los elementos que les proveyó el gobierno provincial para prevenir el contagio de Coronavirus.
Según señalaron, y como se puede apreciar en las fotos que enviaron a este medio, se les dieron barbijos de tipo “caseros”, confeccionados con friselina, y guantes de nylon, como los que se utilizan para realizar tinturas de entrecasa.
Es por ello que se mostraron preocupados, dado que al reactivarse la atención al público en tribunales para ciertos trámites, están en contacto con la gente y expuestos al virus debido a la precariedad de los materiales de prevención.
En ese sentido, destacaron que desde el Poder Judicial se donaron más de 24 millones de pesos al Fondo Solidario constituido por la provincia para atender cuestiones relativas al coronavirus tanto en lo económico como en lo sanitario.
Según informaron en su momento desde la Justicia, con la donación del 50% de los salarios de 431 funcionarios judiciales, entre magistrados y empleados, hasta el 8 de abril se habían reunido más de 17 millones de pesos y agregaron que también hubo empleados eximidos que aportaron más de un millón de pesos de sus propios salarios.
El ministerio Público Fiscal y de la Defensa de Entre Ríos, actuó de manera similar e informó que en conjunto recaudaron 7.069.093,40 pesos.
Sin embargo, hoy se preguntan a dónde fueron a parar esos fondos y qué se compró con ellos, ya que a los trabajadores de la Justicia les otorgaron materiales de prevención lejos de ser los ideales para evitar el contagio.
Lo mismo ocurre con los elementos otorgados al personal de salud. Según denunció un chofer de ambulancia del 107 en un video que se hizo viral, para el traslado de posibles casos de coronavirus, se les otorgaron camisolines que no están homologados y que se rompen apenas intentan ponérselos.
A raíz de ello, no solo cabe preguntarse qué ocurrió con el fondo solidario, sino también con los presupuestos de la provincia destinados a salud.
Es sabido que, mucho antes de que se declarara la pandemia del coronavirus, el sistema sanitario provincial hacía aguas. El comentario de los médicos, enfermeros y demás personal de salud era la falta de insumos, de personal, la precarización laboral, la infraestructura arruinada y escasa, entre otros reclamos.
Hoy, la capital provincial, entre sanatorios privados y hospitales públicos, apenas tiene 60 respiradores disponibles, elemento fundamental para tratar a pacientes que presenten casos graves de COVID19 y para salvar sus vidas.
Hasta el momento, los números de contagios en la provincia y en la mayoría de los distritos del país están controlados, pero si llegaran a dispararse los casos y en Paraná hubiera al mismo tiempo más de 60 personas enfermas gravemente, habría quienes no tendrían la posibilidad de recibir el tratamiento correspondiente por falta de insumos.
También señala el personal de salud que incluso los recursos humanos son escasos, y que hoy no hay la cantidad necesarias de agentes especializados en terapia intensiva, que son los expertos en el manejo de los respiradores.
Sin terapistas trabajando, médicos clínicos y con otras especialidades deben manera instrumentos que requieren una formación específica. Lo peor es que en la provincia existen profesionales capacitados para desarrollar esta función, pero afirman que la provincia tiene a muy poco personal trabajando para evitar aumentar los costos.
De este modo, ocurre que aun en condiciones “normales”, el personal de salud disponible debe hacer grandes esfuerzos para trabajar en condiciones que no son las ideales, algo que se agrave exponencialmente en un contexto de crisis sanitaria a nivel mundial.
Este miércoles, el ministro de Defensa de la nación, Agustín Rossi, visitó el Hospital Militar de Paraná y explicó que estará disponible para tratar posibles casos de coronavirus, con lo que se agregan siete camas de terapia intensiva a las que ya tiene la provincia.
A pesar de eso, se aclara que la cantidad de camas que existen en la actualidad está muy por debajo de lo que podría llegar a precisarse en caso de que se diera un pico de contagios en Entre Ríos.
Hoy la provincia enarbola un estudio privado que señala a Entre Ríos como uno de los distritos mejor posicionados y con menos contagios para salir de la cuarentena, pero la información difundida choca fuertemente con las palabras del presidente Alberto Fernández, que ubicó a la provincia como una de las de mayor riesgo.
Más allá de eso, sería importante que el gobierno provincial aclare qué ocurre con los supuestos insumos que se compran y con lo recaudado por el fondo solidario, ya que el personal sanitario y los trabajadores públicos que deben cumplir con sus labores a pesar de la cuarentena denuncian que los materiales de prevención provistos por el Estado provincial son sumamente precarios.
Estos trabajadores denuncian que se sienten indefensos, desprovistos y expuestos a una enfermedad sumamente viral, y afirman que el gobierno provincial los deja totalmente desprotegidos.
Tras más de cuatro meses sin sesionar, hoy los diputados entrerrianos tuvieron por primera vez una reunión, que se llevó delante de manera virtual para no exponer a ningún legislador ni trabajador de la Cámara, al contagio.
Sin embargo, mientras los diputados provinciales gozan del privilegio de poder sesionar desde sus casas, hay otros trabajadores que necesariamente deben concurrir a su lugar de trabajo para cumplir con su labor.
Eso implica la exposición al contagio durante el traslado, en la oficina, en el contacto con el público y con el resto del personal, y una infinidad de posibilidades de contraer este virus invisible.
A pesar de eso, el gobierno provincial les provee elementos de protección que dejan mucho que desear, como barbijos caseros hechos de friselina y guantes de tintura en el caso de los trabajadores judiciales, y camisolines no homologados y muy poco resistentes al personal de salud.
Si realmente quieren prevenir el contagio, estos trabajadores deben adquirir sus propios insumos, que no son para nada baratos, con sus modestos salarios del Estado, mientras quienes se llevan la mayor parte gozan del beneficio del trabajo domiciliario, si es que trabajan.
En los discursos y en los partes oficiales que la provincia brinda cada mediodía se habla con grandilocuencia de acciones, recursos e inversiones para prevenir el contagio y la circulación de COVID 19 entre los entrerrianos.
De todos modos, las denuncias constantes de los trabajadores públicos muestran que el gobierno provincial trata con total liviandad y desaprensión al coronavirus, dejando totalmente desprovisto y expuesto al personal provincial.
El gobernador, los ministros, los legisladores, y las demás autoridades de la provincia gozan, por los cargos que ostentan, de las máximas medidas de prevención, mientras que los trabajadores que están más expuestos deben sacar plata de sus modestos bolsillos para no contagiarse, a la par que intentan, en el caso de los médicos y el personal de salud, cuidar al resto de la ciudadanía.
1 comentario
Y que podemos esperar de estos burros mas q una patada